Sáhara Occidental: cuando el derecho internacional se desmorona
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La conferencia celebrada en Bruselas el 27 de marzo de 2026 —organizada por EUCOCO y el Frente Polisario— no fue un encuentro técnico más sobre el Sáhara Occidental. Fue, en realidad, un diagnóstico colectivo sobre el deterioro acelerado del derecho internacional y sobre la incapacidad del sistema multilateral para garantizar los principios que dice defender. Juristas, académicos, sindicalistas y representantes de organizaciones africanas y europeas coincidieron en un punto central: el caso saharaui se ha convertido en un espejo incómodo del colapso político de la ONU y de la deriva de la Unión Europea hacia una lógica abiertamente contraria a sus propias normas.
La advertencia fue clara: el Sáhara Occidental no es solo un conflicto congelado, sino un síntoma de un orden internacional que se vacía de contenido.
Un Consejo de Seguridad que abandona su propio mandato
Los expertos reunidos en Bruselas denunciaron lo que calificaron como una “deriva peligrosa” del Consejo de Seguridad. Desde 1988, 74 resoluciones han ido diluyendo progresivamente el núcleo del plan de paz: el referéndum de autodeterminación. La MINURSO, creada en 1991 para organizar esa consulta, se ha convertido en una misión sin mandato político real, atrapada en un limbo burocrático que beneficia al ocupante.
La resolución 2797, aprobada en octubre de 2025, fue descrita como un punto de inflexión. Redactada por Estados Unidos en un proceso opaco, consagra la propuesta marroquí de autonomía como “base realista” de negociación, ignorando el derecho internacional y el estatus jurídico del territorio como “no autónomo” pendiente de descolonización.
En Bruselas, varios juristas lo dijeron sin rodeos: el Consejo de Seguridad ha dejado de ser un mediador imparcial para convertirse en un actor que consolida la ocupación.
La Unión Europea: entre la complicidad jurídica y la irresponsabilidad humanitaria
Si la ONU aparece paralizada, la Unión Europea se presenta como un actor que viola activamente el derecho internacional. Pese a las sentencias reiteradas del Tribunal de Justicia de la UE —que establecen que el Sáhara Occidental es un territorio distinto y separado de Marruecos— Bruselas continúa firmando acuerdos comerciales que incluyen ilegalmente recursos saharauis.
Los expertos analizaron el concepto de “consentimiento implícito” utilizado por la jurisprudencia europea. Según el abogado Manuel Devers, este consentimiento solo sería válido si se reconociera explícitamente:
- La existencia del pueblo saharaui como sujeto de autodeterminación.
- La ausencia de cualquier obligación impuesta a ese pueblo, lo que implica no reconocer la soberanía marroquí.
Nada de esto ocurre en los acuerdos firmados en 2025. El resultado es contundente: la UE actúa como si el derecho internacional fuera negociable.
La conferencia detalló prácticas sistemáticas de violación jurídica:
- etiquetado fraudulento de productos saharauis como “marroquíes”,
- negociaciones aceleradas sin control parlamentario,
- ausencia total de beneficios para la población saharaui.
La contradicción es flagrante: Europa exige respeto al derecho internacional en Ucrania, pero lo ignora en el Sáhara Occidental.
El juez Ben Kioko recordó un hecho esencial: la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) es miembro pleno de la Unión Africana desde 1984. Esa admisión implica un reconocimiento irreversible según el derecho internacional. Marruecos, que abandonó la organización durante décadas por este motivo, no puede modificar ese estatus.
La Corte Africana de Derechos Humanos, en su sentencia de 2022, fue aún más lejos: la ocupación marroquí es incompatible con el derecho a la autodeterminación, y los Estados africanos tienen la obligación de no reconocerla.
Este marco jurídico africano contrasta con la ambigüedad —cuando no complicidad— de varios gobiernos europeos.
Tinduf: la “normalidad anormal” de una crisis humanitaria crónica
La conferencia también puso el foco en la situación de los refugiados saharauis en Tinduf. Entre 173.000 y 200.000 personas sobreviven con presupuestos humanitarios cada vez más reducidos. La UE ha recortado un tercio de su ayuda, pasando de 9 a 6 millones de euros.
Las cifras son devastadoras:
- 64 % de los refugiados sufre inseguridad alimentaria moderada o severa.
- Solo 1 de cada 10 niños recibe una alimentación mínima aceptable.
Los participantes denunciaron la “normalidad anormal” de estos campamentos: una población refugiada desde hace casi medio siglo, gestionando su propia supervivencia ante la indiferencia internacional.
Colonialidad del poder: cuando el derecho internacional se aplica según el color del mapa
Más allá de los aspectos jurídicos, la conferencia abordó una lectura estructural: la persistencia de la “colonialidad del poder”, concepto desarrollado por Aníbal Quijano. Según esta perspectiva, el Sáhara Occidental no es una excepción, sino parte de un patrón global donde los pueblos del Sur viven en un estado permanente de excepción jurídica.
Lo que en Europa se percibe como un “retroceso del orden internacional” es, para muchos pueblos colonizados o ocupados, la continuidad de un sistema donde el derecho internacional se aplica de manera selectiva.
Varios expertos coincidieron en una idea inquietante: el derecho internacional sigue siendo sólido, pero la política que debería sostenerlo se ha derrumbado.
El caso saharaui es paradigmático:
- un territorio pendiente de descolonización,
- un pueblo con derecho reconocido a la autodeterminación,
- una potencia ocupante sin soberanía,
- y una comunidad internacional que actúa como si nada de esto existiera.
Frente a esta parálisis, el Frente Polisario ha optado por una estrategia de “diplomacia emancipadora”: acudir a los tribunales europeos, movilizar a la sociedad civil, tejer alianzas con sindicatos y organizaciones africanas. Desde 2012, esta estrategia ha logrado avances jurídicos inéditos, con implicaciones que van más allá del Sáhara Occidental: Palestina, Kanaky, territorios indígenas.
El comunicado señala con claridad la responsabilidad histórica de España, potencia administradora de iure según la ONU. Su apoyo a la propuesta marroquí de autonomía —formalizado en la carta de Pedro Sánchez de 2022— fue calificado de “contradicción flagrante” y “traición” a sus obligaciones jurídicas.
España defiende el derecho internacional en otros escenarios, pero lo ignora en el único territorio cuya descolonización sigue siendo su responsabilidad directa.
Un llamado final: reconstruir el derecho internacional desde abajo
La conferencia de Bruselas concluyó con una constatación que va más allá del Sáhara Occidental: el sistema internacional atraviesa una crisis de legitimidad que no podrá resolverse únicamente mediante resoluciones, cumbres o declaraciones diplomáticas. La erosión del derecho internacional no es un accidente, sino el resultado de una arquitectura política incapaz de frenar a los Estados que lo vulneran y de instituciones multilaterales paralizadas por intereses geoestratégicos.
Frente a esta parálisis, los participantes plantearon un triple eje de acción que, más que un programa técnico, constituye una estrategia de reapropiación del derecho por parte de los pueblos.
En el plano judicial, insistieron en la necesidad de continuar los recursos ante los tribunales europeos. No como un gesto simbólico, sino como una forma de obligar a las instituciones a confrontar sus propias contradicciones. El litigio se convierte así en un espacio donde el derecho internacional sigue vivo, incluso cuando la política lo abandona.
En el plano diplomático, se reclamó que España —potencia administradora de iure del territorio— ejerza su derecho de intervención ante el Consejo de Seguridad. No se trata solo de un gesto jurídico, sino de un recordatorio de que la descolonización no es un proceso concluido y que los Estados no pueden eludir indefinidamente sus responsabilidades históricas.
En el plano ciudadano, se llamó a intensificar las campañas contra el expolio de recursos saharauis y a fortalecer las alianzas con sindicatos europeos, organizaciones campesinas y movimientos sociales. La defensa del derecho internacional deja de ser un asunto de cancillerías para convertirse en una práctica social que interpela a consumidores, trabajadores y comunidades afectadas por las cadenas globales de extracción.
El mensaje final fue inequívoco: si la política no sostiene el derecho internacional, serán los pueblos quienes deban reconstruirlo desde abajo. No como un acto de resistencia aislada, sino como un proceso de democratización profunda del orden internacional. En un mundo donde los Estados más poderosos moldean las normas a su conveniencia, la legitimidad ya no proviene de las instituciones, sino de la capacidad de las sociedades para defender principios universales allí donde los gobiernos los traicionan.
El Sáhara Occidental, en este sentido, deja de ser un “conflicto olvidado” para convertirse en un laboratorio de futuro: un lugar donde se juega no solo el destino de un pueblo, sino la posibilidad misma de que el derecho internacional siga existiendo como límite al poder y como herramienta de emancipación colectiva.
