Modo Empleo tipo aspirina: cuando el mercado no basta el Estado vuelve a ser el principal recurso
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El programa Modo Empleo busca enfrentar el aumento de la desocupación mediante subsidios a la contratación, empleos de emergencia y obras públicas focalizadas. Más allá de sus efectos inmediatos, el plan marca un giro en la estrategia económica del gobierno: después de apostar a que la inversión privada impulsaría por sí sola la creación de puestos de trabajo, La Moneda vuelve a recurrir al Estado como actor central para contener la crisis laboral.
Durante meses, el gobierno sostuvo que la mejor política de empleo sería el crecimiento. Escuchamos a Jorge Quiroz repetirlo de forma majadera. La promesa era conocida: una economía liberada de «trabas», una reducción de impuestos a las empresas, incentivos a la inversión y un nuevo clima de confianza terminarían generando más puestos de trabajo. Ese fue, en buena medida, el fundamento económico de la megarreforma impulsada por La Moneda. Sin embargo, la persistencia del deterioro del mercado laboral parece haber obligado al Ejecutivo a modificar el rumbo. El lanzamiento del programa Modo Empleo, anunciado por el presidente José Antonio Kast, no es solo un paquete de medidas para enfrentar el aumento de la desocupación. Es también el reconocimiento de que el mercado, por sí solo, no ha sido capaz de revertir una crisis que ya afecta a cerca de un millón de personas que buscan trabajo sin encontrarlo.
El programa fue presentado como una respuesta de emergencia ante una situación que el propio gobierno calificó como prioritaria. Tras reunirse con la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile (Agorechi), Kast anunció la conformación de una Mesa Interministerial por el Empleo, integrada por los ministerios de Economía, Trabajo y de la Mujer, además de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, en coordinación con gobiernos regionales y municipios.
La iniciativa contempla tres instrumentos concretos
El primero es un subsidio a la contratación equivalente a hasta el 50% del ingreso mínimo mensual durante cuatro meses para incentivar nuevas contrataciones por parte de las empresas. El segundo consiste en la creación de empleos transitorios mediante programas de ejecución directa de Conaf en las zonas con mayores niveles de desempleo. El tercero busca acelerar obras de mejoramiento urbano y de barrios que ya cuentan con financiamiento adjudicado, con el objetivo de transformarlas rápidamente en empleo local. En una primera etapa, el despliegue se concentrará en las regiones del Biobío, Ñuble y Antofagasta.
Al presentar el plan, el Kast evitó atribuir responsabilidades políticas por el deterioro del empleo y llamó a una respuesta conjunta entre el Estado, las grandes empresas, las pequeñas y medianas empresas y los gobiernos locales. «Tenemos un problema grave que nos afecta como nación», afirmó, insistiendo en que el empleo debe convertirse en una tarea compartida por todo el país.
El diagnóstico oficial tampoco deja espacio para interpretaciones optimistas. El Ejecutivo reconoce que cerca de un millón de personas busca empleo sin éxito, que más de dos millones de trabajadores permanecen en la informalidad y que la economía chilena lleva más de una década creciendo en torno al 2% anual, un ritmo insuficiente para absorber la demanda laboral y mejorar la calidad del empleo. En ese contexto, el gobierno optó por intervenir directamente para estimular las contrataciones.
Y es precisamente allí donde aparece la dimensión política del anuncio. El subsidio a la contratación no constituye una innovación. Chile ha recurrido a este tipo de instrumentos bajo gobiernos de distintos signos políticos, especialmente durante períodos de desaceleración o de emergencia, porque permiten reducir transitoriamente el costo de incorporar trabajadores y acelerar la generación de empleo. Para las pequeñas y medianas empresas, que suelen enfrentar mayores restricciones financieras, un apoyo de este tipo puede facilitar decisiones de contratación que de otro modo serían postergadas. Del mismo modo, los programas de empleo directo y la aceleración de obras públicas ofrecen una respuesta relativamente rápida en territorios particularmente golpeados por el desempleo.
Las críticas: un programa tipo aspirina
Pero la eficacia de estas políticas siempre ha estado acompañada por un debate más profundo. Sus críticos advierten que los subsidios pueden terminar financiando empleos que igualmente habrían sido creados, o incentivar reemplazos temporales de trabajadores aprovechando el beneficio estatal. También recuerdan que, una vez terminado el subsidio, muchas contrataciones desaparecen si la actividad económica no logra sostenerlas por sí misma. Desde esa perspectiva, el programa funciona como un mecanismo de contención frente a la emergencia, pero difícilmente modifica las causas estructurales de un mercado laboral debilitado por años de bajo crecimiento y baja productividad.
Las primeras críticas desde el Partido Comunista no apuntaron directamente al subsidio, sino a otra discusión instalada por la Mesa de Reactivación Laboral. Entre sus propuestas figura ampliar el período sobre el cual se calcula el promedio de la jornada ordinaria, lo que permitiría semanas de mayor carga laboral —hasta un máximo de 52 horas considerando horas ordinarias y extraordinarias, límite que ya contempla el Código del Trabajo para casos excepcionales— compensadas posteriormente con jornadas más breves. Camila Vallejo y Jeannette Jara cuestionaron esa posibilidad, argumentando que una mayor flexibilidad puede traducirse, en la práctica, en un aumento efectivo de la carga de trabajo para quienes tienen responsabilidades familiares o estudian, especialmente en un mercado laboral donde la capacidad de negociación de los trabajadores sigue siendo desigual. El oficialismo, en cambio, sostiene que esquemas similares existen en diversos países de la OCDE y permiten adaptar la organización del trabajo a ciclos productivos cambiantes.
Sin embargo, el aspecto más significativo del anuncio no reside en esa controversia, sino en la transformación silenciosa que revela respecto del propio discurso económico del gobierno. Después de meses defendiendo que la inversión privada sería el principal motor de creación de empleo, el Ejecutivo termina recurriendo a herramientas clásicas de intervención pública: subsidia parte de los salarios, financia empleos de ejecución directa, coordina municipios y gobiernos regionales y acelera inversión pública para sostener el mercado laboral. Es una decisión comprensible frente a la magnitud del problema, pero también representa un giro respecto del relato que acompañó la tramitación de la megarreforma.
En rigor, no existe una contradicción económica insalvable. Incluso gobiernos liberales recurren a este tipo de instrumentos cuando el desempleo alcanza niveles preocupantes. La diferencia es política. El programa Modo Empleo parece admitir que el crecimiento esperado aún no llega con la intensidad necesaria y que, mientras eso no ocurra, el Estado vuelve a desempeñar un papel que durante años se intentó reducir: convertirse, al menos de manera transitoria, en uno de los principales motores para sostener el empleo.
El éxito o fracaso de esta estrategia dependerá menos del número de subsidios entregados que de su capacidad para transformar contrataciones temporales en empleos permanentes. Si las cifras de desocupación comienzan a descender de manera sostenida, el gobierno podrá exhibir el programa como una respuesta eficaz frente a una coyuntura adversa. Pero si el deterioro persiste una vez concluidos los subsidios, el debate volverá inevitablemente al punto de partida: si el problema era simplemente la falta de incentivos para contratar o si, en realidad, la economía chilena enfrenta un desafío mucho más profundo que ninguna política de emergencia puede resolver por sí sola.
Félix Montano
