Defender el derecho a protestar: contra la criminalización de los estudiantes de la Universidad Austral
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La protesta de los estudiantes de la Universidad Austral de Chile no surge en el vacío ni puede ser reducida, como pretende el Gobierno, a un mero episodio de “violencia irracional”. Se trata de una reacción concreta frente a una política igualmente concreta: la suspensión de programas de formación académica avanzada, incluyendo becas de magíster y posdoctorado en el extranjero, medida adoptada por el Ministerio de Ciencia en el marco de un ajuste presupuestario . Es decir, lo que está en juego no es una abstracción ideológica sino el futuro material de cientos de estudiantes e investigadores, cuyos horizontes de formación han sido abruptamente cercenados. Frente a esta situación, el derecho a manifestarse no solo es legítimo: es una necesidad democrática elemental.
Sin embargo, el Gobierno encabezado por José Antonio Kast ha optado por una respuesta que se ha vuelto estructural en el régimen: la represión como única política frente al conflicto social. Lejos de abordar las causas de la movilización, se ha desplegado un aparato discursivo y judicial orientado a criminalizarla. La agresión denunciada por la ministra Ximena Lincolao —hecho que debe tratado como un problema político por la propia comunidad universitaria— ha sido instrumentalizada para justificar querellas, amenazas de sanciones penales y una campaña pública que exige expulsiones y castigos ejemplares contra los estudiantes . Más aún, la propia autoridad ha sostenido que existe una “normalización de la violencia” en las universidades, desplazando el foco desde las decisiones gubernamentales hacia una supuesta patología del movimiento estudiantil .
Lo verdaderamente alarmante es que esta ofensiva no se limita al plano judicial. Desde el Gobierno se ha insinuado que los estudiantes deben perder beneficios académicos y que el cuerpo docente debe colaborar activamente en su persecución, configurando un escenario en el que la universidad deja de ser un espacio de pensamiento crítico para transformarse en un dispositivo disciplinario. Esta lógica no es nueva: forma parte de una estrategia más amplia que busca imponer, mediante el miedo, la desmovilización social. En este punto, la apelación a las características personales —étnicas o de género— de la ministra, utilizada para blindar políticamente su posición, opera como un burdo recurso ideológico destinado a clausurar el debate sobre el contenido de las demandas estudiantiles y a deslegitimar cualquier forma de protesta. Es la propia Ministra la que convoca a los académicos de la UACH a reprimir a los estudiantes, como relata La Tercera.
Lo más significativo, diríase escandaloso, es el consenso transversal que se ha construido en torno a esta política. Desde los sectores abiertamente reaccionarios como los Nacional Libertarios hasta corrientes que se reclaman progresistas como el Frente Amplio, se ha levantado un coro uniforme que exige cárcel y expulsión. Este alineamiento revela el carácter de clase del régimen político: cuando se trata de defender el orden, desaparecen las diferencias y emerge una unidad férrea contra quienes lo cuestionan. Así, los reclamos estudiantiles —rápidamente etiquetados como “ideológicos” o “violentistas”— son reducidos a una amenaza que debe ser neutralizada, no comprendida.
Pero el conflicto de la UACh no puede aislarse. Forma parte de una ofensiva más amplia contra el conjunto de la población trabajadora. El mismo Gobierno que recorta programas de formación es el que an anuncia pérdida de derechos sociales, cierre de programas de salud y vivienda transfiriendo el peso de la crisis económica sobre las mayorías, mediante alzas en el precio de los combustibles y políticas de ajuste que deterioran las condiciones de vida ya precarias de la mayoría trabajadora. En este contexto, la criminalización de los estudiantes aparece como un ensayo general: lo que hoy se aplica contra un centenar de jóvenes en Valdivia está dirigido, en última instancia, contra cualquier expresión de resistencia social.
Defender a los estudiantes de la Universidad Austral implica afirmar un principio político fundamental: el derecho de los oprimidos a organizarse, manifestarse y luchar por sus reivindicaciones. Así lo ha manifestado abiertamente la Federación de Estudiantes de la Universidad Austral (FEUACH) reivindicando el derecho de los estudiantes a defender sus derechos y conquistas.
Por el contrario, quienes vergonzosamente peroran contra «la violencia» promueven diariamente la represión policial en contra toda forma de protesta social. Se escandalizan por el desorden en la universidad valdiviana, legitimando la violencia que todos los días han de sufrir las mayorías a manos de Carabineros y fuerzas policiales que gasean, apalean y desalojan pobladores cotidianamente . En los medios de comunicación en los contextos más diversos se aplaude que policías maten gente a la que rápidamente se califica de asaltantes o por el «crimen» de saltarse un control policial.
Silenciar ese derecho, como hoy intentan el Gobierno, los medios oficiales y los partidos del régimen, equivale a consolidar un orden dictatorial basado en la coerción y el miedo. Frente a ello, la tarea es clara: romper el cerco de criminalización, reinstalar el contenido de las demandas y afirmar, sin ambigüedades, que no hay democracia posible allí donde protestar se convierte en delito. ¡¡Que vivan los estudiantes!! Toda nuestra solidaridad con los estudiantes valdivianos que ningún Ministro de Gobierno pise ninguna universidad mientras lo haga para atacar al estudiantado y a la educación superior.
Alejandro Valenzuela Torres
