La política económica del nuevo gobierno: ¿hacia un milagro o hacia una recesión?
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La economía creció un 2,5% en 2025, pero cerró a la baja al término del gobierno de Gabriel Boric. El Índice Mensual de Actividad Económica registró un mal comienzo de año, con un -0,3% para febrero de 2026 respecto al mes anterior, corregido de variaciones estacionales, luego de una caída previa de -0,1% en enero. A su vez, la variación de la ocupación fue de -0,1% en el trimestre móvil diciembre-febrero respecto al anterior, también en cifras ajustadas estacionalmente.
Un economista promedio y normal diría: parece necesario pensar en medidas reactivadoras. Pero estamos en Chile y en las circunstancias actuales.
El Banco Central mantiene tasas de interés de política monetaria -uno de los instrumentos clave de regulación de la coyuntura macroeconómica, como es analizado aquí– aún por encima del llamado nivel neutral (4% en su estimación central), que es aquel que no inhibe ni estimula la actividad. Mantuvo muy altas tasas de interés durante todo el gobierno de Gabriel Boric, más allá de que el grueso del brote inflacionario inicial de 2021 y 2022 fue de origen externo, como también lo fue su alivio posterior que llevó al IPC a niveles razonables, pero con un menor crecimiento. Ahora viene otro ciclo de presión externa sobre el nivel de precios que, entre otros efectos, disminuirá los ingresos reales de las familias, que son los que alimentan el grueso de la demanda que hace funcionar a la economía y el empleo en el corto y mediano plazo y permiten sostener y ampliar la inversión no orientada a los mercados internacionales.
El gobierno, por su parte, decidió en primer lugar producir un ajuste brusco en materia de traslado del sustancial aumento de los precios externos de los combustibles a los consumidores provocado por los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán. En vez de abordar el choque externo con gradualidad y prudencia, las nuevas autoridades activaron esa especie de impulso primario de la mayoría de los economistas convencionales en Chile. Desarmó el mecanismo de estabilización de los precios de los combustibles, que podría haber sido objeto de ajustes parciales a la espera del desenvolvimiento de la guerra de Irán y que hasta ahora ha tenido menos impacto en los precios del petróleo que la guerra de Ucrania, cuando si funcionó a plenitud el Mepco.
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El resultado es que el IPC pasó de cero en febrero a un 1% mensual en marzo, dado el impacto del aumento de 3,1% de los precios volátiles de la energía y también de 0,9% en los servicios que reajustan sus precios en marzo. Ahora se producirán efectos de segunda vuelta adicionales por el aumento del precio de los combustibles, que terminarán afectando a prácticamente toda la economía, ya sea mediante mayores precios al consumidor o menores márgenes de los productores, a pesar de los subsidios puntuales propuestos por el gobierno y ampliados en el parlamento.
En segundo lugar, el gobierno persiste en su plan de reducción del gasto público de más de un 1% del PIB en 2026, lo que tendrá un efecto recesivo que se agregará al ya evidenciado en los dos primeros meses del año. Entre tanto, las rebajas de impuestos sin compensación previstas en el programa del ministro de Hacienda, pomposamente llamado de “reconstrucción” como si hubiera habido un terremoto, han sido recalendarizadas, aunque aún no se conoce exactamente su temporalidad. Por tanto, el esquema inicial de financiar rebajas inmediatas a los impuestos a los más ricos morigerando el impacto del ajuste de gastos sobre el déficit fiscal, no tendrá efectos inmediatos, por lo que el empuje de la demanda propio del déficit fiscal de corto plazo será menor y aumentará los efectos recesivos.
Recordemos que los balances macroeconómicos no funcionan como los de un hogar individual y se asemejan más a los de las empresas: si se toma deuda hoy para producir más y tener más flujos futuros de ventas, entonces no solo se amortiza la deuda, sino que se hace en un nivel superior de producción e ingresos. Pero el enfoque declarado del gobierno es una frontal aversión casi religiosa en contra del gasto público, que bien orientado a la infraestructura pública y a las capacidades humanas es un factor de estímulo del crecimiento. Y lo es con más intensidad aún respecto a la eventualidad de incrementar los ingresos públicos mediante impuestos, que no son mencionados siquiera como hipótesis en sus análisis de las trayectorias posibles de consolidación fiscal.
Esto ocurre a pesar de la erosión de los ingresos tributarios, fruto de reformas sucesivas desde 2014, incluso en el contexto del aumento -modesto- de la regalía minera y de nuevos instrumentos de administración de la recaudación establecidos en el gobierno pasado. Recordemos que la oposición le rechazó sus propuestas de reforma tributaria, plenamente actuales en su pertinencia, dicho sea de paso. Mencionemos que si el gobierno de Gabriel Boric en algo falló en la materia fue en sus estimaciones de ingresos fiscales, antes que en gastos excesivos: más bien produjo un imprudente choque de gasto en 2022, inusitado en el mundo después de la pandemia, que provocó una caída del crecimiento. A ese error se sumó el de la mencionada sobreestimación de la recaudación, que explica la estrechez presupuestaria actual, tan abundantemente descrita por las nuevas autoridades.
En todo caso, el mentado bajo saldo de caja a diciembre de 2025 se debe a que los ingresos fiscales fueron bajos en la última parte del año y a que las autoridades de Hacienda decidieron emitir deuda en enero, por lo que a febrero había una caja de 3,6 mil millones de dólares y una autorización de endeudamiento a completar de 14 mil millones. Nada de esto impedía seguir financiando el Mepco ni se acerca a cualquier idea febril de quiebra del Estado.
La perspectiva hacia adelante no se ve muy promisoria, además del incierto panorama actual de la economía mundial. Recordemos que el ministro de Hacienda en ejercicio llegó a declarar meses atrás que su plan es realizar un ajuste a la baja de gasto total en cuatro años de 21 mil millones de dólares. Esto representa del orden de un 28% del gasto público y un 6% del PIB de 2025. Un choque fiscal persistente de esa índole encaminará al país a una recesión o bien, en el mejor de los casos, a un bajo crecimiento, muy alejado de la promesa de llegar a un 4% anual de aumento del PIB hacia fines del actual gobierno.
Se supone que las rebajas de impuestos a las utilidades de las grandes empresas y a los más ricos producirían un «choque de confianza» en los inversores. Pero esto no ha ocurrido nunca en ninguna parte, y menos en la magnitud requerida para contrarrestar los efectos recesivos del choque fiscal programado. Entre tanto, el 2% más rico recibirá un regalo tributario del orden de 1,5% del PIB, una suma sustancial que se sustraerá del gasto social y agravará la regresiva distribución del ingreso que persiste en Chile, originado en una distribución asimétrica del ingreso primario en las empresas y en un Estado de bienestar aún subdesarrollado.
Gonzalo Martner
