Pobladores del campamento Placilla de San Antonio protestan en Valparaíso contra el desalojo

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Un grupo de pobladoras y pobladores del campamento Placilla de San Antonio llegaron el martes a mediodía a Valparaíso para manifestarse en defensa del derecho a la vivienda y en contra del desalojo dictaminado por los tribunales, el que debería materializarse en febrero del próximo año. Exigen, asimismo, mantenerse radicados donde actualmente tienen sus casas.

En un volante repartido a las porteñas y porteños manifiestan: “nadie puede quedar sometido a los efectos de una sentencia sin haber tenido previamente la oportunidad de ser oído en un juicio”, agregando más adelante “las y los pobladores del campamento de Placilla en San Antonio no fuimos mencionados en el recurso, no fuimos emplazados, no fuimos notificados por cédula, no comparecimos al procedimiento, no contestamos la acción, no rendimos pruebas, etc.”.

Luego de reunirse y protestar en las afueras de la Corte de Apelaciones, las pobladoras y pobladores marcharon por las calles céntricas de Valparaíso dirigiéndose hasta el edificio de la Delegación Provincial Regional de Valparaíso, lugar en donde realizaron un punto de prensa.

Gustavo Burgos, abogado representante de las pobladoras y pobladores del campamento Placilla de San Antonio, en parte de su intervención expuso lo siguiente:

“Un grupo de vecinos, desde la ciudad de San Antonio, han concurrido al frontis de la Corte de Apelaciones y a este lugar representativo de la Delegación Presidencial, a exigir una demanda y un planteamiento que es elemental, cual es el derecho a la radicación, esto es que se reconozca el derecho de los pobladores a continuar ocupando ese lugar, del momento que la ocupación de ese terreno no es un delito, como se ha presentado por parte de los medios de comunicación, ni es un foco de delincuencia, ni tampoco, como profusamente se ha tratado en los medios, de un intento de gente inescrupulosa que quiere tener una segunda vivienda en el mar o hacer algún tipo de especulación que importe saltarse la fila, que es lo que con tanta frecuencia se escucha en los medios de comunicación. Al respecto, tengo que señalar que el grupo de vecinos que conforman este campamento no tienen fila que saltarse del momento que, si están ocupando el terreno, es porque se trata de familias trabajadoras. No son delincuentes ni es esto un foco de delincuencia, sino por el contrario es una población que representa la forma como se han construido nuestras más importantes ciudades en nuestro país. La ciudad de San Antonio no es una excepción, quienes conozcan la ciudad, al igual que Valparaíso, se ha construido de esta forma. Es cosa de mirar los cerros acá, en este hemiciclo en que nos encontramos, para darnos cuenta que esto es una respuesta a la ausencia de viviendas, que es un problema social, un millón de viviendas son las que faltan, y es precisamente por eso que los pobladores se encuentran movilizados.”

Agregando más adelante: “resulta muy importante señalar que, al mes de febrero del año 2027, restan menos de 5 meses, los pobladores van a ser lanzados por una orden que ha sido refrendada por la Corte Suprema. Hace algunos días, los medios de comunicación se ufanaban de que la Delegación Presidencial ya estaba preparando y haciendo el dispositivo de lanzamiento. A ese respecto es importante señalar de que esta defensa va a agotar todas las herramientas legales para impedir que este atentado a los derechos fundamentales y al debido proceso tenga lugar, de momento que este lanzamiento será efectuado como resultado formalmente de una resolución judicial, pero, materialmente, como consecuencia de un proceso en el que ningún poblador ha sido emplazado, no ha podido defenderse, no ha podido designar abogados, no ha podido rendir pruebas, no se ha podido explicar frente a los tribunales para ejercer sus derechos (…) Por esta razón, el mes de febrero de este año, nosotros presentamos un recurso de protección en la Corte de Valparaíso, lo resolvió la Corte de la Serena y actualmente se encuentra en apelación ante la excelentísima Corte Suprema, con la finalidad de que se declare la inoponibilidad de este fallo. Para decirlo de una manera sencilla, que no puede ejecutarse este fallo respecto a aquellas personas que no han tenido la oportunidad de comparecer en el juicio y defenderse adecuadamente (…) Paralelamente hemos presentado una acción ante la justicia civil ordinaria de Viña del Mar, una demanda en contra de la inmobiliaria Bellavista, una empresa que especula con estos bienes, que pretende obtener ganancias exorbitantes explotando la precariedad social y explotando, particularmente, la debilidad procesal en que han sido puestos los pobladores. Por estas razones, por el resultado de estas acciones judiciales, es que los pobladores han concurrido a expresar, a ejercer un derecho constitucional, que es el derecho a protestar.”

Por último, el abogado Burgos hizo un llamado a todas las organizaciones sociales y colectividades políticas que se definen como defensoras de los derechos sociales, a sumarse a estas movilizaciones, ya que, puntualizó “son este tipo de acciones, la movilización, la denuncia, conjuntamente con las acciones judiciales que estamos llevando adelante, las que van a resolver esta cuestión. Esto es una tarea pendiente y el llamado es a continuar en esta lucha.”

Guillermo Correa Camiroaga

Valparaíso 22 septiembre 2026