Afganistán: el retorno imposible. La economía del colapso y la presión de seis millones de vidas en movimiento
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Afganistán vive hoy una paradoja que desafía cualquier categoría clásica de la política internacional: es un país devastado, con una economía al borde del colapso, sometido a restricciones sociales extremas y aislado diplomáticamente, pero que al mismo tiempo enfrenta uno de los mayores movimientos de retorno de refugiados de la historia contemporánea. Desde 2023, más de seis millones de afganos han regresado al país. Solo en 2025 fueron 2,9 millones. En lo que va de 2026, más de 750.000 personas han cruzado la frontera, y se espera que otras 2,5 millones lo hagan antes de fin de año.
Este fenómeno —masivo, acelerado, silencioso— está transformando el paisaje social y económico de Afganistán. Y lo hace en un momento en que el país carece de casi todo: empleo, servicios básicos, infraestructura, seguridad alimentaria, resiliencia climática. En este contexto, la visita conjunta del Administrador del PNUD, Alexander De Croo, y del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Barham Salih, adquiere un significado que va más allá de la diplomacia: es un intento de evitar que el retorno se convierta en una catástrofe estructural.
Un país que recibe más de lo que puede sostener
El retorno masivo no es voluntario en el sentido pleno del término. Muchos afganos regresan porque han sido expulsados de países vecinos, porque han perdido medios de vida, porque las políticas migratorias regionales se han endurecido o porque las redes de apoyo se han agotado. Llegan a un país donde el 92% de los retornados no puede cubrir sus necesidades básicas, donde solo el 3% de las personas en provincias receptoras tiene empleo formal y donde el 78% depende del trabajo ocasional, precario y mal remunerado.
Afganistán es una economía frágil, dependiente de la agricultura, extremadamente vulnerable al cambio climático y con un sistema financiero debilitado por sanciones, aislamiento y falta de liquidez. En este contexto, cada retorno es una presión adicional sobre comunidades que ya viven en condiciones límite.
La misión de De Croo y Salih buscó precisamente visibilizar esta presión. En Mazar-e-Sharif, ambos líderes observaron proyectos apoyados por la ONU: servicios de protección, apoyo psicosocial, acceso a identidad legal, microfinanzas para pequeños negocios, iniciativas para mujeres y jóvenes. Son intervenciones que funcionan, pero que requieren escala, continuidad y financiación sostenida.
El retorno como comienzo, no como final
“Para quienes regresan, este no es el final de un viaje; es el comienzo de uno”, dijo De Croo. La frase sintetiza la lógica de la misión: el retorno no es un cierre, sino una transición que exige inversión. Sin empleo, sin servicios, sin documentación, sin oportunidades, el retorno se convierte en una forma de desplazamiento interno perpetuo.
La documentación es un punto crítico. Menos de la mitad de los retornados posee documentos que los vinculen legalmente con Afganistán. Sin identidad legal, no pueden acceder a servicios, educación, salud, empleo ni protección. La ONU está intentando ampliar el acceso a documentación, pero la escala del desafío es enorme.
El retorno masivo también tiene implicaciones políticas: millones de personas que han vivido años fuera del país regresan a comunidades transformadas, a normas sociales más restrictivas, a un entorno económico colapsado. La reintegración no es solo económica: es social, cultural y política.
La presión sobre las comunidades receptoras
Las comunidades que reciben retornados enfrentan una triple crisis: pobreza extrema, impactos climáticos y falta de oportunidades. La llegada de miles de personas en cuestión de semanas desborda sistemas locales ya debilitados. El agua escasea, los precios suben, los servicios se saturan, los mercados se contraen.
La misión conjunta subrayó que la ayuda humanitaria por sí sola no basta. Afganistán necesita inversión sostenida en medios de vida, infraestructura comunitaria, resiliencia climática, acceso a servicios y cohesión social. Sin estas inversiones, el retorno masivo puede desencadenar nuevas formas de desplazamiento, tensiones comunitarias y crisis humanitarias recurrentes.
La fragilidad económica como amenaza estructural
Afganistán es uno de los países más expuestos al cambio climático. Sequías prolongadas, inundaciones repentinas y pérdida de tierras agrícolas afectan directamente a la población retornada, que depende en gran medida de la agricultura y del trabajo informal. La falta de empleo formal —solo el 3% en provincias receptoras— convierte la economía en un sistema de supervivencia.
El PNUD y ACNUR insisten en que la inversión internacional no es caridad: es una condición para evitar que Afganistán se hunda aún más en la pobreza extrema y la inestabilidad. La reducción de la ayuda internacional desde 2021 ha debilitado programas esenciales y ha dejado a millones sin apoyo.
La misión conjunta es un intento de revertir esta tendencia. Pero la pregunta es si la comunidad internacional está dispuesta a invertir en un país gobernado por autoridades de facto cuya legitimidad internacional sigue siendo objeto de debate.
El papel de las mujeres: una línea roja para la ONU
En sus reuniones con las autoridades de facto, De Croo y Salih insistieron en un punto que atraviesa toda la política internacional hacia Afganistán: la participación plena de mujeres y niñas en la vida social y económica. Subrayaron que las mujeres son esenciales para la resiliencia de los hogares, la estabilidad comunitaria y la recuperación a largo plazo.
También recordaron que las trabajadoras humanitarias deben poder acceder a mujeres y niñas, incluidas las retornadas. Sin este acceso, la protección y la asistencia quedan incompletas. La misión dejó claro que la exclusión de las mujeres no es solo una violación de derechos: es un obstáculo directo para la recuperación del país.
Retorno, dignidad y futuro: una ecuación incompleta
El retorno masivo de afganos es uno de los fenómenos migratorios más significativos del siglo XXI. Pero su magnitud contrasta con la falta de atención internacional. La misión conjunta del PNUD y ACNUR intenta corregir esta indiferencia, recordando que Afganistán no puede ser abandonado.
El retorno no es un indicador de estabilidad: es un síntoma de vulnerabilidad. Millones de personas regresan a un país que no tiene capacidad para absorberlas. Sin inversión sostenida, el retorno puede convertirse en una crisis prolongada que afecte no solo a Afganistán, sino a toda la región.
La pregunta que atraviesa la misión es simple y brutal: ¿está la comunidad internacional dispuesta a invertir en un país que enfrenta una presión humana sin precedentes?
La respuesta, por ahora, sigue siendo incierta. Pero el tiempo se agota: cada día regresan miles de personas, cada día aumenta la presión sobre comunidades exhaustas, cada día se estrecha la ventana para evitar que el retorno se convierta en una nueva tragedia anunciada.
