Contraloría fija plazo y estrecha el cerco: La Moneda deberá explicar el “banquetazo” de Kast
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La polémica por el almuerzo realizado en el Palacio de La Moneda por el presidente José Antonio Kast escaló este lunes a un nuevo nivel. La Contraloría General de la República acogió la denuncia presentada por parlamentarios de oposición y otorgó un plazo de 10 días hábiles a Presidencia para responder si se utilizaron recursos públicos en la actividad.
El oficio no es un trámite menor. Representa la apertura formal de un proceso de fiscalización que obliga al Ejecutivo a entregar antecedentes concretos sobre un evento que, hasta ahora, ha estado marcado por la opacidad y las evasivas.
La denuncia fue impulsada por la senadora Daniella Cicardini y los diputados Daniel Manouchehri y Nelson Venegas, quienes cuestionaron el posible uso de recursos fiscales en una actividad de carácter privado: un almuerzo con excompañeros universitarios del mandatario.
Un requerimiento detallado
El nivel de detalle solicitado por la Contraloría deja en evidencia la gravedad del caso. Presidencia deberá informar:
- La naturaleza y objetivo de la actividad
- La lista de asistentes
- Las dependencias utilizadas dentro de La Moneda
- El personal público involucrado
- Los costos asociados
- La imputación presupuestaria
- La existencia de eventuales reembolsos
No se trata, por tanto, solo de aclarar quién pagó la comida. El foco está en determinar si el aparato estatal fue utilizado —directa o indirectamente— para sostener una reunión privada.
El almuerzo, realizado el viernes 10 de abril en dependencias presidenciales, incluyó un menú que dista de ser menor: tartar de tomates, vino tinto, puré rústico y plateada al jugo. Un detalle que, en otro contexto, sería anecdótico, pero que hoy adquiere relevancia ante la sospecha de financiamiento público.
“El banquetazo” y la crítica política
El diputado Manouchehri ha sido uno de los más duros en sus cuestionamientos, bautizando el episodio como “el banquetazo” y acusando al Gobierno de intentar ganar tiempo sin entregar respuestas claras.
Según el parlamentario, las declaraciones oficiales —marcadas por titubeos y falta de precisión— reflejan un intento de construir una justificación más que de transparentar los hechos. “Aquí no se trata de si el Presidente puede reunirse con sus amigos, sino de si puede hacerlo utilizando recursos públicos”, enfatizó.
En la misma línea, Venegas advirtió que la intervención de la Contraloría confirma la seriedad del asunto. A su juicio, el uso de un edificio público como La Moneda para actividades privadas podría constituir una vulneración a la ley, lo que justifica plenamente la fiscalización en curso.
El silencio que agrava la crisis
Hasta ahora, el Gobierno —a través de la vocera Mara Sedini— ha evitado responder de fondo. La insistencia en remitir cualquier explicación a “canales institucionales” no solo ha resultado insuficiente, sino que ha contribuido a aumentar las dudas.
La decisión de no transparentar de inmediato información básica —como el financiamiento del evento— ha dejado al Ejecutivo en una posición incómoda: ahora deberá responder bajo presión institucional y con plazos definidos.
Más que un almuerzo
El caso ha trascendido lo anecdótico para instalar una discusión de fondo sobre probidad, transparencia y uso de recursos públicos. No es irrelevante que esta controversia ocurra en un contexto donde el propio Gobierno ha apelado a la austeridad fiscal y a la responsabilidad en el gasto.
La imagen de un almuerzo privado en La Moneda, con participación de recursos estatales aún no aclarada, tensiona ese discurso y abre un flanco político difícil de contener.
Cuenta regresiva
Con el plazo de 10 días hábiles corriendo, Presidencia enfrenta una disyuntiva clara: entregar todos los antecedentes de manera completa y verificable, o profundizar una crisis que ya ha captado la atención de los organismos fiscalizadores y de la opinión pública.
La Contraloría ha dado el paso que el Gobierno evitó: exigir respuestas. Ahora, el margen para las evasivas se reduce. Y lo que está en juego ya no es solo un almuerzo, sino la credibilidad del Ejecutivo frente a los estándares mínimos de transparencia que exige la función pública.
