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Brasil: el laboratorio de la violencia contra los Pataxó

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En Ginebra, lejos de las aldeas incendiadas y de los caminos vigilados por hombres armados, el Conselho Indigenista Missionário (CIMI) llevó ante la 61ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU una denuncia que expone, con crudeza, el deterioro acelerado de los derechos indígenas en Brasil. El caso del pueblo Pataxó, en el extremo sur de Bahía, se ha convertido en un símbolo de un fenómeno más amplio: la convergencia entre intereses económicos, milicias privadas y estructuras estatales que, en lugar de proteger a los pueblos originarios, contribuyen a su criminalización.

El CIMI presentó un cuadro inquietante. En las Tierras Indígenas Comexatibá y Barra Velha, la violencia se ha intensificado desde noviembre de 2025, cuando el gobierno federal anunció la firma de la portaria declaratória que reconoce los límites de la TI Comexatibá, un territorio de 28.077 hectáreas. Lo que debería haber sido un paso decisivo hacia la demarcación se transformó en un detonante: grupos milicianos, respaldados por hacendados y redes criminales locales, multiplicaron los ataques contra las comunidades Pataxó.

La ofensiva no se limita a la violencia física. Según el CIMI, se ha desplegado una estrategia de criminalización de liderazgos indígenas, con detenciones consideradas arbitrarias y procedimientos policiales que parecen responder más a presiones políticas que a criterios jurídicos. La postura del gobierno de Bahía —descrita como “indulgente” por la entidad— y la actuación de las policías estatales han alimentado un clima de impunidad que favorece a los invasores y debilita a las comunidades.

La relatora especial de la ONU para defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, reforzó la gravedad del escenario. En su intervención, alertó a la comunidad internacional sobre un patrón de racismo estructural y criminalización de la lucha indígena, con especial énfasis en el extremo sur de Bahía. Su advertencia no es retórica: en esta región, los Pataxó enfrentan un proceso de asfixia territorial que combina violencia armada, presiones judiciales y campañas de desinformación destinadas a deslegitimar su presencia ancestral.




La disputa por la tierra —vieja herida brasileña— adquiere aquí una dimensión estratégica. La región es codiciada por el agronegocio, la especulación inmobiliaria y proyectos turísticos que ven en la demarcación indígena un obstáculo para la expansión económica. La portaria declaratória de Comexatibá, en lugar de consolidar derechos, activó un contraataque coordinado de actores que operan en la frontera difusa entre lo legal y lo ilegal.

En este contexto, la violencia contra los Pataxó no es un accidente: es un método. Las milicias actúan como brazo armado de intereses privados, mientras sectores del aparato estatal —por acción u omisión— permiten que la ofensiva avance. La criminalización de líderes indígenas cumple una función política: desarticular la resistencia comunitaria y debilitar la legitimidad de la lucha por la tierra.

La denuncia del CIMI por parte de Paulo Lugon Arantes en la ONU busca romper el cerco de silencio que rodea estos hechos. Pero también plantea una pregunta más profunda sobre el modelo de país que Brasil está construyendo. ¿Qué significa “desarrollo” cuando se sostiene sobre la expulsión violenta de pueblos originarios? ¿Qué democracia es posible cuando quienes defienden derechos constitucionales son tratados como criminales?

Mientras el Estado brasileño oscila entre avances formales y retrocesos prácticos, los Pataxó continúan defendiendo su territorio con una mezcla de dignidad y vulnerabilidad. Su lucha, ahora expuesta ante la comunidad internacional, revela no solo la fragilidad de los derechos indígenas en Brasil, sino también la persistencia de un proyecto histórico de ocupación que, bajo nuevas formas, reproduce viejas lógicas coloniales.

La pregunta que emerge de Ginebra resuena más allá de los muros de la ONU: ¿cuánto tiempo más podrá Brasil ignorar que la violencia contra los pueblos indígenas es, en realidad, violencia contra sí mismo?



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Elena Rusca

Periodista, corresponsal en Ginebra

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