Denuncian ante Contraloría alertas tardías de Senapred durante tormenta que inundó Santiago

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El abogado Luis Mariano Rendón solicitó investigar la actuación de Senapred y de las autoridades regionales durante la tormenta eléctrica y las intensas precipitaciones del martes 13 de octubre. Según la denuncia, el organismo rebajó el nivel de alerta horas antes de la emergencia y solo declaró Alerta Roja cuando el granizo y los anegamientos ya afectaban a distintos sectores de la capital.

Una denuncia ante la Contraloría General de la República presentó este miércoles 14 de octubre el abogado de derechos humanos Luis Mariano Rendón, quien solicitó investigar eventuales responsabilidades administrativas por la actuación del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) durante la tormenta que afectó a Santiago la tarde del martes.

La presentación apunta tanto a Senapred como a la Delegación Presidencial Regional Metropolitana y a las autoridades responsables de la supervisión del organismo. El cuestionamiento central es la oportunidad con que se adoptaron y comunicaron las medidas de alerta frente a un fenómeno meteorológico que había sido anticipado por la Dirección Meteorológica de Chile.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por Rendón, a las 12:43 horas del martes, cuando se encontraba vigente un aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas acompañadas de granizo durante esa misma tarde, Senapred decidió rebajar el nivel de alerta regional desde Alerta Amarilla a Alerta Temprana Preventiva, el nivel más bajo del sistema.

Horas después, cuando las precipitaciones, el granizo y los anegamientos ya afectaban a distintos sectores de la Región Metropolitana, el organismo elevó la condición a Alerta Roja. La decisión se adoptó recién a las 17:15 horas.

La denuncia agrega que el único mensaje enviado a la población mediante el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) se emitió a las 18:47 horas y estuvo circunscrito a un sector de la comuna de Talagante.

Esta secuencia constituye el principal fundamento de la presentación ante Contraloría, que busca establecer si las decisiones de las autoridades se ajustaron a sus obligaciones legales de prevención y protección de la población.

Una segunda emergencia en menos de una semana

La denuncia adquiere especial relevancia porque la tormenta del martes ocurrió apenas cinco días después del aluvión que afectó a sectores precordilleranos de Las Condes, donde también surgieron cuestionamientos públicos por la ausencia o insuficiencia de las alertas preventivas.

Ambos episodios, aunque de características diferentes, vuelven a situar en el debate la capacidad de las instituciones para anticipar emergencias meteorológicas y comunicar oportunamente sus riesgos.

En el caso de la tormenta del 13 de octubre, la cuestión que plantea Rendón es especialmente precisa: si existía un aviso meteorológico que advertía de posibles tormentas eléctricas con granizo, ¿cuáles fueron los antecedentes técnicos que justificaron rebajar el nivel de alerta pocas horas antes de que se produjera la emergencia?

La respuesta a esa interrogante podría resultar determinante para establecer si hubo deficiencias en los procedimientos de evaluación del riesgo y en la coordinación entre los organismos responsables.

Los deberes legales de Senapred

La presentación invoca el artículo 38 de la Ley N.º 21.364, que creó el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres y establece obligaciones relacionadas con la declaración y difusión de los estados de alerta.

Según el denunciante, la actuación de Senapred podría contravenir la exigencia legal de comunicar las alertas a la población «en forma oportuna, clara y suficiente».

El escrito también cita el artículo 11 de la Ley N.º 18.575, sobre las bases generales de la Administración del Estado, y el artículo 64 de la Ley N.º 18.834, relativo al Estatuto Administrativo, en cuanto a las obligaciones de control jerárquico, supervisión y eficiencia de los servicios públicos.

A ello agrega el artículo 1.º de la Constitución, que establece el deber del Estado de dar protección a la población.

La denuncia busca, por tanto, que se examine no solo la actuación operativa de Senapred, sino también las eventuales responsabilidades de las autoridades encargadas de supervisar su funcionamiento.

Solicitan investigación y eventual sumario administrativo

Rendón pidió a la Contraloría abrir una investigación sobre las circunstancias en que se adoptaron las decisiones de alerta durante la jornada del martes y, si existen antecedentes suficientes, instruir un sumario administrativo para determinar las responsabilidades correspondientes.

La presentación no supone que se hayan acreditado infracciones ni responsabilidades individuales. Corresponderá al organismo contralor examinar los antecedentes, determinar si las actuaciones se ajustaron a la normativa vigente y resolver si procede iniciar medidas disciplinarias.

El caso abre, además, una discusión sobre la diferencia entre disponer de información meteorológica y convertir esa información en advertencias efectivas para la ciudadanía.

Los avisos de la Dirección Meteorológica, las declaraciones de alerta de Senapred y los mensajes del sistema SAE cumplen funciones distintas dentro de la gestión de emergencias. Por ello, establecer una eventual responsabilidad administrativa requiere examinar los criterios técnicos utilizados, los protocolos aplicables y las condiciones existentes al momento de cada decisión.

Sin embargo, la sucesión de episodios ocurridos en Santiago durante la última semana vuelve a poner bajo escrutinio público el funcionamiento del sistema de prevención de desastres, particularmente frente a fenómenos meteorológicos intensos que pueden desarrollarse rápidamente en zonas urbanas densamente pobladas.

La investigación solicitada a Contraloría deberá esclarecer si las alertas se emitieron con la anticipación que permitían los antecedentes disponibles y si las autoridades cumplieron sus deberes de prevención, coordinación y comunicación del riesgo.