Estados Unidos acusa a Raúl Castro y Cuba denuncia maniobra para justificar una agresión militar
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La Habana respondió con dureza a la imputación presentada por Washington contra el ex líder cubano por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996. El gobierno cubano acusa una operación política y advierte sobre una escalada de confrontación impulsada desde sectores de la ultraderecha estadounidense y la mafia anticubana de Miami.
El gobierno de Cuba reaccionó con firmeza a la decisión de Estados Unidos de imputar al ex presidente Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de la organización anticastrista Hermanos al Rescate ocurrido en febrero de 1996. La acusación, anunciada por el fiscal general interino estadounidense Todd Blanche, provocó una inmediata respuesta de La Habana, que calificó la acción como una operación política destinada a escalar la confrontación bilateral.
El presidente cubano Miguel Díaz-Canel aseguró que la acusación carece de “bases jurídicas” y busca justificar una eventual “agresión militar” contra la isla. Según afirmó, la ofensiva judicial “evidencia la soberbia y la frustración” del gobierno estadounidense frente a “la inquebrantable firmeza de la revolución”.
El caso revive uno de los episodios más tensos de las relaciones entre ambos países desde el fin de la Guerra Fría. El 26 de febrero de 1996, aviones MiG cubanos derribaron dos aeronaves Cessna pertenecientes a Hermanos al Rescate, organización con base en Miami que realizaba vuelos sobre el estrecho de Florida. Cuba sostiene que las avionetas violaban reiteradamente su espacio aéreo y actuaban con fines provocadores y políticos.
En su respuesta, Díaz-Canel afirmó que Estados Unidos “miente y manipula” los hechos y sostuvo que Cuba actuó “en legítima defensa, dentro de sus aguas jurisdiccionales, tras sucesivas y peligrosas violaciones” del espacio aéreo cubano. Agregó que Washington había sido advertido en múltiples ocasiones sobre las actividades de Hermanos al Rescate y decidió ignorar las advertencias.
La embajada cubana en Washington reforzó la posición oficial difundiendo declaraciones históricas de Fidel Castro. En ellas, el líder de la revolución explicaba que había pedido al entonces presidente estadounidense Bill Clinton detener los sobrevuelos de Hermanos al Rescate antes del incidente.
Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano, el director de Derecho Internacional, Yusnier Romero, denunció que Washington viola el principio de igualdad soberana al atribuirse una supuesta jurisdicción universal para juzgar a ciudadanos de otros países. “Esto no es un tema legal”, afirmó durante el programa Mesa Redonda. “Toda la razón le asiste a la República de Cuba en su derecho soberano de defender a su población”.
Las autoridades cubanas también apuntaron directamente contra la organización Hermanos al Rescate, presentada por La Habana como un grupo ligado históricamente a sectores violentos de la extrema derecha cubanoestadounidense. El presidente de la agencia Prensa Latina, Jorge Legañoa, sostuvo que la agrupación realizó al menos 25 incursiones previas sobre territorio cubano y calificó sus operaciones como actos de provocación política.
Legañoa cuestionó además la doble vara de Washington al preguntarse qué haría Estados Unidos si aeronaves extranjeras sobrevolaran ciudades como Nueva York o Washington. “Lo derribaría”, respondió, argumentando que el gobierno estadounidense pretende negar a Cuba un derecho que considera legítimo para sí mismo.
En el análisis político realizado por las autoridades cubanas aparece con fuerza el temor a una nueva fase de hostilidad entre ambos países. El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, afirmó que estas acciones forman parte de “provocaciones” destinadas a generar pretextos para incrementar la presión sobre la isla. Según sostuvo, existe una estrategia sostenida de guerra económica y psicológica contra el pueblo cubano.
La ofensiva judicial ocurre además en un contexto de creciente endurecimiento de la política estadounidense hacia Cuba bajo la nueva administración republicana. Desde La Habana interpretan la acusación contra Raúl Castro no sólo como un gesto simbólico, sino también como una señal política hacia los sectores más radicales del exilio cubano en Florida, históricamente influyentes en la política exterior de Washington hacia la isla.
En Cuba, el anuncio ha sido leído también como un intento de reescribir la narrativa histórica del conflicto bilateral. Las autoridades cubanas insisten en que el episodio de 1996 no puede separarse del contexto de hostilidad permanente, bloqueo económico y operaciones encubiertas impulsadas desde Estados Unidos durante décadas.
La nueva escalada vuelve a tensionar una relación marcada por más de seis décadas de enfrentamiento político, sanciones económicas y crisis diplomáticas. Para La Habana, la imputación contra Raúl Castro representa mucho más que un caso judicial: es una señal de que los sectores más duros de Washington buscan reinstalar una lógica de confrontación abierta contra la revolución cubana.
Fuentes: Prensa Latina, Sputnik
