Deudores del CAE: El Estado no mira las cuentas del crimen, pero sí las de los estudiantes
Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 31 segundos
La semana política dejó una imagen difícil de ignorar. Por un lado, la Fiscalía reveló una operación de lavado de activos vinculada al Tren de Aragua que habría permitido sacar de Chile cerca de 85 millones de dólares mediante cuentas bancarias, empresas de papel y redes financieras. Al mismo tiempo, el Senado volvió a entrabar iniciativas destinadas a facilitar el acceso a información bancaria para perseguir el dinero del crimen organizado.
Por otro lado, cientos de deudores del CAE comenzaron a denunciar que la Tesorería General de la República está reteniendo fondos de sus cuentas bancarias para cobrar deudas estudiantiles impagas. Parlamentarias del Frente Amplio (Emilia Schneider, Constanza Schonhaut y Gael Yeomans), afirman haber recibido numerosos testimonios de personas que quedaron sin recursos para enfrentar gastos básicos tras las acciones de cobranza.
La comparación resulta inevitable.
Cuando se trata de seguir la ruta de millones de dólares asociados al lavado de activos, aparecen los llamados a la prudencia, la privacidad financiera y las garantías individuales. Cuando se trata de cobrar deudas estudiantiles, el Estado parece actuar con mucha menos vacilación.
Nadie discute que las deudas deban ser reguladas ni que el Estado tenga facultades de cobro. Tampoco que los derechos fundamentales deban resguardarse frente a posibles abusos. Lo que genera controversia es la diferencia de intensidad.
¿Por qué el acceso a información bancaria se presenta como una amenaza cuando el objetivo es perseguir redes criminales, pero deja de ser un problema cuando afecta a profesionales jóvenes endeudados por estudiar?
La pregunta adquiere mayor fuerza porque la seguridad ha sido el principal eje político del gobierno y de la derecha durante los últimos años. El crimen organizado, el narcotráfico y la violencia han ocupado el centro de su discurso. Sin embargo, cuando la persecución se desplaza desde las poblaciones hacia los circuitos financieros, el entusiasmo parece disminuir.
El caso del Tren de Aragua recordó algo que los especialistas repiten desde hace años: las organizaciones criminales sobreviven no solo por las armas o la violencia, sino porque logran mover dinero dentro de la economía formal. Seguir esa ruta financiera es una de las herramientas más eficaces para combatirlas.
Por eso el debate sobre el secreto bancario ya no es una discusión técnica. Es una discusión sobre prioridades.
Y la imagen que queda instalada esta semana es incómoda para el gobierno: un Estado que encuentra dificultades para mirar las cuentas donde circulan millones vinculados al crimen organizado, pero que demuestra una notable capacidad para ingresar a las cuentas de quienes aún pagan el costo de haber estudiado con crédito.
Porque al final, la pregunta no es jurídica. Es política.
¿Quién merece la protección del Estado y quién recibe todo el peso de sus facultades?
Félix Montano
Las opiniones vertidas en esta sección son responsabilidad del autor y no representan necesariamente el pensamiento del diario El Clarín
