Londres 38 denuncia recorte de casi 60% a sitios de memoria y advierte que desaparecen los fondos para su recuperación

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La organización cuestionó las cifras oficiales del Presupuesto 2027 y denunció que la reducción real del Programa Sitios de Memoria alcanza el 59,56% respecto de los recursos originalmente asignados para 2026. El Gobierno sostiene que mantiene las transferencias directas a diez instituciones y que existen otras vías de financiamiento. La controversia no solo enfrenta dos maneras de calcular el ajuste: también abre una discusión sobre el futuro de la conservación de los lugares donde operó la represión durante la dictadura.

El debate sobre los recortes al presupuesto de Cultura adquirió este viernes una nueva dimensión. Londres 38, espacio de memorias, denunció que la propuesta de Presupuesto 2027 presentada por el Gobierno de José Antonio Kast contempla una reducción del 59,56% en los recursos del Programa Sitios de Memoria, una cifra considerablemente superior al 25,3% informado durante los últimos días.

La diferencia no es menor. Mientras la primera cifra representa una disminución de aproximadamente mil millones de pesos respecto de las asignaciones iniciales de 2026, la segunda considera una reducción de unos 231 millones sobre una base presupuestaria distinta.

La organización sostiene que el ajuste amenaza la continuidad de las actividades de conservación, investigación, educación y recuperación patrimonial desarrolladas en antiguos centros de detención y tortura, memoriales y otros espacios vinculados a las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura.

En una declaración publicada este 9 de octubre, Londres 38 cuestionó tanto las reducciones ejecutadas durante 2026 como las nuevas disposiciones contenidas en el proyecto para el próximo año.

Dos cifras para explicar un mismo ajuste

La controversia tiene su origen en la forma de comparar los presupuestos.

Según los antecedentes entregados por Londres 38, el Programa Sitios de Memoria recibió inicialmente para 2026 un total de $1.688,9 millones, distribuidos entre transferencias corrientes e inversión.

De ese monto, $1.183,5 millones correspondían a recursos corrientes, mientras que otros $505,4 millones estaban destinados a transferencias de capital, utilizadas para financiar proyectos de recuperación y mejoramiento de infraestructura.

Durante el año, el Ministerio de Hacienda aplicó reducciones a ambas partidas.

Las transferencias corrientes disminuyeron un 43,9%, pasando de $1.183,5 millones a $663,6 millones, mediante el Decreto 332. Los recursos de inversión también fueron reducidos, desde $505,4 millones hasta $225 millones, una caída del 55,48%.

Para 2027, el proyecto contempla $683,1 millones en transferencias corrientes y no incorpora una asignación equivalente para inversión dentro del mismo programa.

La organización calcula que, comparando el presupuesto inicial de 2026 con la propuesta para 2027, la disminución alcanza el 59,56%.

Las cifras difundidas previamente por CIPER y otros medios utilizan una base comparable de aproximadamente $915 millones para 2026, frente a los $683 millones propuestos para 2027. De allí surge la reducción del 25,3%.

Ambas comparaciones responden a bases presupuestarias diferentes. La primera muestra la distancia entre las asignaciones iniciales de 2026 y las previstas para 2027; la segunda utiliza la base de comparación empleada en la discusión del nuevo proyecto.

La diferencia no significa que Londres 38 haya sufrido individualmente un recorte del 59,56%. La cifra corresponde al programa general que financia a distintos espacios de memoria.

Desaparece una partida específica para recuperar los sitios

Más allá de la discusión sobre porcentajes, el antecedente de mayor importancia es la eliminación de la asignación de inversión del Programa Sitios de Memoria para 2027.

Se trata de recursos destinados a intervenciones materiales en inmuebles y espacios que, en muchos casos, requieren trabajos especializados de restauración, conservación y protección.

Los antiguos centros de detención y tortura no son edificios convencionales. Sus muros, habitaciones, patios y estructuras forman parte del patrimonio histórico y constituyen testimonios materiales de los crímenes cometidos durante la dictadura.

Su conservación exige criterios técnicos que permitan mantener las condiciones originales, proteger las evidencias históricas y garantizar condiciones adecuadas para las visitas y actividades educativas.

La eliminación de una partida específica no significa necesariamente que desaparezcan todas las posibilidades de financiar estas intervenciones. Sin embargo, obliga a las organizaciones a buscar recursos mediante otros mecanismos, cuyas condiciones y disponibilidad pueden ser diferentes.

Este es uno de los puntos centrales de la denuncia de Londres 38: la conservación del patrimonio vinculado a las violaciones de derechos humanos queda expuesta a una mayor incertidumbre financiera.

Seis sitios quedaron sin financiamiento durante 2026

La organización advierte que los efectos del ajuste comenzaron antes de la presentación del Presupuesto 2027.

Según su declaración, la reducción de las transferencias corrientes aplicada durante este año dejó a seis sitios de memoria sin financiamiento a través del programa.

Algunos de esos espacios anunciaron dificultades para continuar funcionando, mientras otros iniciaron actividades de recaudación y campañas de aportes voluntarios.

Esta situación muestra una de las diferencias entre los sitios que cuentan con transferencias nominadas directamente en la Ley de Presupuestos y aquellos que dependen de convocatorias y fondos de carácter general.

Los primeros disponen de una asignación identificada para la institución, sujeta a las condiciones legales correspondientes. Los segundos deben obtener recursos mediante mecanismos de postulación o distribución, cuya disponibilidad puede variar cada año.

En ese escenario, una disminución de los fondos generales puede afectar especialmente a organizaciones pequeñas que carecen de fuentes alternativas de financiamiento.

Londres 38 considera que esta situación forma parte de un proceso de debilitamiento de las políticas públicas de memoria y cuestiona que el Estado reduzca recursos destinados a funciones vinculadas con sus compromisos de derechos humanos.

Londres 38 mantiene su transferencia directa, pero cuestiona el sistema

Una distinción importante es que Londres 38 no figura entre las instituciones cuya transferencia nominada desaparece del proyecto.

La propuesta de Presupuesto 2027 contempla aproximadamente $419,6 millones para Londres 38 Casa Memoria, mientras que Villa Grimaldi recibiría $415,5 millones y el Memorial de Paine, $172,1 millones.

El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos mantiene una asignación de aproximadamente $2.642 millones.

Estas cifras corresponden a transferencias específicas y no representan necesariamente la totalidad de los recursos disponibles para cada institución.

Por tanto, no existe en los antecedentes presupuestarios examinados una evidencia de que Londres 38 haya sido objeto de una reducción individual mayor que otros sitios.

Su denuncia apunta a una cuestión más amplia: el debilitamiento de los mecanismos generales que permiten sostener y recuperar el conjunto de estos espacios.

Esta diferencia resulta fundamental para comprender el debate. Una institución puede mantener su asignación directa y, al mismo tiempo, cuestionar la disminución de recursos destinados a organizaciones que no cuentan con ese respaldo presupuestario.

El Gobierno defiende otras vías de financiamiento

Desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio se ha respondido que las organizaciones vinculadas a memoria y derechos humanos pueden acceder a otros instrumentos administrados por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.

El subsecretario de Patrimonio, Emilio de la Cerda, explicó a La Tercera que existen posibilidades de financiamiento mediante glosas presupuestarias, el Fondo de Fortalecimiento a Organizaciones Patrimoniales y el Fondo de Mejoramiento Integral de Museos, siempre que las instituciones cumplan los requisitos establecidos.

También señaló que diez sitios y museos de memoria mantienen sus transferencias directas, por un total aproximado de $4.015 millones.

La autoridad destacó, además, que se encuentra en tramitación una iniciativa legal destinada a regular las modalidades de financiamiento de los sitios de memoria.

La respuesta oficial plantea, por tanto, que la reducción de una partida no equivale necesariamente a una eliminación de los recursos disponibles para todas las instituciones.

Sin embargo, la existencia de fondos alternativos no garantiza que puedan reemplazar automáticamente las asignaciones eliminadas.

Los mecanismos concursables pueden tener objetivos, condiciones de postulación y plazos distintos. Además, las organizaciones deben competir por recursos que también pueden estar sometidos a restricciones presupuestarias.

De hecho, el propio proyecto 2027 contempla una reducción del 45,3% en el Fondo del Patrimonio Cultural, lo que introduce nuevas interrogantes sobre la capacidad de esos instrumentos para absorber necesidades que antes contaban con financiamiento específico.

Una discusión presupuestaria con una dimensión política explícita

El ajuste se produce en un contexto de revisión general del gasto público impulsada por el Ejecutivo.

El Ministerio de las Culturas enfrenta una reducción presupuestaria del 10,1%, con disminuciones que afectan al Fondo del Libro, el Pase Cultural, la inversión patrimonial y otros programas.

El Gobierno ha presentado estas medidas dentro de una política de contención del gasto y reorganización de prioridades.

Sin embargo, la discusión sobre los sitios de memoria también ha adquirido una dimensión política explícita.

La diputada republicana Javiera Rodríguez, presidenta de la Comisión de Cultura de la Cámara, expresó públicamente su satisfacción por determinadas reducciones presupuestarias, incluyendo las destinadas a sitios de memoria.

En declaraciones recogidas por La Tercera, sostuvo que las prioridades del país habían cambiado y que seguridad y economía debían concentrar mayor atención gubernamental.

La parlamentaria también planteó cuestionamientos sobre el financiamiento de determinadas organizaciones.

Estas declaraciones permiten constatar que al menos una parte del oficialismo respalda políticamente la reducción de recursos destinados a espacios de memoria.

No obstante, esa posición no demuestra por sí sola que todas las decisiones presupuestarias hayan obedecido a motivaciones ideológicas. Para establecer los criterios específicos de distribución sería necesario conocer los antecedentes técnicos y las instrucciones utilizadas por Hacienda y las autoridades sectoriales.

Lo que sí resulta evidente es que la discusión ya no se limita a determinar cuánto dinero puede ahorrar el Estado. También enfrenta distintas concepciones sobre el lugar que deben ocupar las políticas de memoria en las prioridades públicas.

La memoria como responsabilidad permanente del Estado

Los sitios de memoria cumplen funciones que exceden la conservación de edificios históricos.

Son espacios de investigación, documentación, educación y transmisión de experiencias relacionadas con la represión política y las violaciones de derechos humanos.

En ellos se preservan testimonios, archivos y antecedentes que permiten reconstruir acontecimientos del pasado y mantener disponibles conocimientos relevantes para las nuevas generaciones.

Su funcionamiento también se relaciona con las obligaciones estatales de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

La discusión presupuestaria plantea, en consecuencia, un problema que no puede resolverse únicamente mediante comparaciones contables.

Corresponde establecer cuáles son los recursos necesarios para conservar estos espacios, qué obligaciones ha asumido el Estado respecto de ellos y qué mecanismos ofrecen condiciones de financiamiento estables y transparentes.

También resulta necesario conocer qué sitios quedaron sin apoyo durante 2026, cuáles son sus necesidades de infraestructura y qué proyectos podrían verse afectados por la eliminación de las transferencias de capital.

Son antecedentes indispensables para evaluar las consecuencias concretas del ajuste.

El Congreso deberá resolver

El proyecto de Presupuesto 2027 todavía debe completar su tramitación parlamentaria.

Londres 38 llamó al Congreso Nacional a intervenir en la discusión y revisar las reducciones que, a juicio de la organización, comprometen la continuidad de las políticas públicas de memoria.

El debate ofrece una oportunidad para aclarar las diferencias entre el presupuesto inicial, el presupuesto vigente después de las modificaciones y los recursos efectivamente propuestos para el próximo año.

Pero también exige una respuesta sobre la eliminación de los fondos específicos de inversión y sobre las alternativas disponibles para los sitios que no reciben transferencias nominadas.

El Gobierno sostiene que existen mecanismos complementarios y que las principales instituciones mantienen sus asignaciones directas. Londres 38 advierte que esas medidas no compensan el debilitamiento del programa general.

La controversia deberá resolverse con antecedentes presupuestarios completos y una evaluación de sus consecuencias.

Porque detrás de las cifras existe una cuestión de largo plazo: cómo garantizar que los lugares donde se documentan las violaciones de derechos humanos puedan conservarse, permanecer abiertos y cumplir sus funciones públicas, independientemente de los cambios de gobierno y de las prioridades presupuestarias de cada administración.

Redacción del Clarín

Fuentes: Londres 38, La Tercera