Los primeros cuatro meses de Kast: la otra crisis que crece en silencio
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Mientras el debate político se concentra en la aprobación de la megarreforma, el conflicto por los aranceles estadounidenses o la discusión sobre seguridad pública, otra estadística ha ido creciendo casi silenciosamente al interior del gobierno de José Antonio Kast. En poco más de cuatro meses de administración, el Ejecutivo acumula la salida de 35 altas autoridades: dos ministras, cinco subsecretarios y veintiocho secretarios regionales ministeriales. La cifra ha aumentado progresivamente desde marzo y constituye uno de los procesos de mayor rotación de autoridades durante la etapa de instalación de un gobierno desde el retorno a la democracia.
Las razones son diversas. Hay investigaciones judiciales, diferencias políticas, errores de gestión, problemas administrativos, resultados positivos en exámenes obligatorios de drogas y nombramientos que simplemente no resistieron las primeras semanas de ejercicio. Pero observadas en conjunto, estas salidas permiten formular una pregunta más amplia: ¿qué revela esta inestabilidad sobre la forma en que fue construido el equipo con el que José Antonio Kast llegó a La Moneda?
La explicación no parece reducirse a errores individuales. Más bien apunta a un problema de instalación del propio proyecto político.
Un cambio de gabinete antes de cumplir setenta días
El primer síntoma apareció sorprendentemente temprano.
El 19 de mayo, cuando el gobierno llevaba apenas 69 días en funciones, José Antonio Kast realizó el primer cambio de gabinete. Salieron la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, y la ministra secretaria general de Gobierno, Mara Sedini.
No fue un ajuste cualquiera. Se trató del cambio ministerial más rápido registrado por un Presidente chileno desde el retorno a la democracia, un dato que por sí solo refleja las dificultades encontradas por el Ejecutivo para consolidar su equipo político.
En el caso de Steinert, la salida resultó especialmente significativa porque Seguridad había sido el eje central de la campaña presidencial de Kast. Las críticas apuntaron a problemas de conducción, dificultades en la instalación del nuevo ministerio y tensiones institucionales con las policías. La ministra terminó dejando precisamente la cartera que debía representar la principal promesa electoral del nuevo gobierno.
Sedini, en tanto, llegó a La Moneda sin experiencia previa en la administración pública. Su desempeño estuvo marcado por errores comunicacionales y cuestionamientos incluso desde sectores oficialistas. Dos meses después de abandonar el cargo rompió el silencio y declaró que su paso por el Ejecutivo había sido «una experiencia llena de mentiras», afirmando que fue presionada para actuar de una forma que no correspondía a su personalidad. «Me dejé amarrar y presionar por personas adentro del Gobierno», sostuvo en una entrevista.
Sus declaraciones no solo describen una experiencia personal. También sugieren tensiones internas durante la instalación del gobierno que rara vez afloran públicamente en administraciones recién iniciadas.
La inestabilidad llegó también a Hacienda
Si la salida de las ministras representó un golpe político, la remoción del subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, abrió un problema distinto.
Durante la noche del jueves, la Presidencia informó inicialmente que el Presidente había aceptado su renuncia. Minutos más tarde, el biministro Claudio Alvarado aclaró que Rodríguez había sido apartado luego de que un examen obligatorio de detección de drogas arrojara un resultado positivo.
La diferencia no es menor.
Una renuncia supone una decisión del funcionario.
Una remoción implica una pérdida de confianza política.
Rodríguez negó consumir drogas, sostuvo que el resultado «no refleja mi realidad» y anunció nuevos exámenes mientras permanecía pendiente la contramuestra oficial. Aun así, el Ejecutivo resolvió removerlo invocando el estándar de probidad que había fijado para sus propias autoridades.
No era un subsecretario cualquiera.
Había sido uno de los principales articuladores legislativos del Ministerio de Hacienda y una pieza relevante durante la tramitación de la megarreforma.
Su salida representó además el segundo caso de una autoridad del gobierno apartada por un examen antidrogas, después del seremi de Agricultura de Arica y Parinacota.
Los seremis: la fragilidad territorial
La dimensión regional constituye probablemente el fenómeno más llamativo.
En apenas cuatro meses han abandonado sus cargos 28 secretarios regionales ministeriales.
Las causas son variadas.
Algunos renunciaron pocos días después de asumir.
Otros fueron removidos por conflictos internos.
En algunos casos surgieron cuestionamientos respecto de sus antecedentes profesionales.
También hubo autoridades que no alcanzaron siquiera a ejercer plenamente sus funciones.
El resultado es una permanente recomposición de los equipos regionales justo en la etapa donde el Estado comienza a ejecutar las principales políticas públicas del nuevo gobierno.
Esta rotación tiene un efecto político poco visible.
Cada seremi representa al gobierno en una región.
Cada cambio obliga a reiniciar relaciones con autoridades locales, municipios, organizaciones sociales y parlamentarios.
En consecuencia, la inestabilidad no afecta únicamente la imagen del Ejecutivo; también retrasa la consolidación territorial de su administración.
El caso Barrientos
La situación más delicada hasta ahora corresponde al exseremi de Salud de Magallanes, Fabián Barrientos Andrade.
El Ministerio de Salud solicitó su renuncia luego de conocer la existencia de una investigación penal en su contra por hechos que podrían constituir un delito de connotación sexual.
Posteriormente, el Juzgado de Garantía amplió su detención por cuarenta y ocho horas debido a diligencias y peritajes aún pendientes.
La Fiscalía formalizará la investigación en los próximos días.
Naturalmente, corresponde respetar la presunción de inocencia mientras la investigación siga en curso.
Sin embargo, desde el punto de vista político el episodio vuelve a instalar una pregunta sobre los mecanismos de selección y evaluación de quienes acceden a cargos de alta responsabilidad dentro del Ejecutivo.
Gobernar también es seleccionar personas
Toda administración enfrenta renuncias.
Toda coalición experimenta conflictos internos.
La diferencia radica en el momento.
Gabriel Boric realizó su primer gran cambio de gabinete después del plebiscito constitucional de septiembre de 2022, cuando su gobierno llevaba cerca de seis meses y había sufrido una derrota política de enorme magnitud.
Michelle Bachelet modificó profundamente su gabinete durante la crisis de 2015, más de un año después de asumir.
José Antonio Kast, en cambio, debió intervenir su equipo ministerial cuando todavía no cumplía setenta días en La Moneda.
Ese dato resulta difícil de relativizar.
La paradoja del discurso
Existe además una dimensión política inevitable.
Durante el gobierno de Gabriel Boric, dirigentes de la derecha exigieron reiteradamente responsabilidades políticas inmediatas frente a errores administrativos, investigaciones o cuestionamientos públicos.
Uno de los casos más emblemáticos fue el de Giorgio Jackson, cuya permanencia en el gabinete se transformó durante meses en un objetivo político permanente de la oposición, pese a que nunca fue formalizado por los hechos que se le atribuían.
Hoy el escenario es distinto.
El mismo sector que entonces sostenía que la responsabilidad política bastaba para exigir renuncias distingue cuidadosamente entre investigaciones, presunción de inocencia, contramuestras pendientes y responsabilidades administrativas.
Es correcto hacerlo.
El Estado de Derecho exige precisamente esas garantías.
Pero el contraste revela que los estándares de evaluación política rara vez permanecen inalterables cuando cambia quién ocupa el gobierno.
Más que una suma de renuncias
Sería un error interpretar estas 35 salidas únicamente como una colección de episodios aislados.
Vistas en conjunto describen otra historia.
La de un gobierno que llegó prometiendo eficiencia, orden y capacidad de gestión, pero que ha debido reconstruir una parte importante de su equipo antes incluso de completar su primer semestre.
No necesariamente porque exista una única causa común.
Sino porque gobernar supone algo más complejo que ganar una elección o aprobar una reforma emblemática.
Supone construir equipos sólidos, seleccionar cuadros con experiencia, ejercer controles eficaces antes de los nombramientos y sostener políticamente una administración cuando aparecen las primeras dificultades.
La sucesión de renuncias de estos meses no demuestra por sí sola el fracaso del gobierno de José Antonio Kast.
Pero sí constituye un síntoma político que comienza a hacerse evidente.
Mientras el Ejecutivo concentra sus esfuerzos en defender su agenda legislativa, otra tarea igualmente esencial sigue abierta: demostrar que posee el capital humano, la experiencia y la capacidad institucional para gobernar con la estabilidad que prometió durante la campaña.
Simón del Valle
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