Apuestas online: diputado Jaime Araya acusa al SII de “legalizar por resolución” una actividad que la Corte Suprema considera ilícita
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Parlamentario acusa que el Servicio de Impuestos Internos estaría otorgando una legitimación de facto a plataformas de apuestas que actualmente no cuentan con autorización legal para operar en Chile. Solicitó un pronunciamiento de Contraloría y emplazó al Ministerio de Hacienda a explicar la medida.
Una nueva controversia se abrió en torno al negocio de las apuestas online luego de que el diputado Jaime Araya (IND-PPD) presentara un oficio al Ministerio de Hacienda y una solicitud de pronunciamiento ante la Contraloría General de la República por la reciente Resolución Exenta N°69 del Servicio de Impuestos Internos (SII).
La resolución, emitida el pasado 2 de junio, habilita un mecanismo para que empresas extranjeras sin domicilio ni residencia en Chile que prestan servicios de apuestas, juegos de azar, casinos y actividades similares a través de plataformas digitales puedan cumplir obligaciones tributarias en el país.
Para Araya, la medida plantea una contradicción jurídica de fondo: el Estado estaría creando un sistema para recaudar impuestos de una actividad que, según sostiene, sigue siendo ilegal en Chile.
“El Servicio de Impuestos Internos está legalizando, mediante una resolución, una actividad que es completamente ilegal. Nos preguntamos si esto es gobernar por decreto para saltarse al Congreso”, afirmó el parlamentario.
Según recordó, la legislación vigente sólo autoriza a la Polla Chilena de Beneficencia y a la Lotería de Concepción para explotar juegos de azar en línea, mientras que plataformas ampliamente conocidas como Betano, JuegaBet y otras similares no cuentan con autorización legal para desarrollar estas actividades en territorio nacional.
Acusación de regulación encubierta
Uno de los principales cuestionamientos formulados por Araya apunta a que la resolución del SII podría transformarse en una regulación de facto del mercado de apuestas online, mientras el Congreso aún discute un proyecto de ley destinado a normar el funcionamiento de estas plataformas.
“El Servicio está excediendo por lejos sus facultades. Hay resoluciones de la Corte Suprema que han señalado que esta actividad es ilegal e ilícita en nuestro país”, sostuvo.
El parlamentario recordó además que el máximo tribunal ha dictado fallos ordenando el bloqueo tecnológico de diversas plataformas de apuestas por considerar que operan fuera del marco legal chileno.
A juicio del diputado, la medida del SII genera una situación paradójica: mientras los tribunales cuestionan la legalidad de estas empresas, el Estado estaría habilitando mecanismos para recaudar tributos provenientes de sus operaciones.
“Es absurdo que se estén cobrando impuestos por una actividad ilícita”, afirmó.
Dudas sobre lavado de activos
Araya también manifestó preocupación respecto de la trazabilidad de los recursos que circulan a través de estas plataformas.
Según señaló, muchas de estas empresas se encuentran domiciliadas en el extranjero y existe incertidumbre respecto de sus estructuras societarias y fuentes de financiamiento.
“Podrían existir riesgos asociados al lavado de activos y a la falta de trazabilidad de los recursos transados”, advirtió.
La preocupación cobra especial relevancia en momentos en que distintas investigaciones judiciales han puesto el foco en el uso de plataformas digitales y estructuras financieras internacionales para el movimiento de recursos vinculados al crimen organizado.
Oficio a Hacienda y presentación ante Contraloría
En el documento enviado al Ministerio de Hacienda, Araya solicitó que el ministro Jorge Quiroz informe formalmente si conocía la resolución antes de su publicación y si existe respaldo político a la decisión adoptada por el Servicio de Impuestos Internos.
Asimismo, pidió aclarar si la cartera considera que la medida se ajusta a la legislación vigente y cuáles serán las acciones a seguir en caso de que se determine que el organismo excedió sus atribuciones.
Paralelamente, el parlamentario presentó los antecedentes ante la Contraloría General de la República para que determine si la Resolución Exenta N°69 se encuentra dentro del marco de facultades legales del SII.
“Podría existir una infracción a la Constitución y a la ley”, sostuvo Araya, quien además señaló que se encuentran evaluando eventuales responsabilidades administrativas derivadas de la dictación de la resolución.
La controversia se instala en medio de un debate que lleva años abierto en Chile: cómo regular una industria que mueve cientos de millones de dólares anuales, opera masivamente en internet y patrocina clubes deportivos, pero cuya situación jurídica continúa siendo objeto de disputa entre el Congreso, los tribunales y los organismos del Estado.
