EE.UU. castiga al fiscal boliviano que investiga a Cerimedo y abre nuevas dudas sobre el Escudo de las Américas

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Estados Unidos revocó la visa del fiscal general boliviano Roger Mariaca y lo acusó de corrupción. Mariaca encabeza el Ministerio Público que investiga a Fernando Cerimedo. No hay pruebas públicas de que ambas situaciones estén relacionadas, pero el episodio abre interrogantes sobre el alcance político del Escudo de las Américas.

La decisión del gobierno de Donald Trump de revocar la visa del fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, podría haber pasado como una medida más dentro de la nueva ofensiva estadounidense contra funcionarios latinoamericanos acusados de corrupción. Pero hay un dato que convierte el episodio en algo políticamente mucho más delicado: Mariaca es precisamente la máxima autoridad del Ministerio Público boliviano que mantiene abiertas varias investigaciones contra el asesor argentino Fernando Cerimedo, un operador político vinculado a redes de la derecha latinoamericana y a círculos cercanos al trumpismo.

Washington anunció la revocación de visas de 27 funcionarios, exfuncionarios y familiares de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. En el caso de Mariaca, el Departamento de Estado sostiene que existiría “información creíble” de que habría solicitado y recibido sobornos para facilitar actividades vinculadas al narcotráfico y permitir que delincuentes eludieran la justicia.

No se trata de una condena judicial. Estados Unidos está aplicando una medida administrativa migratoria que su legislación permite adoptar sin una sentencia penal previa. Pero la consecuencia es concreta: Mariaca queda impedido de ingresar a territorio estadounidense y, al mismo tiempo, es públicamente acusado por Washington de conductas extremadamente graves. AP News

El fiscal boliviano rechazó las acusaciones y sostuvo que la decisión constituye una forma de presión política. También afirmó que continuará con las investigaciones bajo responsabilidad del Ministerio Público, incluida la que afecta a Fernando Cerimedo.

El expediente Cerimedo

La coincidencia merece atención.

Cerimedo enfrenta actualmente varios procesos penales en Bolivia. El 27 de agosto, el propio Mariaca informó que existían tres causas abiertas en su contra: una por presunto intento de feminicidio, otra por violencia familiar y una tercera por supuesto enriquecimiento ilícito. unitel.bo

Días después, el Ministerio Público amplió esta última investigación incorporando los eventuales delitos de usurpación de funciones y legitimación de ganancias ilícitas. Cerimedo fue enviado a prisión preventiva por seis meses y trasladado al penal de máxima seguridad de Chonchocoro.

El consultor argentino ha adquirido notoriedad regional por su participación en campañas de derecha y por sus vínculos con dirigentes asociados al universo político de Donald Trump. Una reciente investigación de The Washington Post reconstruyó parte de esas redes políticas y digitales y situó a Cerimedo como una figura que ha intentado proyectar estrategias de tipo MAGA en América Latina. Cerimedo ha rechazado varias de las acusaciones formuladas en su contra y sus abogados han denunciado motivaciones políticas detrás de los procesos bolivianos. The Washington Post

No existe, hasta ahora, evidencia pública que permita afirmar que Estados Unidos sancionó a Mariaca por investigar a Cerimedo. Esa relación causal no ha sido demostrada.

Pero tampoco puede ignorarse la secuencia: el fiscal general dirige una institución que investiga a un operador políticamente conectado con sectores cercanos al trumpismo y, mientras esas investigaciones están en pleno desarrollo, Washington lo acusa públicamente de corrupción y le retira la visa.

La pregunta, por tanto, es legítima aunque todavía no tenga respuesta: ¿qué antecedentes posee Estados Unidos contra Mariaca y por qué decide actuar precisamente ahora?

Una sanción sin condena judicial

La diferencia entre una sanción migratoria y una condena penal no es menor.

Estados Unidos tiene amplias facultades para negar o retirar visas a ciudadanos extranjeros. Para hacerlo no necesita obtener previamente una sentencia judicial. El Departamento de Estado puede actuar sobre la base de información administrativa que considere suficientemente creíble.

El problema político aparece cuando esa facultad se utiliza para formular acusaciones públicas contra altas autoridades de otros Estados.

En el caso de Mariaca, Washington no se limitó a decir que su presencia en territorio estadounidense era inconveniente. Lo vinculó directamente con sobornos, narcotráfico y obstrucción de la justicia.

Hasta ahora, al menos públicamente, Estados Unidos no ha revelado las pruebas específicas que sostienen esas imputaciones.

Mariaca, por su parte, ha reclamado respeto por la soberanía boliviana y ha asegurado que continuará ejerciendo sus funciones.

El Escudo comienza a mostrar sus instrumentos

El episodio adquiere una dimensión adicional porque las restricciones de visas fueron presentadas dentro de la nueva política regional estadounidense asociada al Escudo de las Américas, la iniciativa impulsada por Trump para coordinar acciones contra narcotráfico, crimen organizado, corrupción y otras amenazas transnacionales.

Hasta ahora, en Chile, buena parte de la discusión sobre el Escudo se había desarrollado en términos relativamente abstractos: si se trataba de un acuerdo vinculante, si comprometía soberanía, si requería aprobación parlamentaria o si constituía apenas una declaración política.

Este lunes, durante su interpelación en la Cámara de Diputados, el canciller Francisco Pérez Mackenna insistió precisamente en ese punto. Dijo que Chile no había firmado un tratado y que el Escudo no era jurídicamente vinculante.

También afirmó, frente a las polémicas declaraciones del embajador estadounidense Brandon Judd, que “ningún embajador extranjero define lo que hace este país”, defendiendo la autonomía de la política exterior chilena.

Pero el caso Mariaca agrega una dimensión concreta a esa discusión.

El Escudo puede no crear obligaciones jurídicas automáticas para Chile, pero Estados Unidos posee instrumentos propios —visas, sanciones financieras, cooperación policial, inteligencia, acceso a mercados y relaciones diplomáticas— que puede utilizar unilateralmente contra personas o instituciones de la región.

Eso es precisamente lo que acaba de ocurrir.

Una cuestión que también interesa a Chile

La incorporación de Chile al Escudo ha provocado una resistencia política considerable y ya llegó hasta la Contraloría. Además, el Senado convocó una sesión especial para el 7 de octubre destinada a analizar sus implicancias para la política exterior y la autonomía estratégica del país. El País

El caso boliviano podría convertirse en un antecedente relevante para ese debate.

Si Washington comienza a utilizar de manera sistemática restricciones migratorias y otras herramientas unilaterales contra fiscales, jueces o funcionarios latinoamericanos bajo el paraguas político del Escudo, la cuestión deja de ser solamente cooperación contra el narcotráfico.

Pasa también a involucrar una pregunta más incómoda: ¿quién determina qué funcionarios latinoamericanos son confiables, corruptos o funcionales al crimen organizado, y bajo qué mecanismos de verificación?

En una relación entre Estados soberanos esa pregunta no es secundaria.

Tampoco lo es que uno de los primeros fiscales alcanzados por esta nueva política sea precisamente quien encabeza las investigaciones contra Fernando Cerimedo.

Puede tratarse de una coincidencia. Puede existir información contra Mariaca que Washington aún no ha hecho pública. O pueden aparecer nuevos antecedentes que modifiquen completamente el cuadro.

Pero precisamente por eso el asunto requiere transparencia.

Porque cuando una potencia acusa a la principal autoridad persecutora de otro país de colaborar con el narcotráfico, mientras esa autoridad investiga a un operador políticamente vinculado a redes cercanas a esa misma potencia, las pruebas importan tanto como las acusaciones.

Y para Chile, recién incorporado al Escudo de las Américas, observar lo que está ocurriendo en Bolivia puede ser una forma bastante concreta de comprender qué clase de arquitectura política está comenzando a construirse en la región.

Félix Montano