Un abuso de la oligarquía económica
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Lo peor de los anuncios de Kast el 15 de abril es la invariabilidad tributaria por 25 años para la gran empresa, junto a bajar los impuestos a los más ricos por diversas vías.
¿Por qué no propone el gobierno de Kast la invariabilidad de todos los tributos? Porque es evidentemente absurdo, dado que la economía es dinámica y requiere de ajustes periódicos en la política económica y fiscal. Existen circunstancias sobrevivientes, las que varían con frecuencia en un país pequeño y abierto a la economía mundial como Chile. No tiene sentido dejar fijas tasas de tributos por 25 años, cualquiera sean éstos, lo que es también válido para la tributación de las utilidades de las empresas, que debe poder revisarse periódicamente como el resto de las variables fiscales. Un contraejemplo: habemos quienes somos partidarios de una tasa mínima de IVA para los alimentos y medicamentos. Pero no se nos pasaría por la cabeza impedir que una tasa así se revise por 25 años. Recordemos que las democracias nacieron históricamente para separar poderes y permitir el control periódico de ingresos y gastos a disposición del soberano.
Me cuento entre los que fueron críticos del aumento de la tasa de impuesto a las utilidades en la reforma de 2014. En 1990 era de 10% y debió aumentarse. Pero en 2014 pasó en el caso más general desde 20% a 27%: era preferible subir una carga tributaria total que era manifiestamente insuficiente para abordar las tareas públicas, empezando por la educación, aumentando la tasa marginal del impuesto a los altos patrimonios e ingresos en vez de sobrecargar a las empresas o a los consumidores.
Lo que tenía y tiene sentido es más bien aumentar el aporte proporcional de los ingresos provenientes de las rentas no ganadas y que no modifican las decisiones de inversión -regalías y ganancias de capital- así como de las utilidades retiradas por los dueños de las grandes empresas para su uso personal. Por eso es recomendable bajar selectivamente hoy la tasa de primera categoría a las utilidades de la gran empresa -recordemos que las pequeñas y medianas tienen un sistema distinto de baja tributación- y avanzar a la desintegración de la tributación a las utilidades de las empresas y a los ingresos de las personas. Cada una tiene un objeto y una racionalidad que les son propias: la primera debe contribuir a financiar los bienes públicos que permiten funcionar a las empresas y generar sus utilidades y la segunda debe permitir una redistribución de los ingresos más altos a los más bajos. El proyecto de Kast quiere descontar la totalidad (y no el 65% actual) del pago de impuestos a las utilidades empresariales del pago de impuestos a los ingresos de las personas. De ese modo contribuirán tributariamente menos las personas con altos patrimonios e ingresos. Cabe hacer notar que en Chile en la última década se ha acentuando la concentración patrimonial en el 1% más rico, e incluso en el 0,1% más rico. Para no hablar de la idea del país quebrado: en vez de fortalecer las finanzas públicas, se debilitarán por el menor pago de impuestos de las personas de altos ingresos a razón de más de 1,5% del PIB. Recordemos que el plan de rebaja del gasto público está orientado a dar un espacio fiscal a este menor pago de impuestos de los más ricos, pero por una cifra inferior (4 mil millones de dólares), un 1,2% del PIB.
Discusiones tributarias de este tipo son legítimas y deben ser sancionadas por el parlamento, que se compone según las preferencias ciudadanas emanadas de elecciones periódicas. Lo que no tiene sentido es sustraer de la deliberación democrática la parte que afecta a los grandes empresarios, por mucho que ahora de nuevo hayan llegado directamente al gobierno a través de Kast y sientan que deben usar el poder político a su disposición sin otras consideraciones que su propio interés inmediato.
Kast quiere introducir el privilegio exorbitante de sustraer de la decisión democrática el aporte empresarial al financiamiento de los bienes públicos. Ocurre que no hay posibilidad alguna de generar utilidades privadas sin el uso de recursos naturales y espacios públicos que pertenecen a todos pero que requieren de la construcción y mantención de infraestructura, sin la educación y capacitación continua de la fuerza de trabajo, sin redes de salud pública que mantengan sanas en la medida de lo posible a las personas y sin seguridad para las familias y las actividades. Todos estos bienes públicos tienen un costo elevado. El tema en debate es si se deben fortalecer o no y sobre quién debe recaer su financiamiento.
Una parte de los bienes públicos se puede financiar con tarifas al usuario directo, pero las más de las veces se requiere del aporte de los impuestos generales. ¿Por qué el gran empresariado quedaría fuera de la evaluación periódica de su aporte al financiamiento de los bienes públicos que permiten su funcionamiento? ¿Para que el resto de la sociedad pague por ellos, aunque no reciba sino marginalmente sus beneficios? Es una vez más la equivocada teoría del chorreo, que es la teoría del privilegio de los intereses de los altos patrimonios para que supuestamente beneficien a través de la inversión privada al conjunto de la sociedad. Lo que en realidad ocurre es que en lo esencial se benefician a sí mismos y a sus entorno inmediatos.
Kast no está haciendo nada nuevo en Chile: quiere retomar la invariabilidad tributaria para la inversión extranjera que inventó la dictadura militar en los años 1970. Pero se propone extenderla sin rubor a toda la gran inversión y a un plazo de nada menos que 25 años, lo que es una pretensión directamente abusiva de los representantes de la oligarquía económica que hoy gobierna el país.
Gonzalo Martner
