ANEF y funcionarios del SII alertan sobre impacto social de la reforma económica de Kast: “Solo beneficia al 1% más rico”
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Dirigentes de trabajadores públicos en La Araucanía manifestaron su preocupación por el rumbo económico del gobierno de José Antonio Kast y por los efectos de la llamada “Megarreforma” impulsada por el Ejecutivo, iniciativa aprobada este miércoles en el Congreso Nacional y que ha generado creciente rechazo entre organizaciones sindicales del sector público.
La presidenta regional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Sandra Marín Cheuquelaf, sostuvo en Temuco que las movilizaciones desarrolladas por trabajadores estatales responden al impacto que tendrá la reforma tributaria promovida por el gobierno.
Según afirmó la dirigenta, la iniciativa “solo beneficiará al 1% más rico del país” y terminará debilitando las capacidades del Estado para responder a las necesidades sociales en los territorios más vulnerables.
Marín Cheuquelaf explicó que las protestas corresponden a un proceso de movilización ascendente impulsado por sindicatos y dirigentes de distintos servicios públicos frente a lo que consideran pérdida de derechos sociales, reducción de fuentes laborales y deterioro de la atención estatal a la ciudadanía.
La presidenta regional de ANEF criticó particularmente la disminución de recursos para servicios públicos vinculados a educación, salud y programas sociales, señalando que el debilitamiento del Estado terminará afectando directamente a sectores vulnerables de la población.
“Esto repercute en la disminución del Estado, a través de servicios orientados a personas que son vulneradas día a día”, afirmó.
La dirigenta agregó que las organizaciones sindicales se han visto obligadas a “alertar a la ciudadanía” respecto de las consecuencias de las medidas económicas impulsadas por el Ejecutivo.
En esa línea, llamó a fortalecer la unidad entre trabajadores y organizaciones sociales para enfrentar lo que definió como un escenario de retroceso de derechos laborales y sociales bajo la actual administración.
“Hay que actuar de forma unida y con preparación en pos de los trabajadores en general”, señaló.
Marín Cheuquelaf también abordó la situación de Joan Milanca, funcionario de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) desvinculado recientemente de sus funciones. Según explicó, Milanca contaba con más de 18 años de trayectoria y habría enfrentado represalias luego de presentar denuncias internas relacionadas con el funcionamiento del servicio.
La dirigenta sostuvo que el funcionario incluso recurrió a Contraloría tras recibir amenazas de demérito por parte de sus superiores, pese a que los trabajadores públicos tienen la obligación de denunciar situaciones que puedan afectar la función pública.
Según relató, Milanca recibió la notificación de su desvinculación mientras atravesaba una intervención médica destinada a tratar problemas de salud.
Las críticas al proyecto del gobierno también fueron compartidas por la Asociación de Fiscalizadores de Impuestos Internos de Chile (AFIICH).
Su presidente regional en La Araucanía, José Quezada, señaló que la rebaja del impuesto de primera categoría beneficiará principalmente a grandes empresas y sectores de mayores ingresos, debilitando al mismo tiempo la recaudación fiscal.
Quezada cuestionó además las modificaciones al sistema de contribuciones, afirmando que las comunas con mayores ingresos patrimoniales serían las principales favorecidas.
El dirigente confirmó además que el Servicio de Impuestos Internos ha sufrido una reducción presupuestaria cercana al 4%, situación que —según afirmó— ya comienza a afectar el funcionamiento cotidiano del organismo y la capacidad operativa de los trabajadores.
“Nos hemos visto afectados en lo económico con las rebajas de financiamiento”, indicó.
Tanto ANEF como AFIICH adelantaron que evaluarán nuevas movilizaciones en rechazo a la agenda económica del gobierno.
Las declaraciones de los dirigentes se producen en medio de una creciente tensión entre el Ejecutivo y organizaciones sindicales del sector público, que durante los últimos días han realizado manifestaciones en distintas regiones del país contra la “Megarreforma” impulsada por La Moneda.
Mientras el gobierno sostiene que el proyecto permitirá impulsar el crecimiento económico y atraer inversión, trabajadores estatales y sectores de oposición advierten que la reducción de ingresos fiscales terminará afectando servicios públicos esenciales y profundizando las desigualdades sociales.
