Ideología y objetividad de la CPC
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Declara Susana Jiménez, ex ministra de Piñera y actualmente presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), el gremio de los grandes empresarios:
sí, hay una mirada ideológica cuando tú quieres hacer crecer y crecer el Estado a costa de las personas. Porque insisto, el Estado obtiene recursos imponiéndole un retiro de recursos a través de los impuestos al sector privado y eso obviamente disminuye la cantidad de recursos que tiene la economía para reinvertirse.
Primero, todas las miradas sobre la economía son inevitablemente “ideológicas”, es decir contienen algún punto de vista o visión de la sociedad, lo que no tiene nada de extraño ni de condenable, salvo cuando se quiere hacer pasar como algo “neutral” o “técnico” la defensa de intereses. En cambio, se debe asumir sin dramas que la imparcialidad no existe, aunque si se debe buscar el máximo de objetividad posible en la descripción y análisis de las realidades, sin tratar de hacer pasar opiniones, intereses y juicios de valor -antes que de hecho- como verdades irrebatibles, provenientes de quien sabe qué autoridad intelectual o moral. Es exigible a personeros públicos -o recomendable, en todo caso, para la buena convivencia- un mínimo de ecuanimidad en la interpretación de las realidades, sin perjuicio de la opinión que a cada cual libremente le parezca pertinente emitir. Para eso está la democracia, que la CPC nunca defendió, dicho sea de paso.
Segundo, carece en efecto de objetividad señalar que “el Estado crece a costa de las personas”. Si el Estado aumenta en un momento dado sus recursos, puede otorgar más servicios a las personas…y a las empresas, o bien destinarlos a pagar deudas o a constituir reservas, lo que en todo caso es parte del interés común.
El hecho es que el Estado provee bienes públicos que no pueden o deben ser puestos a disposición de la población por privados, como las regulaciones de protección, la defensa nacional, la seguridad pública, la administración de justicia, la infraestructura, el ordenamiento del territorio, y también la seguridad social que cubre riesgos ante la enfermedad, el desempleo y la vejez y la creación y difusión de conocimiento. El Estado también provee bienes a los que no puede acceder una parte de la población en condiciones de mercado, como la atención de salud, la educación y capacitación, la vivienda o en su caso condiciones básicas de subsistencia. La inversión de la sociedad en estos bienes es, a su vez, indispensable para la cohesión de la vida colectiva y también para una mayor actividad económica, incluyendo la de las grandes empresas.
Al crecer razonablemente el Estado crece esta inversión, salvo situaciones de corrupción y/o despilfarro cuando el Estado no suministra sus servicios al costo debido (lo que también le ocurre a las empresas privadas en diversas circunstancias, dicho sea de paso). Este es un tema crucial, pero distinto, que debe ser tratado con consistencia y en su mérito.
En la Unión Europea, el porcentaje promedio del gasto público alcanza un 49% de la producción, con máximos de 57% en Francia y 56% en Finlandia, mientras en Japón suma un 40% y en Estados Unidos un 39%, según la OCDE. En contraste, el promedio de ese gasto es del orden de 25% del PIB en América Latina, con un 23,5% en Chile, mientras se registran niveles que llegan a mínimos en los países de más bajos ingresos por habitante, como Guatemala con 14% y Haití con 17% de gasto público sobre PIB. La pregunta a la CPC es: ¿hacia allá queremos orientarnos, hacia un país con bienes públicos bajo mínimos?
Muchas de las naciones de más altos ingresos promedio tenían un gasto público en proporción a la economía mucho mayor al existente hoy en Chile cuando disponían de un PIB por habitante equivalente al de nuestro país hoy. Esa es una de las razones por las que alcanzaron una mayor prosperidad, al contribuir ese gasto a lograr aumentos sistemáticos de la productividad y del bienestar colectivo. Estos no vienen de la nada sino del mejoramiento de las capacidades humanas, incluyendo el aporte de la inmigración, y de la innovación tecnológica y su difusión en el tejido productivo.
La pregunta crucial es: ¿en qué tipo de sociedad queremos vivir? ¿en una de tipo oligárquico, frágil y desigual o en una con democracia política y social que permita una prosperidad compartida y grados básicos de igualdad de oportunidades? En los Estados en forma, en todo caso, los servicios públicos deben ser sufragados por impuestos justos, por tarifas adecuadas o bien mediante endeudamientos razonables que aumenten la inversión.
Carece también de objetividad afirmar que un “retiro de recursos a través de los impuestos al sector privado…obviamente disminuye la cantidad de recursos que tiene la economía para reinvertirse”. En cualquier curso de macroeconomía se enseña que la situación puede ser exactamente la inversa: los excedentes no reinvertidos por privados -o extraídos como rentas ilegítimas en el caso de los monopolios y del acceso a bajo valor a recursos naturales que pertenecen a todos- pueden ser recanalizados a través del sistema de impuestos, gastos y transferencias públicas precisamente… hacia inversiones productivas de interés común. Es lo que se decide todos los años, por lo demás, en leyes como la de presupuesto.
Tal vez la CPC debiera, si este tipo de consideraciones le hacen algún sentido, procurar no tergiversar en el debate público las relaciones de causa a efecto existentes en la economía, que suelen ser más complejas que lo que admiten simples consignas, y contribuir así a una más sana y veraz deliberación democrática en beneficio de la ciudadanía.
Gonzalo Martner
Serafín Rodríguez says:
Todo lo económico, político y social es ideológico, incluso las presunciones de objetividad sobre ello.