La herencia de la impunidad verbal: Magdalena Piñera y el eterno retorno de los «dueños de Chile»
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El eco de una clase acomodada
En el debate político chileno, las frases desafortunadas no suelen ser meros lapsus linguae; son, más bien, destellos de una matriz cultural profunda que emerge cuando quienes ostentan el poder simbólico olvidan que la República exige modestia democrática. La reciente declaración de Magdalena Piñera —afirmando sin matices que «no quiero que el Congreso esté lleno de Manouchehris, creo que le hace un pésimo favor al país, un pésimo favor al Congreso»— no es una intervención política más. Es la manifestación violenta de una mirada que se atribuye el derecho de veto sobre quiénes tienen legitimidad para habitar el espacio de la representación popular.
Resulta indispensable situar a la emisora de la frase. Magdalena Piñera no ocupa hoy un cargo de representación popular, ni ha sometido su nombre a las urnas, ni lidera una institución pública. Su figuración responde, esencialmente, a una condición estamental: ser la hija de un expresidente y formar parte de una oligarquía histórica acostumbrada a confundir el destino de la patria con los intereses de su propia clase.
Esta actitud evoca de manera inevitable la célebre y desenfadada confesión de Eduardo Matte Pérez a fines del siglo XIX, cuando sentenció con absoluta naturalidad que ellos eran «los dueños de Chile, del capital y de todo lo demás». A más de un siglo de distancia, la estructura del discurso parece intacta: la convicción soterrada de que la política formal es un feudo familiar donde la aristocracia financiera concede o deniega credenciales de idoneidad moral. Es la misma matriz comunicativa que condujo a su madre, la ex primera dama Cecilia Morel, a calificar la protesta social durante la crisis de 2019 como una invasión de «alienígenas» frente a la cual el mandato supremo de las élites era «tener que compartir nuestros privilegios». Cuando el resto del país es percibido como una alteridad amenazante o un grupo de intrusos en el Congreso, la democracia deja de ser un espacio de iguales y pasa a ser tratada como un club privado con derecho de admisión.
La ceguera selectiva y el salvataje institucional
Lo que vuelve particularmente grave el juicio de Magdalena Piñera sobre el diputado Daniel Manouchehri no es solo su carácter despectivo, sino la profunda asimetría e hipocresía con la que evalúa el deterioro parlamentario. Al focalizar su condena en un legislador en particular, Piñera pasa por alto con una soltura alarmante los episodios más oscuros y provocadores que proliferan dentro de las filas de su propio sector político.
¿Dónde ha estado la indignación de la élite tradicional frente a los discursos que incitan explícitamente a la violencia o denigran los derechos fundamentales, reiteradamente pronunciados por figuras como Johannes Kaiser? ¿Cuál ha sido la condena hacia las destempladas intervenciones de parlamentarias de su sector como Camila Flores, o la preocupante tolerancia frente a legisladores imputados o condenados por faltas a la probidad y delitos de corrupción? La indignación de la oligarquía no es ética; es de clase y de conveniencia. Se escandalizan frente a la vehemencia de un diputado de oposición que fiscaliza, pero guardan un cómodo silencio cuando la degradación institucional proviene de sus propios pasillos.
Este doble rasero adquiere un tono aún más dramático al observar el telón de fondo de la contingencia política nacional: la evidente y orquestada «operación salvataje» que rodea al caso Audio, con el penalista Luis Hermosilla y el exministro del Interior del gobierno de su padre, Andrés Chadwick, en el centro de la escena. La ciudadanía asiste una vez más al espectáculo de una justicia de dos velocidades. Se trata de una película conocida cuyos precedentes inmediatos aún escocen en la memoria colectiva: desde la impunidad de Julio Ponce Lerou en el caso Cascadas —quien ni siquiera fue citado a declarar en el marco del caso SQM — hasta las afrentosas «clases de ética» con que la justicia sancionó la corrupción sistemática de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín en el caso Penta.
La desfachatez verbal de la élite no ocurre en el vacío. Crece y se alimenta del convencimiento de que sus redes de protección política y judicial son impenetrables. Se permite denostar públicamente a un parlamentario porque, en su fuero interno, percibe que las reglas del juego que aplican para el resto de los ciudadanos no alcanzan a sus redes de afecto e interés.
Epílogo: La urgencia de detener la violencia verbal
Chile atraviesa un momento institucional delicado, donde la confianza en la política y las instituciones democráticas se encuentra en mínimos históricos. En este contexto, el país no resiste ni un gramo más de violencia verbal como la ejercida por Magdalena Piñera. Lo trágico es que los chilenos nos hemos ido acostumbrando de manera anestesiada a este tipo de agresiones discursivas, en una normalización peligrosa que antecedió a los estallidos más profundos de nuestra historia reciente.
Es imposible no recordar la ola de desaciertos y frases indolentes vertidas por los ministros del segundo mandato de Sebastián Piñera en las semanas previas a octubre de 2019: desde mandar a los trabajadores a «madrugar más» para evitar el alza del pasaje, hasta sugerir a los enfermos que hicieran «vida social» en las filas de los consultorios. Aquella desconexión absoluta con la realidad y ese desprecio velado por el ciudadano común terminaron por dinamitar la convivencia social y gatillar una crisis institucional de la que el país aún no logra recuperarse del todo.
La intervención de Magdalena Piñera demuestra que la lección no ha sido aprendida. No podemos permitir que la descalificación clasista y la intolerancia política se consoliden como el estándar del debate público. La democracia chilena pertenece a los millones de ciudadanos que la sostienen a diario con su trabajo y su voto, no a una dinastía ni a una élite que se siente con el derecho patrio de decidir quién es apto para legislar. Exigir respeto, sobriedad y el fin de la arrogancia oligárquica no es solo un imperativo del debate parlamentario: es la condición mínima para evitar que la violencia de las palabras vuelva a traducirse en la fractura irreparable de nuestra sociedad.
Edison Ortiz
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