La crisis del PS y la trampa de Quiroz
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No es seguro que haya existido un acuerdo entre dirigentes del Partido Socialista y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Lo que sí parece indiscutible es que hubo conversaciones. Y bastó esa posibilidad para abrir una de las crisis políticas más profundas que ha vivido el PS desde que José Antonio Kast llegó a La Moneda.
La senadora Daniella Cicardini puso palabras a un malestar que, probablemente, era más amplio que una diferencia entre dirigentes.
«A las bancadas del PS se nos dijo que no se estaba negociando nada. Era mentira. Nos tuvimos que enterar por Macaya y Paulina Núñez, por la prensa, de que se estaba negociando con Quiroz no ir al Tribunal Constitucional por la invariabilidad tributaria (…) ahora dicen que eran conversaciones hipotéticas. Por favor, las negociaciones hipotéticas no existen. Se negocia o no se negocia.»
No es una declaración cualquiera.
No cuestiona únicamente una conversación reservada. Cuestiona una forma de ejercer la conducción política. Si las bancadas se enteran por dirigentes del oficialismo de conversaciones sostenidas por sus propios representantes, el problema deja de ser comunicacional y pasa a ser político.
Pero la verdadera importancia de este episodio no reside en una eventual descoordinación interna.
Lo relevante es aquello que revela.
No era cualquier negociación
La invariabilidad tributaria por veinticinco años no constituye una indicación secundaria de la megarreforma.
Es su núcleo político.
El gobierno pretende garantizar a grandes inversionistas un régimen tributario estable durante un cuarto de siglo, reduciendo la capacidad de futuros gobiernos y futuros congresos para modificar esas condiciones.
No es simplemente una discusión sobre impuestos.
Es una discusión sobre la soberanía democrática.
Porque ninguna mayoría tiene derecho a impedir que las mayorías futuras ejerzan plenamente sus atribuciones constitucionales.
Por esa razón, distintos sectores de la oposición habían planteado recurrir al Tribunal Constitucional.
La pregunta, entonces, no es si existía espacio para conversar con el ministro Jorge Quiroz.
La pregunta es si resulta políticamente aceptable negociar precisamente el desistimiento de una acción destinada a proteger las facultades de los gobiernos que aún ni siquiera han sido elegidos.
El agotamiento de una cultura política
Durante más de treinta años el Partido Socialista perfeccionó una manera de hacer política.
Negociar.
Buscar acuerdos.
Administrar diferencias.
Construir reformas graduales.
Esa estrategia respondió a un momento histórico específico. La transición exigía reconstruir instituciones democráticas, reducir los enclaves autoritarios y ampliar derechos sin poner en riesgo una democracia todavía frágil.
Puede discutirse cuánto consiguió esa estrategia. Pero resulta difícil negar que correspondía a una determinada etapa de la historia chilena.
El problema aparece cuando esa misma lógica intenta aplicarse a un escenario completamente distinto.
El gobierno de José Antonio Kast no busca administrar el modelo heredado.
Busca consolidarlo.
Blindarlo.
Proyectarlo durante décadas.
La invariabilidad tributaria por veinticinco años es probablemente la mejor demostración de ello.
No se trata de una política económica coyuntural.
Es una norma concebida precisamente para limitar la capacidad de quienes gobiernen después.
Frente a un proyecto de esa naturaleza, las herramientas políticas de la transición comienzan a mostrar sus límites.
La estrategia de Quiroz
Jorge Quiroz ha demostrado una notable coherencia política durante toda la discusión de la megarreforma.
No ha intentado construir grandes acuerdos nacionales.
Ha preferido negociar por separado.
Conversar con distintos actores.
Aprovechar diferencias.
Fragmentar a la oposición.
La misma lógica permitió avanzar durante la tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados.
Si ahora consigue instalar dudas dentro del Partido Socialista respecto de la conveniencia de acudir al Tribunal Constitucional, habrá obtenido una victoria incluso antes de la votación definitiva.
No necesita convencer a toda la oposición.
Le basta con impedir que actúe unida.
El verdadero dilema socialista
Desde hace años una parte importante de la izquierda ha sostenido que el Partido Socialista terminó convirtiéndose en el principal administrador político del modelo económico heredado de la dictadura.
El propio PS rechazó siempre esa caracterización.
Argumentó que había impulsado profundas reformas sociales y que la política democrática exige negociar incluso con los adversarios.
Ese debate parecía pertenecer al pasado.
Hoy vuelve a instalarse con una fuerza inesperada.
No porque negociar sea ilegítimo.
La democracia vive de los acuerdos.
El problema surge cuando se negocian aspectos que afectan las bases mismas de la deliberación democrática futura.
Porque aceptar que una mayoría pueda inmovilizar durante veinticinco años la política tributaria del Estado significa aceptar que existan decisiones que las próximas generaciones no podrán revisar libremente.
Y esa es una cuestión que trasciende cualquier cálculo legislativo.
Más que una crisis interna
Sería un error reducir esta controversia a un conflicto entre Paulina Vodanovic y Daniella Cicardini.
Lo que está en juego es mucho más profundo.
El Partido Socialista enfrenta una decisión histórica.
Debe resolver si seguirá interpretando la política desde los códigos de la transición o si asumirá que enfrenta un proyecto de ultraderecha que no actúa bajo esa misma lógica.
Las nuevas derechas no han llegado al poder para administrar el Estado.
Han llegado para redefinirlo.
Donald Trump, Javier Milei, Viktor Orbán y otros liderazgos contemporáneos han mostrado una característica común: impulsan cambios estructurales destinados a perdurar más allá de sus propios gobiernos.
La megarreforma de Kast responde a esa misma racionalidad.
Pretender enfrentar ese proyecto únicamente mediante conversaciones reservadas puede terminar fortaleciendo aquello que se intenta contener.
Una advertencia para toda la oposición
Todavía no sabemos si la oposición recurrirá finalmente al Tribunal Constitucional.
Pero cualquiera sea el desenlace, el episodio deja una enseñanza.
La cultura política que permitió gobernar Chile durante la transición parece haber llegado a su límite.
No porque negociar haya dejado de ser necesario.
Sino porque existen momentos en que la defensa de la democracia exige establecer límites claros a aquello que puede negociarse.
La invariabilidad tributaria por veinticinco años parece ser uno de esos límites.
Si el Partido Socialista no logra comprender que el Chile político de 2026 ya no es el de 1996, esta crisis no será sólo un traspié táctico.
Será la demostración de que una parte de la izquierda continúa intentando responder a los desafíos del presente con las herramientas de un país que ya no existe.
Simón del Valle
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