«Con mi plata no»: cuando la consigna se vuelve contra las AFP

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Durante años, una de las consignas más eficaces de la derecha económica chilena fue «Con Mi Plata No». Era breve, contundente y apelaba a un principio difícil de discutir: los ahorros previsionales pertenecen a los trabajadores. Sobre esa afirmación se construyó una campaña que movilizó recursos, organizaciones, agencias de comunicaciones y una considerable influencia sobre el debate político. Su propósito era impedir que las reformas previsionales modificaran sustancialmente el modelo de capitalización individual.

Hoy la consigna adquiere un significado inesperado. Miles de trabajadores han visto disminuir el valor de sus ahorros en el Fondo E, precisamente aquel que se presenta como la alternativa más conservadora del sistema. Algunos afiliados han comenzado a recurrir a los tribunales. La Superintendencia de Pensiones inició procedimientos sancionatorios contra las siete administradoras. Y un exsuperintendente asegura que las empresas habían recibido advertencias sobre los riesgos de sus operaciones financieras.

La pregunta que emerge es inevitable: ¿quién protege realmente la plata de los trabajadores?

No se trata de desconocer que los mercados financieros fluctúan. Ningún sistema de inversión puede garantizar rentabilidades positivas permanentes. El problema es distinto. Cuando las pérdidas alcanzan una magnitud extraordinaria y existen antecedentes de advertencias previas a los administradores, corresponde examinar las decisiones que condujeron a ellas y determinar las responsabilidades.

Las AFP no son simples intermediarios pasivos de los mercados. Son empresas que cobran por administrar recursos ajenos y que, precisamente por esa razón, tienen obligaciones profesionales y legales especialmente exigentes.

Una consigna, una industria y una campaña

La historia reciente del debate previsional chileno no puede comprenderse sin considerar la capacidad de intervención política de las administradoras.

Durante los procesos constituyentes y la reforma impulsada por Gabriel Boric, la industria desplegó una intensa actividad comunicacional para defender su continuidad. La Asociación de AFP financió campañas, estudios, asesorías y actividades destinadas a influir en la discusión pública.

Una investigación de Informe Especial de TVN estableció que entre 2019 y 2024 el gremio destinó 16.235 millones de pesos a difusión y asesorías. Otra investigación, realizada por Reportea y Vergara 240, documentó vínculos entre la Asociación de AFP y la fundación Ciudadanos en Acción, encabezada por Bernardo Fontaine, vinculada a la campaña «Con Mi Plata No».

Estas revelaciones no convierten en ilegítima la defensa de las cuentas individuales. Tampoco significan que quienes respaldaron aquella consigna actuaran por intereses empresariales. Pero sí obligan a distinguir entre una demanda ciudadana y la participación organizada de una industria que buscaba preservar su lugar en el sistema.

La diferencia importa. Una cosa es que los trabajadores defiendan la propiedad de sus ahorros. Otra es que esa defensa termine identificándose con la permanencia de determinadas empresas como administradoras.

La propiedad de los fondos y la administración privada de esos fondos son cuestiones distintas. Sin embargo, durante buena parte del debate político fueron presentadas como si resultaran inseparables.

Esa confusión fue uno de los grandes éxitos comunicacionales de la industria.

La reforma que no terminó con las AFP

El gobierno de Gabriel Boric llegó al poder después de años de movilizaciones contra el sistema previsional. El movimiento No+AFP había cuestionado no solamente las bajas pensiones, sino también la estructura misma de un modelo que transforma los ahorros obligatorios de los trabajadores en recursos administrados por empresas financieras.

La reforma aprobada en enero de 2025 incorporó avances importantes: una mayor cotización de los empleadores, mecanismos de solidaridad, compensaciones para mujeres y aumentos de la Pensión Garantizada Universal.

Sería incorrecto desconocer esos beneficios.

Pero también es cierto que el resultado preservó la estructura central de capitalización individual y mantuvo a las AFP como protagonistas del sistema. Una parte sustantiva de las nuevas cotizaciones terminó destinada a cuentas individuales bajo administración privada.

La reforma fue el resultado de una negociación política en la que participaron el Gobierno, los partidos del oficialismo y la oposición. La industria previsional también defendió activamente sus intereses, aunque no puede atribuirse cada modificación legislativa exclusivamente a su influencia.

El resultado, sin embargo, fue inequívoco en un aspecto: las AFP sobrevivieron a la reforma y conservaron un papel decisivo en la administración de los recursos previsionales.

El gobierno que había prometido transformar el sistema terminó acordando su continuidad, aunque con nuevas regulaciones y componentes solidarios.

La paradoja es que, apenas un año después, el modelo enfrenta una crisis que vuelve a instalar preguntas que parecían políticamente clausuradas.

Los administradores cobran; los trabajadores asumen las pérdidas

Aquí aparece una contradicción estructural que las campañas publicitarias nunca lograron resolver.

Las AFP cobran comisiones por administrar los ahorros. Los trabajadores, en cambio, soportan directamente las variaciones de valor de sus fondos.

Cuando los mercados suben, las cuentas individuales pueden beneficiarse. Cuando caen, las pérdidas se reflejan en el patrimonio previsional de los afiliados.

Este mecanismo no constituye por sí mismo una irregularidad. Es parte del diseño del sistema. Pero plantea una cuestión fundamental sobre los incentivos y las responsabilidades.

¿Qué sucede cuando una administradora mantiene una estrategia de inversión riesgosa pese a recibir advertencias? ¿Quién responde si se demuestra que actuó sin la diligencia exigible? ¿Por qué los afiliados deben soportar las consecuencias de decisiones en las que no participaron y sobre las cuales recibieron información limitada?

Las declaraciones del exsuperintendente Osvaldo Macías son particularmente relevantes. Según afirmó, las advertencias sobre determinadas estrategias llegaron a los directorios y ejecutivos de las AFP.

La investigación administrativa deberá establecer si existieron incumplimientos. Hasta entonces, no corresponde confundir las sospechas con responsabilidades demostradas.

Pero tampoco corresponde reducir la controversia a una desafortunada fluctuación del mercado.

La existencia de advertencias previas, las decisiones adoptadas por los directorios y los mecanismos de control de riesgos son cuestiones que requieren explicaciones públicas.

Los afiliados tienen derecho a conocerlas.

El poder político de las AFP

La crisis también permite examinar un aspecto más profundo de la economía chilena: la relación entre el poder financiero y las decisiones democráticas.

Las AFP administran enormes volúmenes de recursos acumulados mediante cotizaciones obligatorias. Esos fondos participan en los mercados de capitales y contribuyen al financiamiento de empresas, instituciones financieras y otros emisores de instrumentos de inversión.

Pero las administradoras también forman parte de una industria con capacidad para contratar asesorías, financiar campañas comunicacionales, producir estudios y mantener interlocución permanente con autoridades y parlamentarios.

La actividad de representación de intereses no es necesariamente indebida. En una democracia, empresas, sindicatos y organizaciones sociales pueden defender sus posiciones ante el poder público.

El problema aparece cuando existen profundas desigualdades en los recursos disponibles para intervenir en el debate y cuando las relaciones entre actores empresariales, campañas aparentemente ciudadanas y decisiones políticas no son suficientemente transparentes.

La discusión previsional chilena ofrece un caso especialmente significativo.

Mientras las organizaciones de pensionados y trabajadores reclamaban cambios estructurales, la industria podía destinar miles de millones de pesos a defender su posición.

No es posible establecer automáticamente que ese gasto determinó el resultado legislativo. Pero tampoco puede ignorarse su existencia al reconstruir las condiciones en que se produjo la reforma.

Una democracia necesita conocer quién intenta influir sobre sus decisiones, con qué recursos y mediante qué mecanismos.

Una crisis que también afecta la confianza

Las pérdidas del Fondo E no significan que todo el sistema previsional se encuentre insolvente. Tampoco demuestran que la capitalización individual sea incapaz de generar rentabilidad en el largo plazo.

Pero sí plantean un problema de confianza institucional.

Durante décadas, la legitimidad del modelo descansó en tres promesas: los ahorros pertenecen a los trabajadores, las inversiones son administradas profesionalmente y el sistema cuenta con una supervisión capaz de proteger esos recursos.

La primera afirmación sigue siendo jurídicamente cierta. Las otras dos enfrentan un examen particularmente exigente.

La crisis actual no permite todavía medir cuánto ha disminuido la confianza ciudadana. Para ello hacen falta encuestas comparables y antecedentes adicionales.

Lo que sí puede constatarse es que la controversia ha llegado a los tribunales, al Congreso y al organismo fiscalizador, mientras las propias administradoras deben explicar las decisiones adoptadas.

Y hay una diferencia esencial entre una pérdida causada por condiciones generales de mercado y otra que pueda atribuirse a una administración negligente.

Esa distinción debe ser establecida por las instituciones competentes, no por las campañas de comunicación.

La pregunta que vuelve

Chile ha discutido durante más de una década cómo reformar sus pensiones. Ha conocido movilizaciones multitudinarias, promesas electorales, dos procesos constituyentes y negociaciones legislativas que terminaron preservando buena parte de la estructura original.

La reforma de 2025 no cerró todas las preguntas. La crisis del Fondo E las ha vuelto a colocar en primer plano.

¿Debe mantenerse el cobro de comisiones con independencia de los resultados? ¿Qué responsabilidades patrimoniales deben asumir los administradores ante eventuales negligencias? ¿Es suficiente la supervisión existente? ¿Qué alternativas de administración pública, privada o mixta permitirían mejorar los controles y proteger los derechos de los afiliados?

Estas preguntas no tienen respuestas automáticas. Requieren evaluar costos, beneficios, riesgos y experiencias comparadas.

Pero sería un error reducir el problema a una discusión técnica entre especialistas financieros. Estamos hablando de los ahorros obligatorios de millones de personas y de los recursos con los que deberán financiar su vejez.

Durante años, «Con Mi Plata No» fue utilizada para advertir sobre los riesgos que supuestamente representarían las reformas previsionales.

Hoy, cuando las pérdidas han provocado investigaciones y acciones judiciales, la consigna puede leerse desde una perspectiva diferente.

Los trabajadores no solamente tienen derecho a que sus ahorros sean reconocidos como propios. También tienen derecho a exigir que quienes los administran respondan por sus decisiones, que los organismos públicos fiscalicen eficazmente y que el sistema político discuta las alternativas sin quedar subordinado a los intereses de la industria.

Porque la propiedad de los ahorros no debería confundirse con la propiedad del negocio de administrarlos.

Y porque, al final, la pregunta verdaderamente importante no es quién consiguió imponer su consigna durante la última reforma, sino quién responde cuando los ahorros de los trabajadores se pierden.

Simón del Valle