Rebajar impuestos a los ricos mientras se recorta el Estado: la obstinación ideológica de Kast
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Hay decisiones políticas que revelan una visión de país. Y luego está la obsesión tributaria del gobierno de José Antonio Kast: bajar impuestos a las grandes empresas y eliminar tributos a las ganancias bursátiles justo cuando el propio Estado advierte sobre deterioro fiscal, recortes presupuestarios y estrechez financiera.
La Comisión de Hacienda aprobó este jueves en la madrugada el corazón de la llamada “megarreforma”: reducir el impuesto corporativo desde 27% a 23% y eliminar el impuesto a las ganancias obtenidas en operaciones bursátiles. Traducido al castellano simple: menos impuestos para los grandes grupos económicos y para quienes ganan dinero especulando en el mercado financiero.
Todo esto mientras el gobierno repite diariamente que “no hay plata”.
No hay plata para salud.
No hay plata para educación.
No hay plata para ciencia.
No hay plata para programas sociales.
Pero sí hay miles de millones disponibles para aliviar la carga tributaria de las empresas más grandes del país.
Ese es el verdadero orden de prioridades de este gobierno.
La paradoja resulta todavía más brutal porque no son únicamente los partidos progresistas y de izquierda quienes están alertando sobre el impacto fiscal de esta política. El propio Consejo Fiscal Autónomo —un organismo técnico, conservador en materia presupuestaria y poco sospechoso de radicalismo— advirtió que la reforma podría provocar déficits persistentes durante años y aumentar la presión sobre la deuda pública chilena.
Pero el gobierno sigue adelante con una mezcla de fe ideológica y marketing económico. La vieja teoría del “chorreo”, reciclada para el Chile de 2026: si los grandes empresarios pagan menos impuestos, entonces invertirán más, crecerá la economía y la prosperidad llegará mágicamente al resto de la sociedad.
El problema es que esa receta lleva décadas mostrando resultados decepcionantes en distintas partes del mundo.
La evidencia internacional es, como mínimo, ambigua. Incluso economistas moderados han advertido que las rebajas tributarias corporativas no garantizan crecimiento significativo ni aumentos relevantes de inversión. Y en Chile el propio Ministerio de Hacienda reconoció anteriormente que el grueso de los beneficios termina concentrándose en el segmento más rico de la población. Según informes citados en el debate tributario, el 80% del costo fiscal de reducir un punto del impuesto corporativo beneficia al 1% de mayores ingresos.
Es decir: el Estado recauda menos para favorecer principalmente a quienes ya concentran riqueza.
La escena adquiere tintes todavía más grotescos cuando se observa el contexto completo. Mientras Kast impulsa rebajas tributarias para grandes empresas, su administración recorta gasto público, congela programas sociales y cuestiona incluso el financiamiento de investigaciones científicas universitarias por no generar empleos inmediatos.
El mensaje político es transparente: el gasto social es visto como un problema; los beneficios tributarios al gran capital, como una inversión patriótica.
Y ahí aparece la dimensión ideológica que el gobierno intenta esconder detrás de palabras como “reconstrucción”, “reactivación” o “modernización”. Porque esta no es simplemente una discusión técnica sobre impuestos. Es una disputa sobre quién financia el país y quién recibe protección estatal.
En Chile, donde la desigualdad sigue siendo una de las más altas de la OCDE, la decisión de reducir impuestos a grandes empresas mientras se ajusta el gasto público tiene una carga simbólica enorme. Más aún cuando millones de personas enfrentan endeudamiento, inflación acumulada, precarización laboral y servicios públicos debilitados.
La derecha económica insiste en presentar cualquier crítica a esta rebaja tributaria como una muestra de “hostilidad hacia la inversión”. Pero el debate real no es ese. El debate es por qué el costo de la austeridad siempre termina recayendo sobre la mayoría mientras los beneficios fiscales se concentran arriba.
Porque el discurso del sacrificio parece tener destinatarios selectivos.
Al ciudadano común se le pide paciencia, esfuerzo y austeridad.
Al Estado se le exige recortar.
A las universidades se les cuestiona.
A los servicios públicos se les ajusta.
Pero a los grandes grupos económicos se les ofrece alivio tributario, invariabilidad fiscal y eliminación de impuestos bursátiles.
No es casualidad. Es un modelo.
Y quizás lo más inquietante es la obstinación del gobierno. Las advertencias técnicas existen. Economistas de distintos sectores han planteado dudas. Incluso sectores de centroderecha han pedido gradualidad o compensaciones fiscales. Pero La Moneda sigue empujando el proyecto con urgencia política y velocidad legislativa, como si necesitara consolidar rápidamente una transformación estructural antes de que sus costos se hagan demasiado visibles.
Porque los efectos de estas políticas no suelen sentirse de inmediato. Primero llegan los aplausos del mercado. Después aparecen los déficits, el deterioro fiscal, la presión por nuevos recortes y el debilitamiento de la capacidad estatal.
Entonces comienza otra vez el mismo ciclo: decir que “no hay plata”.
Pero esta vez sí sabremos dónde quedó.
Félix Montano
Las opiniones vertidas en esta sección son responsabilidad del autor y no representan necesariamente el pensamiento del diario El Clarín
