Aluvión en Las Condes: las advertencias estaban, las obras no y ahora la Fiscalía investiga responsabilidades

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El aluvión que golpeó a San Carlos de Apoquindo el jueves abre una controversia que va mucho más allá de las lluvias extremas. Un incendio forestal, un aluvión anterior y advertencias de las autoridades habían dejado en evidencia los riesgos de la zona. Sin embargo, las obras de contención comprometidas todavía no comenzaban. Mientras la Fiscalía investiga eventuales responsabilidades penales, el Gobierno y el municipio discrepan sobre la prevención de una catástrofe que vuelve a poner en cuestión la planificación territorial de Santiago.

El aluvión que el jueves 8 de octubre arrasó calles, viviendas y vehículos en el sector de San Carlos de Apoquindo, en Las Condes, comienza a transformarse en algo más que una emergencia provocada por precipitaciones extraordinarias. A medida que avanzan las labores de limpieza y se conocen nuevos antecedentes, surge una pregunta que las autoridades deberán responder: ¿por qué una zona donde el peligro había sido identificado con meses de anticipación seguía sin las obras de protección comprometidas?

La pregunta adquirió este viernes una dimensión judicial. La Fiscalía Metropolitana Oriente confirmó la apertura de una investigación destinada a esclarecer las circunstancias del aluvión y determinar si existen responsabilidades penales por sus consecuencias. Las diligencias quedaron a cargo del fiscal jefe de Las Condes, Francisco Lanas, y del fiscal adjunto Manuel Zará, con la participación de personal especializado del OS9 y del Laboratorio de Criminalística de Carabineros.

La investigación deberá establecer, entre otros aspectos, el estado previo de las quebradas y los cauces, las condiciones de las obras de evacuación de aguas y las eventuales omisiones que pudieran haber contribuido a la magnitud del desastre. Según informó Cooperativa, entre las figuras jurídicas que se evalúan se encuentra un posible cuasidelito de lesiones.

La apertura de una investigación no significa que existan responsabilidades penales acreditadas. Pero representa un cambio significativo: el desastre comienza a ser examinado también desde las obligaciones de prevención y cuidado de los organismos responsables.

Una catástrofe que dejó miles de viviendas afectadas

El balance municipal conocido este viernes muestra la magnitud de la emergencia. Según la Municipalidad de Las Condes, unas 2.015 viviendas resultaron afectadas, de las cuales 55 presentan daños mayores y fueron declaradas inhabitables. Otras 1.960 registran daños menores.

El barro y los sedimentos comprometieron aproximadamente 3,1 kilómetros cuadrados, además de 12 kilómetros de avenidas y tres kilómetros de calles secundarias. Vehículos arrastrados por la corriente debieron ser retirados con grúas, mientras cuadrillas municipales y equipos de emergencia continuaban trabajando en la recuperación de los sectores afectados.

Las primeras informaciones también dieron cuenta de al menos seis personas lesionadas, entre ellas un niño de un año que sufrió una fractura en una pierna.

El Gobierno decretó zona de catástrofe para la comuna, permitiendo activar mecanismos extraordinarios de respuesta.

Sin embargo, mientras se multiplican los esfuerzos de recuperación, los antecedentes conocidos durante las últimas horas muestran que la vulnerabilidad de la zona no era desconocida.

Las advertencias comenzaron mucho antes de octubre

La secuencia de acontecimientos permite reconstruir una historia que comenzó varios meses antes del aluvión.

A fines de diciembre de 2025, un incendio forestal afectó aproximadamente mil hectáreas de vegetación en la precordillera de San Carlos de Apoquindo. El fuego destruyó parte importante de la cobertura vegetal que contribuía a mantener la estabilidad de los suelos y a reducir el arrastre de sedimentos durante las precipitaciones.

La pérdida de vegetación aumentó la vulnerabilidad de las quebradas frente a lluvias intensas. En determinadas condiciones, además, los incendios pueden alterar las propiedades superficiales del suelo y reducir su capacidad de infiltración.

El 31 de enero de 2026 se produjo un primer aluvión que afectó a decenas de viviendas. Aquella emergencia constituyó una advertencia concreta sobre las condiciones de la cuenca.

Durante marzo, la alcaldesa Catalina San Martín sostuvo reuniones con el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, y representantes de Senapred para abordar la necesidad de nuevas medidas de protección.

En ese momento se discutió la instalación de mallas dinámicas destinadas a retener rocas y otros materiales arrastrados por las quebradas. También se planteó la necesidad de ejecutar intervenciones de mayor envergadura.

El 7 de agosto, el municipio anunció un convenio con el Club Deportivo Universidad Católica para facilitar la instalación de cinco barreras de contención, mediante una inversión de $754 millones financiada por el Ministerio de Obras Públicas.

Pero las obras seguían pendientes cuando llegaron las precipitaciones de octubre.

Las mallas comenzarían a instalarse dos días después del desastre

Uno de los antecedentes más reveladores fue entregado por la propia alcaldesa Catalina San Martín durante la mañana de este viernes.

Según explicó, los trabajos para habilitar los accesos necesarios para instalar las mallas dinámicas estaban programados para comenzar el sábado 10 de octubre. Es decir, apenas dos días después del aluvión.

La autoridad comunal señaló que los contratos ya estaban preparados y que la instalación permitiría retener parte del material que desciende desde las quebradas superiores. Ahora, agregó, las condiciones del terreno dificultan incluso el ingreso de maquinaria.

La coincidencia de fechas resulta particularmente significativa. Después de un incendio forestal, un aluvión previo, reuniones institucionales y compromisos de inversión, las obras de mitigación todavía no se habían materializado cuando ocurrió una nueva emergencia.

Esto no permite concluir que las barreras habrían impedido la catástrofe. La efectividad de esas estructuras depende de su ubicación, capacidad de retención, características del flujo y condiciones de mantenimiento.

Pero sí obliga a examinar los tiempos administrativos, las decisiones técnicas y las prioridades que determinaron su ejecución.

¿Por qué transcurrieron tantos meses entre las primeras advertencias y el comienzo programado de las obras? ¿Existían alternativas provisionales de protección? ¿Quién debía evaluar la urgencia de intervenir las quebradas?

Son interrogantes que hasta ahora no tienen respuestas suficientemente claras.

La alcaldesa cuestiona al MOP y el ministro defiende las medidas adoptadas

La controversia ya enfrenta a distintas autoridades.

Catalina San Martín ha insistido en que el municipio realizó labores de limpieza y mantención, pero que las intervenciones estructurales en las quebradas requieren la participación de la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas.

La alcaldesa considera que las mallas dinámicas son insuficientes como solución definitiva y plantea la construcción de piscinas decantadoras y otras infraestructuras capaces de contener grandes volúmenes de sedimentos.

El biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, defendió las acciones desarrolladas por su cartera y sostuvo que la magnitud del fenómeno superó la capacidad de las obras existentes.

En declaraciones a Cooperativa afirmó que ninguna medida preventiva habría podido evitar completamente lo ocurrido, aunque reconoció la necesidad de avanzar en infraestructura de protección.

También explicó que los ductos del sector de General Blanche estaban concebidos para evacuar agua, no para recibir el volumen de rocas, barro y otros materiales que descendió desde la cordillera.

Su explicación introduce otra interrogante: si las instalaciones existentes estaban diseñadas para condiciones distintas de las que efectivamente se produjeron, ¿correspondía revisar sus capacidades después de los episodios anteriores?

La discusión no puede reducirse a determinar qué autoridad tiene razón. Lo relevante es establecer si los riesgos conocidos fueron incorporados oportunamente a las decisiones de inversión, diseño y prevención.

La alerta que no llegó

Otro aspecto que genera cuestionamientos es la ausencia de una alerta de evacuación mediante el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE).

Según los antecedentes publicados por El Mostrador, Senapred informó a las 17:41 horas sobre la activación de quebradas y difundió posteriormente recomendaciones generales para quienes se encontraban en sectores cordilleranos. Sin embargo, no se emitió una orden de evacuación mediante el sistema de mensajería de emergencia.

La rápida evolución del fenómeno constituye una dificultad real para los sistemas de alerta temprana. Los aluviones pueden desarrollarse en pocos minutos y sus trayectorias precisas son difíciles de anticipar.

Pero esa característica también refuerza la importancia de disponer de protocolos preventivos para sectores donde ya existen antecedentes de remociones en masa.

La discusión deberá establecer si los organismos responsables contaban con información suficiente para activar advertencias más tempranas y si existían procedimientos adecuados para una emergencia de estas características.

La urbanización de la precordillera, un problema de fondo

Más allá de las responsabilidades inmediatas, el aluvión vuelve a exponer una contradicción estructural del desarrollo urbano de Santiago.

Durante décadas, la ciudad ha extendido sus límites hacia sectores precordilleranos donde las quebradas forman parte de sistemas naturales de evacuación de aguas, sedimentos y materiales provenientes de las montañas.

La urbanización de esos territorios exige obras de mitigación, estudios geológicos, restricciones de uso del suelo y sistemas de monitoreo capaces de responder a riesgos que no desaparecen con la construcción de calles y viviendas.

Por el contrario, cuando una quebrada se activa, el flujo puede encontrar nuevos obstáculos y seguir las pendientes urbanizadas, transformando avenidas y calles en vías de escurrimiento.

Las Condes dispone de recursos municipales y concentra sectores residenciales de altos ingresos. Sin embargo, esas condiciones no eliminan la exposición a amenazas naturales ni garantizan que las decisiones de planificación territorial sean suficientes.

El problema tampoco se limita a esta comuna. Numerosos sectores de Santiago y de otras ciudades chilenas se encuentran expuestos a inundaciones, incendios forestales, remociones en masa y otros fenómenos cuya intensidad puede superar la capacidad de respuesta de la infraestructura existente.

La experiencia de San Carlos de Apoquindo obliga a preguntarse cuánto se ha avanzado realmente desde una planificación urbana que reacciona después de los desastres hacia otra que incorpora el riesgo antes de autorizar nuevas ocupaciones del territorio.

El cambio climático y las responsabilidades humanas

Las precipitaciones extraordinarias que afectaron a Santiago se produjeron en un contexto de condiciones meteorológicas especialmente intensas.

Sin embargo, sería incorrecto atribuir directamente este aluvión al cambio climático sin contar con estudios específicos que permitan establecer esa relación.

Lo que sí está ampliamente reconocido es que el calentamiento global modifica las condiciones de riesgo y exige revisar las capacidades de adaptación de las ciudades frente a fenómenos extremos.

En el caso de Las Condes confluyeron distintos factores: precipitaciones intensas, pendientes pronunciadas, pérdida de vegetación después del incendio forestal, acumulación de materiales en las quebradas y presencia de infraestructura urbana en las zonas de escurrimiento.

Determinar el peso relativo de cada uno requerirá investigaciones técnicas.

Pero la existencia de factores naturales no elimina las responsabilidades humanas. La planificación territorial, la ejecución de obras preventivas, la conservación de ecosistemas y la preparación de sistemas de emergencia son decisiones institucionales.

Y esas decisiones pueden reducir o aumentar las consecuencias de un fenómeno peligroso.

La pregunta que queda después del barro

Mientras las familias afectadas intentan recuperar sus viviendas y los equipos de emergencia retiran toneladas de sedimentos, la discusión pública comienza a desplazarse hacia las responsabilidades.

La investigación de la Fiscalía podrá esclarecer si existieron conductas u omisiones con relevancia penal. Paralelamente, las autoridades administrativas deberán explicar los plazos de las obras, los criterios utilizados para priorizarlas y las medidas adoptadas después de las advertencias anteriores.

También será necesario conocer los informes técnicos completos y determinar si la infraestructura proyectada respondía adecuadamente a las características de las quebradas.

La catástrofe no puede evaluarse únicamente a partir de la intensidad de las precipitaciones. Hubo un incendio, un aluvión anterior, advertencias institucionales y proyectos de mitigación que todavía esperaban su ejecución.

La naturaleza desencadenó el desastre. Pero corresponde establecer hasta qué punto sus consecuencias estuvieron condicionadas por decisiones humanas.

En Las Condes, la pregunta ya no es solamente por qué bajó el barro. Es también por qué, después de tantas advertencias, las obras destinadas a contenerlo aún no estaban instaladas.

Redacción del Clarín

Fuentes consultadas: Cooperativa, Radio BioBio, El Mostrador, Emol