Peter Thiel haciendo negocios con José Piñera: las alarmas que nadie debería ignorar, menos el periodismo
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Mientras Peter Thiel uno de los grandes amos de la Big Tech despliega su influencia en el Cono Sur, en Chile se ha desatado una batalla paralela por el control algorítmico de la información. Por el negocio de los datos. Es una etapa más del capitalismo del siglo XXI. Varios de los episodios más inquietantes ocurrieron aún bajo el gobierno de Gabriel Boric (FA-progresista) —lo que revela que la amenaza a la libertad de expresión y al periodismo libre no reconoce color político—, y hoy se proyectan sobre el nuevo escenario inaugurado por el gobierno del neoliberal y conservador José Antonio Kast desde el 11 de marzo de 2026. El ecosistema resultante —vigilancia de datos, criminalización del periodismo y opacidad legal— debería encender alarmas en toda la sociedad chilena, independientemente de quién gobierne.
Peter Thiel, Palantir y el arquitecto de las AFP
La visita de Peter Thiel a Santiago no pasó inadvertida. El cofundador y presidente del directorio de Palantir Technologies —la empresa de inteligencia de datos que trabaja para la CIA, la NSA, el FBI, ICE y ejércitos de todo el mundo, incluyendo el de Israel— se reunió con José Piñera Echenique, el economista que diseñó el sistema de AFP bajo la dictadura de Augusto Pinochet.
La imagen de ambos merece ser leída con atención. Piñera vendió las AFP a los trabajadores chilenos como el camino hacia pensiones dignas y seguridad en la vejez. Cuatro décadas después de la gran estafa, la realidad es brutal: miles de jubilados chilenos reciben pensiones por debajo de la línea de pobreza, mientras las administradoras de fondos acumularon ganancias históricas. El arquitecto del sistema nunca rindió cuentas por esa promesa incumplida. Que sea precisamente él quien reciba a Thiel —cuya empresa construye las herramientas de vigilancia masiva del siglo XXI— no es un detalle menor: es la continuidad de una misma lógica, la de vender como progreso aquello que en la práctica sirve para controlar.
Palantir no es una empresa tecnológica cualquiera. Su software Gotham —utilizado por agencias de inteligencia y fuerzas de seguridad en múltiples países— permite cruzar bases de datos masivas, georreferenciar personas, construir perfiles de comportamiento y anticipar movimientos. En Estados Unidos, ha sido el instrumento de los operativos de deportación masiva de ICE bajo la administración Trump. Amnistía Internacional le envió en 2025 una carta formal señalando que el uso de su plataforma ImmigrationOS «arriesga crear un aparato de vigilancia sin precedentes que permite el monitoreo masivo y la toma de decisiones automatizada que afecta los derechos humanos.»
En Chile, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) ya tiene registrada la marca Palantir Technologies Inc. La solicitud fue presentada en junio de 2022 y la autorización definitiva fue otorgada el 10 de abril de 2025. La marca está en Chile. La empresa está mirando a Chile.
A nivel público no hay información confirmada sobre contratos entre Palantir y las Fuerzas Armadas chilenas: en los listados oficiales de proveedores del Ejército, la Armada y la FACH no figura la compañía. Pero —y esto es crucial— el rubro de Palantir es precisamente la inteligencia, y en Chile la legislación vigente permite relaciones comerciales amparadas bajo la Ley de Inteligencia: es decir, secretas por ley. Nadie podría saberlo, aunque existieran.
Ley Mordaza 2.0: el ataque a las fuentes periodísticas
El Congreso chileno tramitó, durante el gobierno de Boric, un proyecto conocido como Ley Mordaza 2.0 (Boletín 17.484-07), presentado por un grupo de senadores que incluye a Pedro Araya (PPD), Luz Ebensperger (UDI), Paulina Núñez (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Alfonso de Urresti (PS).
El dato no es anecdótico: sus autores provienen tanto de la coalición de gobierno que entonces lideraba Boric como de la oposición. La amenaza a la libertad de prensa, en Chile, ha demostrado ser transversal.
La iniciativa busca endurecer las sanciones por la divulgación de información sobre investigaciones penales reservadas. En su redacción, establece penas de presidio menor en su grado medio a máximo para «el que de cualquier modo entregare, informare, difundiere o divulgare información de cualquier naturaleza acerca de antecedentes de una investigación amparada por el secreto».
El Colegio de Periodistas de Chile reaccionó con indignación. Su presidenta, Rocío Alorda, declaró ante la Comisión de Constitución del Senado que el proyecto representa «una ley mordaza en pleno siglo XXI» y «una amenaza directa a la libertad de prensa y al derecho de la ciudadanía a la información, situaciones que contrarían los estándares internacionales de derechos humanos».
La crítica central de los profesionales de la información es que el proyecto no distingue entre quien filtra y quien informa: «El proyecto no apunta al verdadero problema, que es la incapacidad del Estado —en particular del Ministerio Público y del Poder Judicial— de resguardar adecuadamente los datos bajo su custodia. En vez de fortalecer los controles internos, se pretende disparar contra los mensajeros», criticó Alorda.
El Colegio se declaró en alerta máxima: «No aceptaremos que se establezcan normas que sancionen la difusión de información de interés público ni se limite el rol fiscalizador de la prensa. Este proyecto, tal como está redactado, sienta las bases para una nueva forma de censura previa.»
Lo notable es que el proyecto surgió en 2025, impulsado por legisladores de partidos que en su momento se presentaron como defensores de la libertad de expresión. Que hoy continúe en tramitación bajo el gobierno de Kast, sin que el nuevo Ejecutivo haya dado señales claras de oposición, prolonga el riesgo.
El intento de interceptar teléfonos de once periodistas
La gravedad del momento no es teórica. Durante el gobierno de Boric —en agosto de 2025, con el caso haciéndose público en noviembre de ese año—, la fiscal Paulina Díaz Obilinovic, jefa de Alta Complejidad de la Fiscalía Occidente, solicitó al tribunal la interceptación de los registros telefónicos de once periodistas de medios como CIPER, La Tercera, La Bot, The Clinic y Reportea, en el marco del denominado «Caso Hermosilla».
La medida buscaba acceder a registros de llamadas, datos de georreferenciación y tráfico de datos móviles de los profesionales, con el propósito de identificar sus fuentes periodísticas. La solicitud incluía a periodistas como Francisca Skoknic (La Bot), Leslie Ayala (La Tercera), Gabriela Pizarro, Catalina Olate, Benjamín Miranda, Francisca Soto, Daniel Meza, Paulina Toro y Macarena Segovia (todas de CIPER), y Nicolás Cerpa y Nicolás Sepúlveda (The Clinic/Reportea).
El 4° Juzgado de Garantía y la Corte de Apelaciones de Santiago rechazaron categóricamente la solicitud, señalando que las y los periodistas «revisten calidad de terceros o testigos» y que no existía justificación legal para una medida tan intrusiva.
La paradoja es oscura: la solicitud fue formulada por una fiscal que actúa en nombre del Estado, en el marco de una causa iniciada por la querella de los propios imputados. El Estado persiguiendo a quienes informaron sobre el Estado.
El Colegio de Periodistas denunció el hecho como «un grave atentado a la libertad de prensa»: «Este intento de vigilancia representa un acto inaceptable de vulneración del secreto de las fuentes periodísticas, principio esencial del periodismo y del Estado de derecho.»
El gremio recordó que el secreto profesional está consagrado en la Ley N° 19.733, que establece con claridad que las y los periodistas no pueden ser obligados a revelar sus fuentes, ni siquiera por mandato judicial.
El proyecto de Ley de IA: las FF.AA. sin ningún control
En este marco de tensión, la tramitación del proyecto de ley que regula integralmente los sistemas de inteligencia artificial en Chile (Boletín 16821-19) ha generado un debate adicional. La iniciativa, presentada por mensaje presidencial del gobierno Boric en mayo de 2024 y actualmente en segundo trámite constitucional en el Senado bajo la nueva administración, establece un marco normativo para el desarrollo y uso de la IA en el país.
Un aspecto central del proyecto es la exclusión expresa de los sistemas de IA desarrollados y utilizados con fines de defensa nacional. Estos quedan fuera del alcance regulatorio de la ley.
Esta exclusión —justificada en principio por razones de seguridad nacional— abre una ventana de opacidad de consecuencias impredecibles. Si el Estado chileno, bajo cualquier gobierno, adquiriese sistemas de vigilancia como los de Palantir, estos podrían quedar amparados bajo el secreto de la defensa nacional, sustrayéndose al escrutinio público y al control ciudadano.
La combinación es inquietante: una ley de IA que no ve lo que el Estado hace en materia de seguridad, y una empresa como Palantir que ya tiene su marca registrada en el país y cuyo principal accionista visitó Chile para reunirse con el hombre que prometió a los trabajadores pensiones que nunca llegaron.
Una trama orwelliana con actores reales
La inscripción de Palantir en el INAPI, la visita de Thiel, la reunión con José Piñera, la tramitación de la Ley Mordaza 2.0 —impulsada de forma transversal por legisladores de distintos partidos—, el intento de interceptar teléfonos de periodistas durante el gobierno anterior, y la exclusión de la defensa nacional en la Ley de IA conforman un escenario que no requiere de conspiraciones para ser alarmante. Basta con leer bien la trama.
Se está configurando un escenario donde el control de los datos, la vigilancia masiva y la restricción a la libertad de prensa avanzan en paralelo, sin que ningún sector político haya demostrado voluntad firme de detenerlos. No es solo un problema del gobierno de Kast: es un problema estructural del sistema político chileno, que atravesó sin inmutarse el intento de interceptar once periodistas y que permitió que una ley que criminaliza la difusión de información avanzara en el Congreso con votos de la izquierda y la derecha.
Lo que sí corresponde exigirle al gobierno actual —y a cualquier gobierno— es transparencia absoluta sobre cualquier relación contractual con empresas como Palantir, rechazo explícito a la Ley Mordaza 2.0 en su redacción actual, y una señal inequívoca de que el secreto de las fuentes periodísticas es una línea que ninguna fiscalía volverá a cruzar.
El Colegio de Periodistas ha sido categórico: «Informar no es delito.» La defensa de ese principio, hoy más que nunca, no puede depender del color del gobierno de turno. La ignorancia crasa de los parlamentarios chilenos acerca de lo que está en juego es un fenómeno que también sorprende.
Leopoldo Lavín Mujica
