Caso Cerimedo: el dinero y las redes digitales abren una nueva trama que alcanza al entorno de Kast
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La Cámara aprobó investigar el uso de bots, trolls y redes de desinformación en las campañas chilenas desde 2020, pese al rechazo de la derecha. La decisión coincide con nuevas investigaciones periodísticas que revelan millonarios flujos de dinero hacia organizaciones y consultoras vinculadas a campañas digitales del sector. Fundación Ciudadanos en Acción, creada por el actual presidente de Codelco Bernardo Fontaine, recibió $1.906 millones en donaciones entre 2015 y 2024, incluidos $209,7 millones provenientes del extranjero en 2024. Paralelamente, el senador Javier Macaya mantiene un contrato por $25,2 millones anuales con una consultora que heredó activos y parte del equipo de Rebaño Consultores. El caso Cerimedo comienza así a abrir una pregunta mucho mayor: quién financió y cómo funcionaron las redes digitales que intervinieron en la política chilena durante los últimos años.
El caso Fernando Cerimedo comienza a desbordar al propio Fernando Cerimedo.
La detención en Bolivia del consultor argentino abrió inicialmente interrogantes sobre su participación en las campañas políticas chilenas, sus relaciones con personas que actualmente ocupan posiciones importantes en La Moneda y las afirmaciones de su expareja, Nadia Beller, quien asegura que Cerimedo trabajó con el equipo de José Antonio Kast durante la última elección presidencial.
Pero durante los últimos días han comenzado a aparecer antecedentes que permiten formular una pregunta bastante más amplia.
Ya no se trata solamente de determinar si Cerimedo trabajó o no directamente para Kast.
Se trata de establecer cómo se financiaron, organizaron y ejecutaron las campañas digitales que han intervenido en la política chilena durante los últimos años, quiénes participaron en ellas y qué relaciones existen entre sus operadores, financistas, consultoras, fundaciones y dirigentes políticos.
La Cámara de Diputadas y Diputados decidió este miércoles comenzar a buscar esas respuestas.
La comisión que la derecha intentó impedir
En su segundo intento, la Cámara aprobó por 69 votos a favor, 43 en contra y una abstención la creación de una Comisión Especial Investigadora sobre el uso de bots y otras herramientas de manipulación digital en Chile.
La derecha y la extrema derecha oficialista volvieron a votar en contra.
Un día antes, la primera solicitud había fracasado por apenas dos votos.
La comisión tendrá 60 días para investigar la actuación de organismos del Estado frente al uso de bots, cuentas automatizadas, redes coordinadas de amplificación, trolls, desinformación, manipulación algorítmica e inteligencia artificial en procesos electorales y plebiscitarios realizados desde 2020.
La amplitud del mandato resulta fundamental.
Porque la investigación ya no tendrá necesariamente que limitarse a buscar un contrato entre Fernando Cerimedo y José Antonio Kast.
Podrá intentar reconstruir las redes que operaron en Chile antes, durante y después de la presencia del consultor argentino.
Y algunas de esas redes comienzan a dejar rastros bastante más concretos que los mensajes anónimos publicados en X.
Dejan rastros de dinero.
$1.906 millones y donantes desconocidos
Una investigación publicada este miércoles por Reportea aporta uno de los antecedentes más relevantes conocidos hasta ahora.
Mediante solicitudes de Transparencia, el medio obtuvo las memorias de la Fundación Ciudadanos en Acción (FCEA), creada y durante años encabezada por el economista Bernardo Fontaine.
Fontaine no es actualmente un actor privado cualquiera.
Integró durante 2025 el comité estratégico y el equipo económico de la campaña presidencial de José Antonio Kast y hoy es presidente del directorio de Codelco, la principal empresa estatal chilena.
Según las memorias obtenidas por Reportea, Ciudadanos en Acción recibió $1.906 millones en donaciones entre 2015 y 2024.
Los documentos no identifican a los donantes.
El Servicio de Impuestos Internos rechazó entregar esa información mediante Transparencia argumentando que hacerlo vulneraría el secreto tributario.
Las cifras muestran además un fuerte incremento de los aportes durante años de intensa confrontación política.
La fundación recibió $207,6 millones en 2020; $285,6 millones en 2021; $335,1 millones en 2022 y $318,4 millones durante 2023.
En 2024 recibió otros $344,2 millones.
Y allí aparece un dato particularmente relevante: $209,7 millones de ese monto provinieron del extranjero.
No existe evidencia conocida que permita afirmar que esos recursos extranjeros hayan financiado bots, campañas electorales ilegales o desinformación.
Pero su procedencia y destino adquieren evidente interés público cuando se observa qué actividades desarrollaba simultáneamente la fundación.
Millones de visualizaciones y campañas políticas
Ciudadanos en Acción lleva años desarrollando campañas políticas y económicas de gran alcance mediante redes sociales.
Durante la presidencial de 2021, cuando Gabriel Boric enfrentaba a José Antonio Kast, pagó un anuncio en Facebook titulado “con Boric perderás la propiedad de tus cotizaciones”, que alcanzó cerca de 700 mil visualizaciones.
En 2022 participó activamente en el debate constitucional y difundió propaganda favorable al Rechazo.
En 2024 desarrolló campañas contra la reforma previsional del gobierno de Gabriel Boric y contra la Estrategia Nacional del Litio.
La propia fundación consigna en sus memorias audiencias millonarias. En 2020, por ejemplo, afirma que sus videos relacionados con el sistema previsional alcanzaron más de 12 millones de visualizaciones.
Reportea constató además que numerosos avisos de contenido político difundidos durante períodos electorales no aparecen declarados ante el Servel como gasto de campaña.
Eso no significa necesariamente que debieran haberlo sido: una fundación puede intervenir en el debate público sin formar parte formalmente de una candidatura.
Pero plantea una zona que la comisión investigadora tendrá ahora razones para examinar: la frontera entre campañas de incidencia financiadas por privados y propaganda electoral desplegada paralelamente a las campañas oficiales.
El troll que trabajaba para Fontaine
La investigación adquiere otra dimensión cuando se observan las personas contratadas para producir esos contenidos.
Entre ellas estaba Matías Lorca, influencer que participó en videos de Ciudadanos en Acción defendiendo el sistema de AFP.
Lorca administraba al mismo tiempo la cuenta conocida como “Canal de Mati”.
Esa fue una de las cuentas identificadas por el comando presidencial de Evelyn Matthei como parte de la red que difundió videos manipulados y mensajes destinados a instalar la falsa afirmación de que la candidata padecía alzhéimer o algún deterioro cognitivo.
La ofensiva digital contra Matthei se produjo durante la campaña presidencial de 2025, cuando competía electoralmente con José Antonio Kast por el electorado de derecha.
Esto no demuestra que Fontaine haya ordenado los ataques contra Matthei.
Tampoco prueba que Ciudadanos en Acción los haya financiado.
Pero establece una conexión objetiva que ahora puede ser investigada: una persona que participaba remuneradamente en las campañas digitales de la fundación administraba una de las cuentas denunciadas por intervenir mediante desinformación en la elección presidencial.
De las AFP a las campañas digitales
Existe además otra ruta financiera.
Una investigación anterior de Reportea y Vergara 240 había establecido que la Asociación de AFP financió y apoyó campañas desarrolladas por Ciudadanos en Acción en defensa del sistema previsional.
El financiamiento no aparecía identificado en las memorias de la fundación, pero fue confirmado al medio por dos personas que habían ocupado cargos directivos de la asociación y por la agencia Artool, encargada de potenciar la difusión digital de los contenidos.
Artool fue fundada por Jorge Selume, quien encabezó la Secretaría de Comunicaciones durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera.
Reportea reconstruyó reuniones donde representantes de la industria previsional, la agencia y el entorno de Fontaine coordinaban el despliegue comunicacional contra las reformas al sistema.
La fundación utilizó además a otros influencers.
Entre ellos aparecen Catalina Olivares, conocida como “Cata Libre”, y Benjamín Peña y Lillo.
Hoy ambos trabajan como asesores parlamentarios.
Olivares asesora al diputado republicano Sebastián Zamora y Peña y Lillo a los también republicanos Luis Sánchez y Alejandro Riquelme.
Reportea encontró alrededor de 50 interacciones en X entre Olivares y las cuentas trolls denunciadas por Matthei.
Nuevamente, interactuar con esas cuentas no demuestra formar parte de una organización coordinada.
Pero el conjunto comienza a dibujar un ecosistema que merece ser investigado.
El hilo Macaya
Este miércoles apareció paralelamente otra pista.
Contrapoder reveló un contrato oficial del Senado mediante el cual el senador UDI Javier Macaya mantiene durante 2026 una asesoría comunicacional con Ananda Comunicaciones SpA por $2,1 millones mensuales.
Considerando los doce meses de vigencia, el contrato representa $25,2 millones, financiados mediante la asignación de asesoría externa del Senado.
La importancia del contrato reside en los antecedentes empresariales de Ananda.
Un certificado de proveedor único de 2023 citado por Contrapoder señala que Ananda adquirió y mantiene los derechos intelectuales de servicios anteriormente desarrollados por Rebaño Consultores y que incorporó a Rubén Darío Díaz, creador de ese modelo de análisis, junto al equipo investigativo que anteriormente trabajaba en Rebaño.
Rebaño había sido objeto de investigaciones periodísticas por sus actividades digitales durante el proceso constitucional.
Contrapoder vinculó esas operaciones con el ecosistema donde actuaba Cerimedo.
Sin embargo, existe aquí una controversia que debe consignarse.
Tras la publicación, Ananda ejerció su derecho a rectificación y negó categóricamente cualquier vínculo con Fernando Cerimedo.
La empresa sostiene que ni Ananda ni Rebaño participaron en Casa Común por el Rechazo; afirma que nunca conocieron, trabajaron, se reunieron ni mantuvieron comunicaciones con Cerimedo, sus empresas o su entorno, y rechaza haber participado en operaciones de bots o desinformación.
La existencia del contrato con Macaya y la continuidad entre servicios y equipos de Rebaño y Ananda están documentadas.
La eventual conexión de esas empresas con Cerimedo, en cambio, es controvertida y no puede darse por establecida.
Precisamente por ello constituye una materia susceptible de investigación.
Cerimedo abrió una puerta
Fernando Cerimedo participó en Chile durante el ciclo constitucional.
José Antonio Kast ha reconocido que lo conoce y que ambos coincidieron en distintas actividades internacionales, pero niega terminantemente que haya trabajado para alguna de sus campañas o para su Gobierno.
Cerimedo también niega haber trabajado para Kast.
Hasta ahora no existe un contrato, transferencia bancaria, correo electrónico o comunicación conocida que demuestre lo contrario respecto de la campaña presidencial de 2025.
Pero existen otros vínculos que han alimentado las preguntas.
Personas que participaron en los espacios del Rechazo donde operó Cerimedo ocupan actualmente posiciones relevantes en La Moneda.
Entre ellas aparecen Felipe Costabal, responsable de la Secretaría de Comunicaciones, y Alejandro Irarrázaval, jefe de asesores del Segundo Piso.
La oposición intentó recientemente citar a Irarrázaval para que explicara esas relaciones.
La derecha rechazó la solicitud.
Ahora la nueva Comisión Especial Investigadora tendrá facultades para volver a formular esas preguntas.
Seguir el dinero
Quizás el mayor error que podría cometer la comisión sería reducir su trabajo a determinar si Cerimedo apretaba personalmente un botón para activar miles de cuentas falsas.
Las redes contemporáneas de influencia política son bastante más complejas.
Funcionan mediante fundaciones, agencias de comunicaciones, consultoras de datos, influencers, publicidad pagada, cuentas anónimas y operadores que amplifican contenidos hasta convertirlos artificialmente en conversación pública.
No necesariamente existe una única sala desde donde alguien dirige toda la operación.
Por eso la investigación debería seguir algo bastante más antiguo y sencillo que los algoritmos:
el dinero.
¿Quién financió las campañas?
¿Quién contrató a los influencers?
¿Quién pagó la publicidad?
¿Quiénes son los donantes de las fundaciones?
¿De dónde provinieron los $209,7 millones que Ciudadanos en Acción recibió desde el extranjero durante 2024?
¿Qué servicios concretos prestaron las consultoras?
¿Existieron coordinaciones entre fundaciones, operadores digitales y comandos electorales?
¿Y dónde termina la legítima defensa de determinadas ideas políticas y comienza una operación encubierta destinada a manipular el debate democrático?
Una investigación incómoda para la derecha
La reacción del oficialismo frente a la comisión hace esas preguntas todavía más necesarias.
Primero intentó impedir su constitución.
Cuando la iniciativa llegó nuevamente a la Sala este miércoles, los 43 votos en contra provinieron de la derecha y la extrema derecha oficialista, mientras la comisión fue finalmente aprobada con 69 votos.
Nada de ello demuestra que quienes votaron en contra tengan algo que ocultar.
Pero políticamente resulta difícil comprender por qué un sector que sostiene que las acusaciones son falsas se opone a una investigación que podría precisamente demostrarlo.
La detención de Fernando Cerimedo en Bolivia abrió una caja que estaba cerrada.
Lo que comienza a salir de ella en Chile ya no tiene solamente su nombre.
Aparecen $1.906 millones en donaciones cuyos aportantes no se conocen, más de $209 millones llegados desde el extranjero, financiamiento empresarial de campañas digitales, influencers conectados con cuentas denunciadas por desinformación, consultoras contratadas con fondos públicos y operadores que hoy trabajan alrededor del Congreso y del Gobierno.
No está demostrado que todas esas piezas pertenezcan a una misma organización.
Eso es precisamente lo que falta establecer.
La comisión investigadora tiene ahora 60 días para comenzar a hacerlo.
Y quizás la pregunta que deberá responder sea bastante más importante que saber si Cerimedo trabajó o no directamente para Kast:
¿quién financió y cómo funcionó realmente la maquinaria digital que intervino en la política chilena durante los últimos años?
Félix Montano
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