PPD-Quiroz: ¿Un acuerdo regresivo inexplicable o demasiado explicable?
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Los senadores del PPD acordaron con el gobierno de Kast reemplazar el esquema original incluido en el proyecto de ley llamado de “reconstrucción”, consistente en establecer 25 años de invariabilidad tributaria para las inversiones de más de US$ 50 millones, por una invariabilidad de 10 años para los proyectos de inversión de hasta US$ 100 millones; de 15 años para iniciativas de hasta US$ 350 millones; y un máximo de 20 años para las inversiones superiores a US$ 500 millones.
La fórmula es sorprendente: se presenta como un avance el no otorgar garantías de cambio futuro de ley tributaria a las inversiones más pequeñas (incluso ninguna a las de menos de US$ 50 millones) y en cambio otorgar enormes ventajas a las más grandes, lo que involucra básicamente a las mineras.
La bancada de senadores del PPD acordó no acudir al Tribunal Constitucional para cuestionar una legislación que en democracia no debe existir -y de hecho no existe en las democracias de los países institucionalizados- consistente en impedir cambios de ley por períodos prolongados. En estos días, en que se celebran los 250 años de la independencia norteamericana, no está demás recordar que se hizo bajo la reivindicación básica de modificar los tributos a través de la representación que la monarquía británica negaba a los habitantes de sus colonias.
El argumento de los senadores PPD consagra el giro ideológico neoliberal de muchos en ese partido : “Chile necesita volver a crecer. Sin inversión no hay nuevos empleos, no aumentan los salarios, no se generan recursos para financiar mejores pensiones, salud, educación o seguridad. Administrar la pobreza no puede ser el camino. Lo que necesitamos es crear las condiciones para que el país vuelva a desarrollarse, pero con reglas claras, responsabilidad y resguardando siempre el interés público”. Es una mera repetición del argumento de Quiroz. Agregan que “nuestro objetivo fue claro: atraer inversión para impulsar el crecimiento, pero evitando que ello significara entregar privilegios sin control o limitar las facultades del Estado”. Relevaron que “la estabilidad tributaria” para las empresas “no será gratis” porque que “las empresas que quieran acceder al régimen de invariabilidad tributaria deberán pagar una sobretasa adicional de 1,5% sobre el impuesto corporativo, lo que no estaba contemplado en el proyecto original”. Indican que se trata de “un mecanismo equilibrado”, a través del cual “el Estado entrega reglas estables para invertir y, a cambio, las empresas contribuyen con una mayor recaudación fiscal”.
Primero, cabe preguntarse si proteger de cambios tributarios futuros al gran capital acelerará alguna inversión. En el caso minero es evidente que no: lo determinante es el nivel prospectivo de precios contrastados con los costos. Dado que se prevé que los precios del cobre y litio se mantengan altos por décadas, las inversiones viables ya están programadas. Ahora, se les agrega un regalo a los dueños de las mineras transnacionales y a las chilenas, como la del grupo Luksic, ingresos que debieran usarse para la inversión pública sostenible que Chile necesita para su crecimiento y para el bienestar de su mayoría social, bajo el argumento sorprendente de que bajando impuestos se generarán recursos para financiar mejores pensiones, salud, educación o seguridad, lo que se ha demostrado en el mundo entero que es falso.
Segundo, una cosa es mantener reglas claras para invertir y otra cosa es hacerlas inmodificables por largos períodos, lo que el interés nacional evidentemente no recomienda. Y lo sorprendente es el sesgo de la legislación que se quiere introducir: se viola manifiestamente toda idea de igualdad ante la ley al mantenerse la posibilidad de modificar la tributación para las inversiones más pequeñas, pero imposibilitándola a medida que su tamaño es mayor. Esto es simplemente inaceptable. ¿Por qué no establecer, en ese caso, la invariabilidad tributaria para toda inversión, cualquiera sea su tamaño? Al parecer, ni siquiera Quiroz se atreve a establecer una injustificable rigidez semejante. Pero el esfuerzo por otorgárselo a la gran empresa si ha encontrado la ayuda de los senadores del PPD.
El que el PPD como partido sostenga que si apoyará acudir al Tribunal Constitucional revela que se trata de un acuerdo con unos pocos senadores. La captura del sistema político por el poder económico sigue avanzando en Chile. Cada cual tendrá que asumir su responsabilidad en la materia.
En Chile, estamos pasando de la lógica antidemocrática de quórum supra-mayoritarios en la formación de la ley promovidos por la dictadura en su constitución de 1980, que recién pudieron derribarse razonablemente en 2022, a las invariabilidades legales, las que también empezaron con la dictadura para atraer inversión extranjera en 1975 y siguieron siendo promovidas por la derecha y sus cómplices en las negociaciones sobre la regalía minera en este siglo.
Al parecer, estamos viviendo no solo crecientes desarreglos climáticos, geopolíticos, económicos y sociales en el mundo, con sus impactos en Chile, sino también desarreglos del carácter que van conduciendo cada vez más a un avance del desparpajo de los dueños del poder económico.
Gonzalo Martner
