Redes de bots bajo la lupa: proyecto propone cárcel por manipular la opinión pública
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La iniciativa propone penas de cárcel para quienes contraten, organicen, administren o financien redes de cuentas automatizadas o identidades falsas destinadas a simular apoyo ciudadano e intervenir en procesos electorales o en el debate político. El proyecto recoge como uno de sus antecedentes el caso de Fernando Cerimedo y las operaciones digitales detectadas durante distintos procesos electorales chilenos.
El diputado Jaime Bassa presentó un proyecto de ley que busca incorporar a la legislación chilena un nuevo delito destinado a sancionar la organización y financiamiento de redes de cuentas falsas o automatizadas utilizadas para manipular la opinión pública y los procesos electorales.
La iniciativa propone modificar la Ley N°21.459 sobre delitos informáticos mediante la incorporación de una figura denominada “Manipulación coordinada de la opinión pública mediante identidades falsas o automatizadas”. Su objetivo no es penalizar opiniones o contenidos políticos, sino las estructuras organizadas que simulan la existencia de ciudadanos reales para producir artificialmente determinadas tendencias, respaldos o rechazos.
El proyecto apunta directamente a lo que en la literatura internacional se conoce como astroturfing o “comportamiento coordinado inauténtico”: operaciones que mediante perfiles falsos o automatizados crean la apariencia de un movimiento espontáneo de opinión que, en realidad, responde a una organización previamente diseñada.
La presentación de la iniciativa se produce cuando las operaciones de este tipo han adquirido una creciente relevancia política en Chile, especialmente a partir de las investigaciones y denuncias surgidas en torno al argentino Fernando Cerimedo y sus conexiones con campañas de la derecha y ultraderecha latinoamericana.
De los plebiscitos al caso Cerimedo
Los antecedentes incorporados por Bassa al proyecto reconstruyen una trayectoria que comienza al menos durante el proceso constituyente de 2020.
El documento recuerda que para el plebiscito de entrada del 25 de octubre de ese año la organización Casa Común por el Rechazo contrató a la consultora argentina Numen, vinculada a Cerimedo a través de su socio Enrique García. Una encuesta de esa consultora llegó a la portada de El Mercurio y proyectó un escenario extraordinariamente diferente al resultado posterior: Numen estimó un 41,9% para el Apruebo y 34,4% para el Rechazo, señalando que esta última alternativa podía alcanzar un 53,8% según su metodología de participación. Finalmente, el Apruebo obtuvo 78,28% y el Rechazo 21,73%.
Dos años después, durante el plebiscito constitucional de salida, Cerimedo reivindicó públicamente haber realizado un “durísimo trabajo” por el Rechazo y el empleo de cuentas coordinadas para intervenir en la discusión pública.
El proyecto cita además una investigación académica de Marcelo Santos, de la Universidad Diego Portales, y Magdalena Saldaña, de la Universidad Católica, que analizó computacionalmente la actividad de bots durante el proceso constituyente. De acuerdo con los antecedentes recogidos en la iniciativa, las cuentas automatizadas detectadas se concentraban ideológicamente en la derecha radical y desarrollaban una actividad caracterizada en buena medida por burlas, insultos y diatribas, degradando la calidad del debate constitucional.
Cerimedo aparece también conectado con otras experiencias políticas latinoamericanas. La Policía Federal brasileña lo mencionó decenas de veces en su investigación sobre los acontecimientos de enero de 2023 posteriores a la derrota electoral de Jair Bolsonaro, identificándolo como difusor de desinformación sobre las elecciones brasileñas de 2022.
Agustín Romo, responsable de comunicación digital de la campaña de Javier Milei, ha señalado públicamente además que Cerimedo trabajó en campañas de Milei, Bolsonaro y José Antonio Kast, aunque hasta ahora no se ha establecido públicamente en qué campaña específica del actual mandatario chileno participó ni cuáles habrían sido exactamente sus funciones.
Las redes que operaron contra Matthei y Kaiser
La iniciativa incorpora asimismo antecedentes mucho más recientes. Desde 2024 habría funcionado en X un conjunto de cuentas coordinadas, entre ellas @JackedIn —atribuida en informaciones periodísticas a Ricardo Inaiman Barrios, bajo el alias Neuroc— junto con @Drestrump_PL y @kasterizador.
Estas cuentas participaron, entre otras operaciones, en ataques contra Johannes Kaiser durante 2025. Una investigación de CIPER difundida en octubre de ese año reveló conversaciones en las que el administrador de estas cuentas afirmaba mantener comunicaciones frecuentes con el responsable de comunicación digital de la campaña presidencial de José Antonio Kast.
El documento destaca además una llamativa coincidencia temporal: Cerimedo fue detenido el 18 de agosto pasado en el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y entre el 18 y el 20 de agosto las cuentas mencionadas fueron desactivadas.
El caso adquirió posteriormente una dimensión judicial. El diputado Juan Santana presentó el 27 de agosto ante la Fiscalía de Valparaíso una denuncia solicitando acumular tres investigaciones relacionadas con estas redes. A ello se agrega una querella vinculada con ataques contra Evelyn Matthei, quien durante la campaña presidencial fue objeto de una operación digital que difundió, entre otras afirmaciones falsas, que padecía alzhéimer.
Los vínculos que llegan hasta La Moneda
Uno de los aspectos políticamente más sensibles recogidos en el proyecto es la existencia de personas que participaron de Casa Común por el Rechazo y que posteriormente han ocupado posiciones en el entorno del actual gobierno.
El documento menciona específicamente a Alejandro Irarrázaval, actual jefe de asesores del segundo piso de La Moneda, y a Ignacio Dülger, quien se desempeñó como asesor del segundo piso hasta el 11 de agosto pasado y actualmente es director ejecutivo de Acción Republicana.
Ambos integraron Casa Común por el Rechazo en 2020.
El propio proyecto introduce, sin embargo, una precisión indispensable: no se encuentra acreditada una relación directa entre Cerimedo e Irarrázaval, ni la participación de Cerimedo en el actual gobierno, ni tampoco un vínculo directo entre Dülger y el operador argentino. Para los autores de la iniciativa, estos antecedentes constituyen precisamente circunstancias que deben ser investigadas.
Esta distinción resulta especialmente relevante en momentos en que el caso Cerimedo comienza a abrir diferentes frentes políticos y judiciales y cuando todavía quedan numerosos aspectos por esclarecer respecto de las redes digitales que intervinieron en las últimas campañas electorales chilenas.
Cárcel y multas para quienes financien las redes
El proyecto de Bassa intenta llenar lo que sus autores consideran un vacío de la legislación chilena. La propuesta no persigue al usuario individual que expresa una determinada opinión ni establece sanciones dependiendo de si una información es verdadera o falsa.
Lo que busca penalizar es la infraestructura organizada del engaño.
La iniciativa establece que será sancionado quien contrate, organice, administre o financie una red de cuentas de redes sociales o perfiles digitales automatizados, falsos o supuestos destinada a simular opinión pública o participación política e incidir en elecciones o plebiscitos, así como a fabricar artificialmente apoyo o rechazo hacia personas, candidaturas, partidos, políticas públicas o iniciativas legislativas.
La pena propuesta es de presidio menor en su grado medio a máximo, es decir, desde 541 días hasta cinco años, además de una multa fiscal equivalente al doble del valor de los dispositivos o servicios digitales contratados.
La iniciativa contempla además agravantes cuando estas operaciones se realicen como parte de una actividad comercial organizada o con ánimo de lucro, o cuando tengan por finalidad afectar la honra o dignidad de una persona determinada. En esos casos deberá aplicarse la pena en su grado máximo.
El límite: no penalizar las opiniones
El proyecto entra en un terreno especialmente delicado porque cualquier regulación del debate político en internet puede entrar en tensión con la libertad de expresión.
Por ello, sus fundamentos establecen expresamente que la iniciativa no pretende regular el contenido de la información difundida en las plataformas digitales.
Una opinión política —verdadera, falsa, favorable u ofensiva— expresada por una persona real no quedaría comprendida en esta nueva figura penal. La conducta sancionada sería la creación deliberada de una estructura de identidades inexistentes destinada a engañar a los ciudadanos respecto de la existencia de un determinado respaldo social.
“Un mismo mensaje político, verdadero o falso, no es alcanzado por esta ley cuando es expresado por una persona real que no oculta su identidad”, señala la fundamentación. Lo que se pretende perseguir es la utilización organizada de cuentas que “simula ser lo que no es”.
La iniciativa sostiene además que la regulación debería tener un carácter transversal. Las redes de identidades falsas pueden ser utilizadas por cualquier sector político y, por tanto, proteger la autenticidad del debate democrático no debería depender de quién resulte beneficiado o perjudicado por una operación determinada.
El proyecto abre así una discusión que hasta ahora había avanzado en Chile principalmente a través de investigaciones periodísticas, académicas y denuncias judiciales: si la fabricación industrial de una opinión pública inexistente mediante ejércitos de identidades digitales falsas debe continuar siendo considerada simplemente una estrategia de comunicación política o pasar a constituir un delito.
La discusión adquiere particular relevancia después del caso Cerimedo. Más allá de cuánto pueda demostrarse finalmente sobre la influencia efectiva de estas operaciones en las decisiones electorales, las investigaciones conocidas durante las últimas semanas han dejado instalada una pregunta más profunda: quién organiza, quién financia y quién se beneficia políticamente de las redes destinadas a hacer pasar propaganda coordinada por opinión espontánea de los ciudadanos.
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