La rebaja que sí tiene nombre
Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 26 segundos
Hay algo particularmente irritante en los discursos que intentan pasar por técnicos cuando en realidad son profundamente políticos. No porque la política sea un problema —al contrario—, sino porque disfrazarla de neutralidad es una forma elegante de evitar rendir cuentas.
El anuncio de José Antonio Kast sobre su llamado plan de “Reconstrucción Nacional” entra de lleno en esa categoría.
Se nos dice que no es ideológico. Que es una batería de medidas pragmáticas para reactivar la economía, generar empleo y devolverle el dinamismo al país. Se nos invita, en otras palabras, a mirar los números sin hacer preguntas incómodas sobre quién gana y quién pierde.
Pero basta raspar un poco la superficie para que aparezca lo evidente.
La rebaja del impuesto corporativo del 27% al 23% no es una medida universal. No alcanza a “todas las empresas”, como se intenta instalar. No beneficia al almacén de la esquina ni a la pyme que sobrevive entre deudas, inflación y crédito caro. Está diseñada, con precisión quirúrgica, para el segmento más alto del tejido empresarial: ese 1% que concentra la mayor parte de las utilidades en Chile.
Llamarlo de otra forma es, simplemente, maquillaje.
Como bien han señalado voces críticas desde la oposición, aquí no hay confusión posible. “Esto no resiste análisis”, se ha dicho, y cuesta encontrar un argumento sólido para contradecirlo. Porque no se trata de una interpretación ideológica, sino de estructura tributaria: las pequeñas y medianas empresas operan bajo regímenes distintos, con cargas y beneficios que poco tienen que ver con la gran empresa.
Entonces, cuando se habla de “rebaja general”, lo que realmente se está haciendo es ampliar una medida específica hasta convertirla en una ilusión colectiva.
Una ilusión bastante conveniente.
Pero el problema no termina ahí. Porque toda rebaja tributaria tiene una contracara: la recaudación que el Estado deja de percibir. Y en este caso, las cifras no son menores ni discutibles como simple detalle técnico. Se ha estimado —incluso en cálculos preliminares— que el conjunto de medidas, incluyendo la integración tributaria, podría significar cerca de 4 mil millones de dólares menos en ingresos fiscales.
Cuatro mil millones.
No es una cifra abstracta. Es infraestructura que no se construye, políticas sociales que no se financian, servicios públicos que siguen funcionando al límite. Es, en términos simples, capacidad del Estado que se evapora en nombre de un supuesto dinamismo que, históricamente, ha demostrado ser bastante selectivo en sus beneficios.
Porque ese es el punto que el discurso evita enfrentar: la promesa de que bajar impuestos a los más grandes genera crecimiento que “chorrea” hacia el resto no es nueva. Se ha probado, repetido y defendido durante décadas. Y los resultados, en el mejor de los casos, han sido desiguales.
En el peor, regresivos.
Lo que sí es nuevo —o al menos más evidente— es la manera en que se intenta presentar esta política. Ya no se defiende abiertamente como una apuesta ideológica por un modelo de menor carga tributaria a los grandes contribuyentes. Ahora se la envuelve en un lenguaje de urgencia, reconstrucción y sentido común.
Como si cuestionarla fuera un capricho.
Como si el problema fuera la crítica, y no la medida.
Sin embargo, la discusión de fondo sigue intacta: ¿qué tipo de Estado se quiere construir y quién está dispuesto a financiarlo? Porque reducir impuestos a los sectores de mayores ingresos no es gratis. Siempre implica trasladar ese costo a otro lugar: ya sea a través de menor gasto, mayor endeudamiento o una carga proporcionalmente mayor sobre quienes tienen menos margen para absorberla.
No hay escapatoria matemática.
Y ahí es donde el discurso de Kast se vuelve menos convincente. No porque carezca de coherencia —la tiene, y mucha—, sino porque intenta presentarse como algo que no es. No es neutral. No es inevitable. No es simplemente técnico.
Es una decisión política clara.
Una que prioriza aliviar la carga de los que más tienen, bajo la promesa de que eso, eventualmente, beneficiará al resto. Una promesa que exige fe, paciencia y, sobre todo, bastante tolerancia a la evidencia acumulada en contra.
Quizás lo más honesto habría sido decirlo así desde el principio.
Pero entonces ya no sería un discurso de reconstrucción.
Sería, simplemente, una defensa de intereses.
Y eso —a diferencia de lo que se dijo anoche— sí tiene nombre.
Félix Montano
