
Miles marchan por la Alameda y denuncian una fuerte represión policial: el conflicto social ha entrado en escena
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Miles de estudiantes, profesores y trabajadores marcharon este jueves por la Alameda contra los recursos contemplados para educación en el Presupuesto 2027. La manifestación estaba autorizada para avanzar desde Plaza Dignidad (Baquedano) hasta Los Héroes, pero Carabineros utilizó carros lanzagua y lanzagases cuando la columna se encontraba todavía en el sector de Universidad Católica y Santa Lucía. El Gobierno centró posteriormente su reacción en la agresión sufrida por estudiantes de derecha de la UC, un hecho que la propia Confech condenó, mientras dirigentes estudiantiles, sindicales y del Colegio de Profesores denunciaron la actuación policial.
La Alameda volvió a llenarse de estudiantes, profesores y trabajadores este jueves 1 de octubre.
Las cifras son controvertidas. Carabineros calculó unos 6.000 asistentes, mientras la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) estimó más de 20.000. Esta última cifra fue recogida también por medios que cubrieron la manifestación. Más allá de la diferencia, las imágenes de la jornada mostraron una extensa columna avanzando desde Plaza Dignidad (Baquedano) hacia el centro de Santiago.
Era una marcha autorizada.
La convocatoria había sido realizada por la Confech bajo la consigna “Para transformar Chile, ni un peso menos para la educación” y contó con la adhesión de la CUT, el Colegio de Profesoras y Profesores y numerosas organizaciones sindicales y sociales.
Su objetivo era protestar contra el Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno de José Antonio Kast y advertir sobre la situación del financiamiento de la educación pública.
Pero la jornada terminó abriendo otra discusión: el uso de la fuerza policial frente a las movilizaciones sociales.
Lanzagua y gases antes de llegar a Los Héroes
El recorrido autorizado comenzaba en Plaza Dignidad (Baquedano) y debía continuar por la Alameda hacia Los Héroes.
La columna no pudo completar normalmente ese trayecto.
Cuando los manifestantes se encontraban en el sector de Universidad Católica, GAM y posteriormente Santa Lucía comenzaron los enfrentamientos con Carabineros y la actuación de las unidades de Control de Orden Público.
Carabineros utilizó carros lanzagua y lanzagases. Parte de la columna tuvo que desviarse hacia Lastarria y otras calles para evitar la acción policial.
Diversos medios que cubrieron directamente la manifestación registraron el despliegue de varios carros lanzagua y vehículos lanzagases. La intervención se produjo mientras todavía quedaba una distancia considerable para alcanzar el punto final autorizado de la marcha.
El balance entregado posteriormente por Carabineros informó de 31 detenidos.
Las organizaciones convocantes entregaron una versión mucho más crítica de lo sucedido.
“La represión fue muy brutal e injustificada”
Uno de los testimonios más duros fue el del presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar, quien participaba en la cabecera de la movilización.
Según Aguilar, la marcha avanzaba normalmente hasta llegar al sector de Santa Lucía.
“La represión fue muy brutal e injustificada”, afirmó posteriormente el dirigente.
El Colegio de Profesores denunció que dirigentes y participantes fueron alcanzados por agua y gases y señaló que algunas personas incluso se desmayaron producto de la acción policial.
El gremio docente anunció que continuará movilizándose en defensa de la educación pública.
La presidenta de la FECh y vocera de la Confech, Laura Mlynarz, hizo una evaluación similar.
Según la dirigente, la marcha fue “masiva y pacífica en su mayoría” y la intervención policial terminó con miles de estudiantes y trabajadores mojados y afectados por los gases.
El testimonio coincide con el entregado horas antes a El Clarín por Sergio Fuentes, vocero de Conatracops, quien marchaba junto a trabajadores y estudiantes.
Fuentes sostuvo que la manifestación avanzaba pacíficamente cuando comenzó la intervención policial en Santa Lucía y acusó al Gobierno de responder con represión en lugar de dialogar con los movimientos sociales.
El incidente de la Universidad Católica
La jornada tuvo también un episodio de violencia que adquirió rápidamente una importante presencia en la cobertura informativa.
En el frontis de la Casa Central de la Universidad Católica, integrantes de Solidaridad UC y del Movimiento Gremial realizaban una contramanifestación cuando fueron enfrentados por un grupo de participantes de la marcha, algunos encapuchados.
Los registros muestran agresiones, lanzamiento de objetos y pintura contra los estudiantes de derecha, quienes finalmente ingresaron al recinto universitario.
El hecho es condenable y la propia Confech así lo reconoció.
Laura Mlynarz calificó como “inaceptable” ese tipo de enfrentamientos entre estudiantes y afirmó que la organización condenaba todas las situaciones de violencia ocurridas durante la jornada.
Dirigentes de la Confech y de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica acudieron posteriormente al Hospital Clínico UC Christus para conocer el estado de los estudiantes afectados.
El Gobierno, sin embargo, concentró buena parte de su reacción pública en este episodio.
El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, condenó los ataques y señaló que el derecho a manifestarse no autoriza a agredir a quienes piensan distinto. El Ejecutivo informó además que evaluaría eventuales acciones legales.
La condena de esa agresión no resuelve, sin embargo, otra pregunta que dejó abierta la jornada: por qué una manifestación autorizada terminó sometida a una intervención policial de tal intensidad antes de completar su recorrido.
Dos relatos sobre una misma marcha
Lo ocurrido este jueves comienza así a producir dos relatos diferentes.
Uno pone el acento en los incidentes, los encapuchados y especialmente en la agresión sufrida por los estudiantes de derecha de la Universidad Católica.
El otro destaca la magnitud de la convocatoria, su carácter mayoritariamente pacífico y la utilización de carros lanzagua y lanzagases contra una columna que todavía avanzaba por el recorrido autorizado.
Ambos hechos ocurrieron.
Pero no tienen necesariamente la misma dimensión.
La agresión en la Universidad Católica involucró a grupos determinados y fue condenada incluso por la dirección de la Confech. La actuación policial, en cambio, afectó a una movilización de miles de personas y ha sido denunciada no solamente por dirigentes estudiantiles, sino también por representantes sindicales y por el presidente del Colegio de Profesores.
La discusión, por tanto, no debería limitarse a escoger cuál de los dos hechos mostrar.
La cuestión relevante es establecer qué ocurrió primero, cuándo intervino Carabineros, qué circunstancias justificaron el empleo de lanzagua y gases y por qué una marcha autorizada no pudo desarrollar normalmente el recorrido previamente acordado con las autoridades.
Son preguntas que requieren una explicación del Gobierno y de la institución policial.
Una movilización distinta
Hay además un elemento político que puede terminar siendo más importante que los incidentes.
Esta no fue solamente una marcha universitaria.
En la Alameda estuvieron estudiantes secundarios y universitarios, profesores y organizaciones de trabajadores. La CUT adhirió a la convocatoria y también participaron sindicatos de distintos sectores.
“Frente a un gobierno que no dialoga, que no quiere escuchar a los estudiantes y no le interesa tampoco reunirse con las distintas organizaciones, se vuelve esencial la unidad”, señaló Mlynarz durante la jornada.
Esa convergencia merece atención.
La movilización cerró cuatro días consecutivos de protestas sociales: el lunes se movilizaron organizaciones feministas; martes y miércoles paralizaron trabajadores de la atención primaria de salud; y este jueves estudiantes, profesores y trabajadores confluyeron en la Alameda.
No existe todavía un movimiento social unificado contra el Gobierno y sería apresurado anunciarlo.
Pero hay señales nuevas.
El Presupuesto llevó el conflicto a la calle
La marcha se produjo apenas horas después de que Kast presentara su primer proyecto de Presupuesto.
El gasto público proyectado para 2027 aumenta globalmente un 1,5%, el incremento más reducido de las últimas dos décadas si se excluye el ajuste posterior a la pandemia de 2022. El Ejecutivo sostiene que se trata de una expansión fiscal responsable y que los recursos estarán concentrados en crecimiento, empleo, seguridad y programas sociales efectivos.
Las organizaciones estudiantiles cuestionan, en cambio, los recursos destinados a educación y denuncian una creciente precarización del sistema público.
Hasta ahora esa discusión podía parecer principalmente presupuestaria.
Después de este jueves dejó de serlo.
El Presupuesto comienza su recorrido por el Congreso mientras distintos sectores sociales comienzan también a expresar sus demandas fuera de él.
Y ese puede ser el principal dato político de la jornada.
Durante sus primeros meses, buena parte de las dificultades del Gobierno de Kast se había concentrado en el Parlamento, las tensiones dentro del oficialismo y las controversias de política exterior.
Ahora aparece otro escenario: la calle.
Todavía es temprano para saber si la movilización de este jueves constituye un episodio aislado o el comienzo de un ciclo más sostenido de protestas.
Pero la imagen de miles de estudiantes, profesores y trabajadores avanzando juntos por la Alameda, mientras carros lanzagua y lanzagases intentaban dispersarlos, deja una señal que probablemente sobrevivirá a los incidentes puntuales de la jornada.
El conflicto social comienza a entrar en escena.
Félix Montano
