La ONU exige acción urgente para defender a la Corte Penal Internacional frente a las sanciones de Estados Unidos
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La arquitectura de la justicia penal internacional atraviesa uno de sus momentos más delicados desde la creación de la Corte Penal Internacional (CPI). El 28 de agosto de 2026, un grupo amplio de expertos de la ONU lanzó una advertencia inusualmente contundente: las sanciones impuestas por Estados Unidos contra la presidenta de la Corte y otros miembros de su personal constituyen un ataque frontal contra la independencia judicial y contra el sistema global de rendición de cuentas construido desde Núremberg.
«Los Estados deben actuar de inmediato para proteger a la Corte contra interferencias ilegales en la administración de justicia internacional», señalaron los expertos, subrayando que la CPI no puede “resistir sola esta tormenta”. La declaración llega tras la designación, el 18 de agosto, de la presidenta de la CPI, la jueza Tomoko Akane (Japón), y del abogado sénior Abdoulaye Seye (Senegal), bajo la Orden Ejecutiva estadounidense 14203. Con esta nueva ronda, ya son once los jueces y funcionarios actuales o pasados de la Corte sancionados por Washington.
Una ofensiva sin precedentes contra la justicia internacional
La preocupación de los expertos no se limita al impacto individual de las sanciones. Lo que está en juego es la supervivencia de un sistema que tardó décadas en construirse. «Si esta política tiene éxito, revertirá los avances logrados contra la impunidad desde Núremberg y Tokio», advirtieron. La afirmación no es retórica: la orden ejecutiva estadounidense se basa en la premisa —calificada por los expertos como “errónea”— de que la CPI amenaza la soberanía de Estados Unidos.
La ofensiva tiene además un efecto disuasorio sobre víctimas, defensores y organizaciones que colaboran con la Corte. El régimen de sanciones estadounidense permite penalizaciones civiles y penales contra quienes “transaccionen” con personas sancionadas, lo que podría intimidar a víctimas que buscan justicia. Los expertos alertaron también de que ONG han sido objeto de medidas similares, ampliando el alcance del castigo más allá del personal de la Corte.
Violaciones de derechos humanos y efectos extraterritoriales
Los expertos subrayaron que las sanciones no solo interfieren con la independencia judicial, sino que «violan los derechos humanos de las personas afectadas». Los efectos extraterritoriales —como la congelación de cuentas, la imposibilidad de acceder a servicios financieros o la restricción de movilidad— pueden afectar gravemente la vida profesional y personal de los funcionarios sancionados.
Por ello, instaron a la Unión Europea a activar el EU Blocking Statute, un instrumento diseñado para impedir que operadores europeos —incluidos bancos y proveedores de servicios— cumplan sanciones de terceros países que violen el derecho internacional. También pidieron a los Estados que ratifiquen y utilicen el Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades de la CPI, que protege a jueces, fiscales y personal frente a interferencias externas.
Un mensaje inquietante para las víctimas de crímenes atroces
Para los expertos, las sanciones envían «un mensaje escalofriante» a quienes dependen de la CPI para obtener justicia, reparación y reconocimiento. En un momento en que la Corte investiga crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio en múltiples regiones, la presión política sobre sus funcionarios amenaza con debilitar su capacidad de actuar con independencia.
La declaración también reiteró la condena a las sanciones impuestas por Estados Unidos contra la Relatora Especial Francesca Albanese, sancionada «únicamente por su trabajo como experta de los Procedimientos Especiales». El gesto, según los expertos, forma parte de un patrón preocupante de represalias contra mecanismos internacionales de derechos humanos.
Retiradas de Estados y erosión del sistema multilateral
Los expertos expresaron “profundo pesar” por la intención de seis Estados miembros de retirarse de la CPI. Aunque no mencionaron los países, la tendencia refleja una erosión más amplia del compromiso con la justicia penal internacional. En este contexto, las sanciones estadounidenses actúan como catalizador de un retroceso que podría debilitar gravemente la capacidad de la Corte para investigar y juzgar crímenes atroces.
La declaración concluye con un llamado urgente: «Las sanciones contra el personal de la CPI no pueden permitirse. Los Estados deben actuar con convicción, coraje y rapidez para proteger a la Corte y facilitar su trabajo». La advertencia es clara: la defensa de la CPI no es solo una cuestión institucional, sino un compromiso con las víctimas que dependen de ella para que la justicia internacional no sea una promesa vacía.
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