¿Quién decide y quién ejecuta? Élites, coerción estatal y violencia política en la historia de Chile.
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Una aproximación sociológica a la utilización de las fuerzas armadas y policiales en la preservación del poder político y económico de la clase dominante.
La relación entre poder, dominación y coerción constituye uno de los problemas clásicos de la sociología histórica y la filosofía política. Desde la formación de los Estados modernos hasta los conflictos sociales contemporáneos, la utilización de la fuerza organizada ha desempeñado un papel central en la preservación de determinados ordenamientos políticos, económicos y culturales; en otras palabras, en la mantención y reproducción del statu quo. Sin embargo, más allá de las explicaciones centradas en las instituciones o en las élites dirigentes, persiste una interrogante fundamental: ¿quiénes toman las decisiones que conducen al uso de la coerción y quiénes asumen los costos humanos de ejecutarla?
Karl Marx y Friedrich Engels sostuvieron que la historia de las sociedades humanas ha estado marcada por la confrontación entre grupos sociales con intereses contrapuestos. Según los autores, «la historia de todas las sociedades ha sido la historia de luchas entre las clases que la componen. Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, nobles y siervos, gremiales y compañeros, en una palabra, opresores y oprimidos, han estado siempre en oposición directa» (Marx & Engels, 2023, p. 31). Desde esta perspectiva, los conflictos políticos no constituyen fenómenos aislados, sino manifestaciones de disputas estructurales vinculadas a la distribución del poder, la riqueza y los recursos materiales. En consecuencia, las instituciones estatales y los mecanismos de coerción pueden ser comprendidos como expresiones históricas de las relaciones sociales y de las tensiones derivadas de la organización desigual de la sociedad.
Una aproximación complementaria fue desarrollada por Weber (2007), quien definió al Estado moderno como “aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio…, reclama —con éxito— para sí el monopolio de la violencia física legítima” (p. 10). Esta formulación permite comprender que la acción coercitiva no representa una anomalía dentro de la vida política, sino una característica constitutiva de la organización estatal moderna. Bajo esta premisa, una pregunta crítica permanece abierta: ¿quiénes ejercen materialmente esa violencia y en beneficio de qué proyecto político o social?
En América Latina, esta problemática adquiere características específicas. Mariátegui (2007) observó que las repúblicas surgidas tras los procesos de independencia conservaron importantes estructuras de dominación heredadas del período colonial. Para el autor, las élites económicas mantuvieron posiciones privilegiadas dentro de los nuevos Estados nacionales, reproduciendo formas de subordinación social bajo marcos institucionales renovados. Consecuentemente, las tesis del pensador peruano abren un espacio fértil para examinar críticamente la articulación entre el poder económico, el aparato estatal y los despliegues de coacción en la historia latinoamericana.
La historia de Chile constituye un escenario particularmente significativo para abordar estas cuestiones. Durante el siglo XIX, las movilizaciones impulsadas por Francisco Bilbao y la Sociedad de la Igualdad expresaron tempranamente las tensiones entre proyectos democratizadores y estructuras oligárquicas consolidadas. Fundada en 1850 por Bilbao y Santiago Arcos, la organización promovió demandas de participación política, igualdad ciudadana y ampliación de derechos, siendo posteriormente reprimida por el gobierno de Manuel Montt, situación que culminó con la persecución y exilio de varios de sus dirigentes (Grez Toso, 2007a). Este episodio anticipó conflictos que reaparecerían recurrentemente en la historia social chilena.
Las transformaciones económicas y sociales asociadas a la denominada cuestión social profundizaron estas tensiones. Diversos estudios han demostrado que las movilizaciones obreras y populares de comienzos del siglo XX fueron enfrentadas mediante mecanismos de control y represión que involucraron activamente a las fuerzas armadas y policiales. Las matanzas de Valparaíso en 1903, la denominada Huelga de la Carne en Santiago en 1905, los sucesos en plaza Colón de Antofagasta en 1906 y la Matanza de la Escuela Santa María de Iquique en 1907 constituyen algunos de los episodios más emblemáticos de este proceso (Grez, 2007b). Investigaciones históricas han señalado que la utilización de mecanismos coercitivos por parte del Estado no se limitó a los conflictos obreros de comienzos del siglo XX, sino que continuó manifestándose bajo distintas formas a lo largo del siglo pasado y comienzos del siglo XXI (Salazar, 2006). Como señala Grez (2007b), la respuesta estatal frente a las demandas populares combinó mecanismos de exclusión política con el uso recurrente de la fuerza para preservar la estructura social existente.
Esta dinámica de violencia institucionalizada encuentra un sólido correlato teórico en la sociología del Estado de Pierre Bourdieu (1997), quien conceptualiza al Estado no solo como un aparato administrativo, sino como un “meta-campo” donde se concentra el monopolio de la violencia física y, fundamentalmente, de la violencia simbólica legítima. Bajo esta lectura analítica, las matanzas obreras ejecutadas por las fuerzas armadas chilenas no constituyeron meros excesos de fuerza bruta, sino la activación de la violencia de Estado como la última ratio para resguardar las estructuras de dominación oligárquica. La intervención militar opera aquí como un mecanismo de imposición soberana que busca naturalizar el orden social vigente, despojando a los sectores subalternos de toda capacidad legítima de contestación política (Bourdieu, 1997).
Esta articulación entre la violencia oficializada y la preservación del modelo social permite dialogar estrechamente con las teorías de la dominación de la tradición marxista occidental. Así, desde un enfoque teórico convergente, Gramsci (2013) sostuvo que los grupos dominantes no conservan su posición de supremacía exclusivamente mediante la coerción, entendida como el ejercicio organizado de la fuerza, o, desde una interpretación más rígida, como una manifestación material de la violencia, sino también mediante mecanismos de legitimación cultural e ideológica capaces de construir consenso (hegemonía). La escuela, la prensa, las instituciones religiosas y, posteriormente, los medios masivos de comunicación desempeñan un papel relevante en este proceso. Sin embargo, cuando el consenso resulta insuficiente para contener los conflictos sociales y el poder hegemónico se debilita, la coerción reaparece como el instrumento destinado a preservar el sistema político y económico imperante.
El estudio gramsciano se vislumbra en las transformaciones experimentadas por Chile durante la segunda mitad del siglo XX, periodo que ofrece nuevos elementos para esta discusión. Diversas investigaciones han documentado que el golpe de Estado de 1973 y la posterior dictadura cívico-militar contaron con el respaldo de importantes sectores empresariales nacionales, los cuales – actuando como un poder fáctico – recibieron apoyo político, financiero y estratégico del gobierno de Estados Unidos. Al respecto, la historiografía basada en archivos oficiales desclasificados evidencia la participación de agencias estadounidenses en operaciones destinadas a impedir la consolidación del gobierno de Salvador Allende y favorecer las condiciones para su derrocamiento (Central Intelligence Agency, 1970, 2000; Kornbluh, 2013). Materializado coercitivamente el quiebre institucional, estos sectores empresariales contaron con las condiciones para realizar profundas modificaciones en la estructura económica nacional. En ese sentido, Mönckeberg (2001) ha demostrado que los procesos de privatización desarrollados durante dicho período favorecieron el fortalecimiento de importantes grupos económicos privados, generando una significativa concentración de la propiedad y de los recursos estratégicos. De este modo, la utilización de la fuerza estatal y la reestructuración económica aparecen históricamente vinculadas dentro de un mismo proceso e interés político de la clase que domina la esfera social.
Con todo, el propósito central de este trabajo no consiste únicamente en examinar a las élites económicas o políticas que impulsan determinados proyectos históricos. La atención se dirige también a cómo la clase en el poder dicta directrices para que sean ejecutadas materialmente y, a su vez, obedecidas por conscriptos, soldados, marineros, suboficiales y carabineros. En tal sentido, Mills (1987) señaló que las decisiones fundamentales en las sociedades modernas tienden a concentrarse en grupos reducidos de poder económico, político y militar, mientras que su ejecución recae sobre estructuras jerárquicas compuestas por actores situados en niveles inferiores de decisión. A ello se suman investigaciones sobre memoria histórica y justicia transicional que han mostrado cómo las consecuencias judiciales, sociales y psicológicas de los procesos de violencia política suelen recaer de manera diferenciada sobre los distintos actores involucrados, afectando principalmente a los ejecutores de bajo rango en comparación con las élites dirigentes (Stern, 2013). Por su parte, en Eichmann en Jerusalén. Un estudio sobre la banalidad del mal, Arendt (2003) analiza la relación entre obediencia y responsabilidad política, mostrando cómo la organización burocrática favorece una separación entre quienes adoptan las decisiones y quienes las ejecutan, circunstancia que puede contribuir a diluir la responsabilidad individual. En consonancia con la perspectiva marxista desarrollada previamente, esta dinámica permite comprender cómo los aparatos coercitivos del Estado pueden operar en función de los intereses promovidos por las élites políticas y económicas, mientras las consecuencias jurídicas e históricas han tendido a recaer principalmente sobre quienes ejecutan materialmente la violencia.
Complementariamente, Foucault (1975/2002) profundizó en el análisis de los mecanismos mediante los cuales las instituciones disciplinarias producen sujetos obedientes y funcionales a determinadas formas de organización del poder. En sus palabras, “la disciplina fabrica así cuerpos sometidos y ejercitados, cuerpos ‘dóciles’” (p. 126). Esta perspectiva resulta especialmente útil para comprender cómo individuos provenientes de sectores populares se integran a estructuras jerárquicas encargadas de ejercer coerción sobre grupos de origen social similar. Desde este enfoque, las instituciones militares y policiales pueden comprenderse como espacios privilegiados de disciplinamiento, en los cuales la obediencia jerárquica, la normalización de conductas y la subordinación al mando constituyen elementos estructurales para el ejercicio de la función coercitiva del Estado.
No obstante, la incorporación a estas instituciones también responde a condiciones estructurales que el propio sistema social y económico contribuye a reproducir. La búsqueda de estabilidad laboral, la seguridad económica, las oportunidades de movilidad social y el acceso a beneficios institucionales constituyen, asimismo, factores relevantes que incentivan el ingreso a las fuerzas armadas y policiales. En consecuencia, individuos provenientes de sectores populares pueden incorporarse a organizaciones estatales encargadas del ejercicio de la coerción y, en determinados contextos históricos, participar en acciones dirigidas contra grupos pertenecientes a su mismo origen social. Esta circunstancia permite comprender que la obediencia institucional responde no solo a mecanismos de disciplinamiento, sino también a incentivos materiales y expectativas de movilidad social que contribuyen a la reproducción de las estructuras de poder existentes.
Desde esta perspectiva filosófica y sociológica, el análisis histórico permite responder, al menos parcialmente, la interrogante acerca de cómo los sectores subalternos, al incorporarse a las instituciones armadas, han participado en determinados contextos históricos orientados al mantenimiento del orden político y social institucionalizado por la clase dominante, ejerciendo coerción frente a grupos pertenecientes a su propio tejido social. En este sentido, Salazar (2000) ha mostrado que gran parte de los trabajadores y peones provenientes de los sectores populares, que conformaron históricamente la base social chilena, constituyeron también una fuente permanente de reclutamiento para las fuerzas armadas y policiales.
Esta constatación permite plantear una interrogante sociológica de fondo: ¿hasta qué punto quienes ejercen la coerción estatal pertenecen a la misma realidad social de aquellos sobre quienes se aplica dicha fuerza?
Finalmente, bajo una perspectiva sociohistórica de larga duración, la separación entre quienes definen los conflictos políticos y quienes ejecutan materialmente la coerción trasciende los límites del Estado moderno y puede identificarse en diversos procesos históricos. Las investigaciones sobre el Jesús histórico coinciden en que su actuación pública fue percibida por las autoridades religiosas y políticas de Judea como una amenaza para el orden establecido (Pagola, 2007). En este contexto, la decisión de neutralizar a Jesús fue el resultado de la convergencia entre las élites sacerdotales y el poder político romano, mientras que su ejecución material correspondió a agentes subordinados como los guardias del Sanedrín y las tropas romanas encargadas de aplicar la pena de crucifixión. Desde una perspectiva sociológica, este episodio ilustra una dinámica recurrente en las relaciones de dominación: la separación entre los centros donde se adoptan las decisiones políticas y las estructuras jerárquicas responsables de ejecutar la coerción. Más que un acontecimiento exclusivamente religioso, constituye un ejemplo histórico de la distribución diferenciada de funciones dentro de los sistemas de poder, donde quienes ejercen la violencia material no necesariamente participan en la definición de los objetivos políticos ni son los principales beneficiarios de sus resultados.
A partir de estas consideraciones, el presente trabajo propone analizar el vínculo entre la élite económica, la coerción estatal y las fuerzas armadas y de orden en la historia de Chile, con especial atención a la distribución desigual de los costos humanos asociados a la violencia política. Se plantea como hipótesis central que, en distintos períodos históricos, los beneficios derivados de la preservación de determinados ordenamientos políticos y económicos tienden a concentrarse en los sectores dominantes que ocupan posiciones privilegiadas dentro de la estructura de poder; en contraste, las consecuencias materiales, psicológicas, sociales y judiciales de la acción coercitiva recaen con mayor intensidad sobre las clases subalternas encargadas de ejecutarla de manera fáctica. En términos históricos, esto implica que los sectores populares incorporados a los aparatos policiales y militares han sido utilizados recurrentemente para reprimir conflictos sociales y políticos que involucraban a comunidades pertenecientes a su misma clase social, contribuyendo a la reproducción de relaciones de dominación estructurales cuyos principales beneficios han tendido a concentrarse en la élite económica y en sus grupos políticos dirigentes.
José Cáceres S.
Magíster en Educación.
Licenciado en Ciencia Política y Administración Pública.
Referencias:
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- Foucault, M. (2002). Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión (A. Garzón del Camino, Trad.). Siglo XXI Editores Argentina. (Obra original publicada en 1975).
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- Pagola, J. A. (2007). Jesús: Aproximación histórica. PPC Editorial.
- Salazar, G. (2000). Labradores, peones y proletarios: Formación y crisis de la sociedad popular chilena del siglo XIX. LOM Ediciones.
- Salazar, G. (2006). La violencia política popular en las «grandes alamedas»: La violencia en Chile, 1947-1987 (una perspectiva histórico-popular). LOM Ediciones.
- Stern, S. J. (2013). Cerrando la caja de la memoria del Chile de Pinochet: En vísperas de la verdad y el desenlace, 1989-2003 (P. Sandoval, Trad.). Ediciones Universidad Diego Portales.
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