La megarreforma tiene clase: Kast veta abajo lo que protege arriba
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José Antonio Kast cerró la tramitación de la megarreforma eliminando mediante vetos tres disposiciones incorporadas por el Congreso: la prohibición del anatocismo, el llamado derecho al olvido financiero y cambios al pago a 30 días para las pymes. Félix Montano analiza el contraste entre esas decisiones y los beneficios tributarios y certezas que la reforma entrega a grandes empresas e inversionista
José Antonio Kast sí negocia.
Su ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, lleva meses haciéndolo. Negoció con parlamentarios de oposición, consiguió votos que originalmente no tenía, aceptó compensaciones, adquirió compromisos territoriales y logró conducir por un Congreso dividido la principal reforma económica del Gobierno.
Pero el final de la tramitación de la llamada megarreforma permite comprender algo que quizá resulte más importante que su habilidad parlamentaria.
Cuando llegó el momento de decidir qué modificaciones introducidas por el Congreso podían permanecer dentro del proyecto, Kast utilizó su facultad de veto para eliminar tres.
La prohibición del anatocismo, es decir, del cobro de intereses sobre intereses.
El denominado derecho al olvido financiero.
Y una modificación destinada a fortalecer el pago a 30 días a las pequeñas y medianas empresas.
El Senado aprobó este miércoles los tres vetos supresivos y con ello la megarreforma terminó su tramitación en el Congreso.
La pregunta política es inevitable.
¿Qué tenían en común las tres normas que el Gobierno consideró suficientemente inconvenientes como para borrarlas de una reforma que ya había conseguido aprobar prácticamente en su totalidad?
Lo que Kast decidió conservar
La respuesta comienza mirando el otro lado de la reforma.
El Gobierno preservó el núcleo de su proyecto económico: la reducción gradual del impuesto de primera categoría del 27% al 23%, la reintegración tributaria y un régimen de invariabilidad tributaria destinado a grandes inversiones.
Hacienda ha explicado reiteradamente la lógica.
Reducir la carga tributaria y entregar mayor certeza al capital debería incentivar la inversión. La inversión generaría crecimiento y el crecimiento, a su vez, empleo y mejores condiciones económicas.
La invariabilidad tributaria, por ejemplo, fue diseñada para inversiones superiores a 50 millones de dólares y contempla estabilidad durante 25 años. Quiroz la ha presentado ante inversionistas extranjeros como una garantía de que las condiciones existentes al momento de invertir se mantendrán cuando llegue el momento de obtener los retornos, independientemente de los ciclos políticos.
Es una opción económica reconocible y corresponde discutirla como tal.
Pero toda política económica tiene también una distribución concreta de beneficios, costos y riesgos.
Y allí comienza otra discusión.
Arriba el beneficio es inmediato, abajo hay que esperar
Para una empresa que paga impuesto de primera categoría, la rebaja tributaria es concreta.
Puede calcularla.
Para un inversionista acogido a invariabilidad, la certeza jurídica también es concreta.
Puede incorporarla a sus decisiones financieras.
Para quienes esperan que estas medidas produzcan más empleos, mejores salarios y mayor bienestar, el beneficio funciona de otra manera.
Primero debe aumentar la inversión.
Después debe crecer la economía.
Luego ese crecimiento debe generar empleo.
Y finalmente ese empleo debe traducirse en mejores ingresos y condiciones de vida.
Puede ocurrir.
Eso es precisamente lo que sostiene el Gobierno.
Pero existe una diferencia que rara vez aparece en la celebración de la megarreforma:
los beneficios que recibe el capital son inmediatos y jurídicamente establecidos; buena parte de los beneficios prometidos al trabajador dependen de que posteriormente funcione la teoría económica que justificó entregarlos.
Unos reciben certezas.
Los otros reciben expectativas.
El deudor
El primer veto resulta ilustrativo.
Durante la tramitación, el Congreso incorporó una prohibición absoluta del anatocismo, la posibilidad de cobrar intereses sobre intereses que actualmente permite la legislación chilena bajo determinadas condiciones.
El Gobierno se opuso.
Y hay que reconocer que no lo hizo sin argumentos.
El Banco Central y la Comisión para el Mercado Financiero advirtieron que una prohibición absoluta podía producir efectos negativos sobre el mercado crediticio, afectar determinados productos financieros y terminar encareciendo el acceso al crédito.
La disposición aprobada por el Congreso podía, por tanto, estar mal diseñada.
Pero esa constatación abre otra pregunta.
¿Por qué corregirla no fue una alternativa y eliminarla sí?
Porque detrás de la discusión técnica sigue existiendo una relación económica extraordinariamente concreta.
De un lado está el acreedor.
Del otro, el deudor.
De un lado están instituciones que administran grandes volúmenes de capital.
Del otro, personas y familias que muchas veces llegan al sistema financiero precisamente porque carecen de él.
La norma parlamentaria intentaba intervenir esa relación.
El veto decidió mantener las reglas existentes.
El pasado financiero
El segundo caso es todavía más sugerente.
El Congreso incorporó el llamado derecho al olvido financiero.
No significaba perdonar deudas existentes ni hacer desaparecer obligaciones que una persona todavía debe cumplir. Apuntaba a limitar, bajo determinadas condiciones, la permanencia de antecedentes financieros negativos.
El Gobierno también lo vetó.
El contraste con otra parte de la megarreforma resulta difícil de ignorar.
Al gran inversionista el Estado le ofrece protección frente a la incertidumbre del futuro: durante 25 años pretende garantizarle estabilidad tributaria.
Al ciudadano que ha tenido problemas financieros, el Congreso intentó proporcionarle determinadas condiciones para que su pasado no siguiera condicionando indefinidamente su acceso al sistema.
Una protección sobrevivió.
La otra fue eliminada.
No son jurídicamente comparables.
Pero políticamente dicen bastante sobre dónde el Gobierno considera necesaria la certeza y dónde considera inconveniente la protección.
Las pymes y el poder de esperar
El tercer veto probablemente sea el más revelador.
Porque aquí no existe siquiera la cómoda división entre empresarios y trabajadores.
Existen empresas grandes y empresas pequeñas.
Y entre ellas también hay relaciones de poder.
Una gran compañía que compra bienes o servicios puede disponer de suficiente espalda financiera para administrar sus pagos.
Una pequeña empresa que depende de ese cliente tiene una capacidad de negociación completamente diferente.
Para una pyme, esperar un pago puede significar recurrir a crédito para pagar salarios, cotizaciones, impuestos o proveedores.
En términos económicos, ocurre algo bastante sencillo:
quien tiene menos capital termina financiando a quien tiene más.
Por eso el pago a 30 días no es solamente un problema administrativo.
Es también una cuestión de poder.
El Congreso intentó fortalecer esa obligación y Kast vetó la modificación.
La decisión produjo incluso dificultades dentro del oficialismo antes de que finalmente el Senado aprobara la observación presidencial.
Después de conseguir su eliminación, Quiroz reconoció que el problema merece ser abordado y deberá ser estudiado más adelante.
Pero el Congreso ya lo había abordado.
Lo había discutido.
Y había aprobado una respuesta.
El Gobierno decidió borrarla.
Corregir o eliminar
Este detalle atraviesa los tres vetos.
El Ejecutivo puede tener razones técnicas atendibles para cuestionar las normas aprobadas.
Puede sostener que la prohibición absoluta del anatocismo estaba mal formulada.
Puede considerar que el olvido financiero produciría problemas para la evaluación del riesgo.
Puede afirmar que la modificación sobre pago a 30 días generaría consecuencias indeseadas.
Pero entre aceptar una norma defectuosa y eliminarla existe una tercera posibilidad:
corregirla.
El Gobierno escogió el veto supresivo.
Y esa decisión adquiere mayor significado porque no estamos ante un Ejecutivo incapaz de negociar.
Todo lo contrario.
Quiroz acaba de demostrar que sabe hacerlo extraordinariamente bien.
El Gobierno negoció mucho
La historia parlamentaria de la megarreforma está llena de negociaciones.
El Ejecutivo buscó votos fuera de su coalición.
Aceptó acuerdos para conseguir apoyos.
Negoció la compensación a los municipios por la eliminación de contribuciones para adultos mayores.
Adquirió compromisos vinculados a la reconstrucción.
Cedió donde necesitaba hacerlo para construir las mayorías que no tenía al comenzar la tramitación.
Hacienda llegó incluso a celebrar el respaldo transversal conseguido por el proyecto y reiteró durante su discusión su disposición a conversar con todos los sectores.
Por eso sería equivocado describir al Gobierno como intransigente en términos absolutos.
La conclusión es más incómoda.
Kast negocia lo necesario para aprobar su programa, pero protege con extraordinaria disciplina la orientación económica de ese programa.
Negocia votos.
Negocia compensaciones.
Negocia procedimientos.
Negocia recursos.
Lo que resulta mucho más difícil de negociar es quién recibe los beneficios centrales de la reforma.
Una reforma también distribuye poder
El Gobierno insiste en presentar la megarreforma como un instrumento para recuperar crecimiento, inversión y empleo.
Y contiene, efectivamente, medidas que no benefician exclusivamente a grandes empresas: subsidios al empleo formal, apoyos vinculados a pymes, reconstrucción, medidas sobre vivienda y eliminación de contribuciones para determinados adultos mayores. Hacienda sostiene, por ejemplo, que el crédito al empleo formal alcanzará a más de 230 mil pymes.
Eso también forma parte del proyecto y omitirlo sería simplificarlo.
Pero no modifica la pregunta distributiva.
¿Quién recibe un beneficio directo?
¿Quién recibe un incentivo?
¿Quién recibe protección?
¿Quién asume el riesgo?
¿Quién debe esperar que el crecimiento futuro termine llegando hasta él?
La política económica no consiste únicamente en mover tasas tributarias.
También distribuye poder.
La megarreforma tiene clase
La palabra puede resultar incómoda después de décadas en las que buena parte de la discusión económica intentó reemplazar los conflictos sociales por un vocabulario exclusivamente técnico.
Pero las clases no desaparecieron porque dejáramos de nombrarlas.
Una gran empresa y una pyme no negocian desde la misma posición.
Un banco y un deudor no poseen el mismo poder.
Un inversionista capaz de colocar 50 millones de dólares y un trabajador que necesita crédito para llegar a fin de mes no se relacionan de igual manera con el Estado.
La megarreforma tampoco los trata de la misma manera.
A algunos les ofrece incentivos para que inviertan.
A otros les promete que esa inversión terminará generando prosperidad.
Esa es una elección.
Puede funcionar o puede fracasar.
Pero no es neutral.
El Estado no desaparece
Aquí la megarreforma empieza a conectarse con algo mayor.
Durante estos mismos días, Kast está impulsando la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, la ACOT, que busca ampliar significativamente determinadas capacidades policiales, penales, penitenciarias y de inteligencia del Estado.
Incluso ha comenzado a conocerse una reforma constitucional que permitiría establecer consecuencias sobre prestaciones sociales para determinadas personas condenadas.
Son ámbitos diferentes y no corresponde confundirlos.
Pero observados conjuntamente empiezan a sugerir una determinada dirección.
En economía, el Gobierno busca reducir cargas tributarias, flexibilizar regulaciones y proporcionar mayor espacio y certeza a la iniciativa privada.
En seguridad, busca ampliar las capacidades coercitivas del Estado frente a las personas.
Podría estar apareciendo una fórmula bastante conocida:
un Estado más pequeño cuando redistribuye y más grande cuando vigila y castiga.
No desaparece el Estado.
Cambia de función según quién tenga delante.
El mismo Gobierno, distintos ciudadanos
El gran inversionista encuentra un Estado que pretende garantizarle estabilidad durante 25 años.
La gran empresa encuentra un Estado que reduce gradualmente su tributación.
El deudor encuentra un Estado que decide mantener las reglas financieras existentes.
La pequeña empresa encuentra un Estado que reconoce el problema de los pagos tardíos, pero posterga su solución.
Y el ciudadano que entra en contacto con el sistema penal puede encontrarse pronto con un Estado dotado de mayores facultades y capaz incluso de hacer que una condena tenga consecuencias sobre determinadas prestaciones sociales.
No son políticas idénticas.
Pero todas responden una misma pregunta:
¿qué hace el Estado cuando se encuentra frente a distintos tipos de poder?
La victoria de Quiroz
Jorge Quiroz tiene razones para celebrar.
Consiguió conducir la principal reforma económica del Gobierno a través de un Congreso donde Kast no disponía inicialmente de los votos necesarios.
La Cámara aprobó los vetos.
El Senado hizo lo mismo.
El ministro calificó el resultado como una muestra de madurez del Congreso y sostuvo que el cuerpo legal había quedado perfeccionado.
Es indudablemente una victoria política.
Pero precisamente por eso los últimos tres vetos resultan tan reveladores.
Después de meses de negociación y cuando el corazón de la reforma estaba asegurado, todavía había tres disposiciones que el Gobierno consideraba necesario eliminar.
Protecciones relacionadas con deudores.
Con antecedentes financieros.
Con pequeños proveedores.
Kast sí negoció.
Negoció mucho.
Lo que defendió hasta el último trámite fue otra cosa: la dirección económica de su proyecto.
Cuando se trató de reducir impuestos y entregar estabilidad a la inversión, esas disposiciones sobrevivieron a meses de discusión parlamentaria.
Cuando el Congreso intentó modificar las relaciones entre acreedores y deudores o entre grandes compradores y pequeños proveedores, el Presidente utilizó el veto para impedirlo.
El Gobierno tendrá argumentos técnicos para cada decisión y corresponde examinarlos.
Pero cuando todas ellas se observan juntas aparece algo que ninguna explicación técnica puede borrar.
Las decisiones económicas distribuyen poder, riesgos y protección de manera desigual.
No estamos, entonces, ante un Gobierno que no sabe negociar.
Estamos ante uno que parece saber perfectamente qué puede negociar y qué considera irrenunciable.
Y esa elección tiene clase.
Félix Montano
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