La reforma que puede dejar al INDH sin territorio ni independencia

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El proyecto que modifica el Instituto Nacional de Derechos Humanos se presenta como una modernización. Para Daniela Fernández, dirigenta de la asociación de funcionarias y funcionarios del organismo, la iniciativa amenaza con debilitar su autonomía, reducir sus herramientas judiciales y alejarlo de las regiones.

El 19 de octubre, el Ejecutivo ingresó al Congreso el proyecto de ley que reforma la Ley 20.405, creadora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). La iniciativa, identificada como Boletín 18754-17, llegó con suma urgencia. El debate excede una reorganización administrativa: ¿qué capacidad debe conservar una institución cuyo cometido es observar al Estado cuando este ejerce poder sobre las personas?

Daniela Fernández, dirigenta de la Asociación de Funcionarias y Funcionarios del INDH (AFFINDH), sostiene que la reforma podría afectar tres pilares: la autonomía del Consejo, la facultad de presentar querellas y la presencia territorial. Su crítica no supone que el Instituto no deba modernizarse. “Sí, hay que modernizarlo, sí, de todas maneras, hay que mejorarlo”, dice. Pero, agrega, “no disfrazar de progreso medidas que son regresivas en derechos humanos”.

El INDH no se limita a observar manifestaciones ni a intervenir en casos de alta visibilidad. Sus equipos visitan recintos donde hay personas bajo custodia estatal, reciben consultas, acompañan a víctimas y comunidades y desarrollan acciones educativas, administrativas y judiciales. Buena parte de esa labor depende de llegar a los territorios y actuar con independencia.

Un Consejo más expuesto a la política

Según la minuta parlamentaria de la AFFINDH, el proyecto elevaría del 54,5% al 80% la proporción de consejeros designados por órganos políticos y reemplazaría la elección directa de representantes de la sociedad civil por un sistema de nóminas sometidas a selección y ratificación política.

La asociación también cuestiona la creación de un Consejo provisorio de cinco integrantes por dos años, propuesto por el Ejecutivo y votado en bloque por el Senado. Según la minuta, ese órgano podría nombrar a la jefatura ejecutiva, redactar nuevos estatutos y definir la estructura territorial del Instituto.

Fernández afirma que la combinación de esas atribuciones y el mecanismo de nombramiento comprometería la independencia del organismo. “Los poderes políticos tendrían una injerencia mucho mayor”, advierte. Para ella, la participación de la sociedad civil no es un adorno: “La sociedad civil es la que levanta el trabajo por la defensa y promoción de los derechos humanos en Chile”.

La discusión remite a los Principios de París, que establecen estándares internacionales para las instituciones nacionales de derechos humanos, entre ellos el pluralismo, la independencia y un mandato amplio. La AFFINDH sostiene que el diseño propuesto se apartaría de esos criterios; esa evaluación deberá contrastarse en el debate legislativo.

Denunciar no es querellarse

El proyecto suprimiría la facultad del INDH para presentar querellas en casos graves, como tortura, desaparición forzada, crímenes de lesa humanidad, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. La diferencia entre querellarse y denunciar es sustantiva: como querellante, el Instituto puede solicitar diligencias, acceder a antecedentes de la investigación, aportar pruebas y recurrir ciertas decisiones. Como denunciante, no tendría las mismas atribuciones procesales.

Fernández subraya que la facultad no se aplica indiscriminadamente. “El INDH no hace querellas por cualquier cosa”, afirma; la ley las reserva para delitos graves. Esa capacidad, explica, permite acceder a la investigación y actuar con mayor diligencia cuando se denuncian violaciones graves de derechos humanos. “Cuando estamos hablando de graves violaciones a los derechos humanos, los tiempos, los espacios, la capacidad de reacción es súper importante”, señala.

La minuta añade que una comisión asesora presidencial formuló 44 recomendaciones para fortalecer el Instituto y que, según la asociación, entre ellas figuraban ampliar o perfeccionar su legitimación activa y reconocer legalmente las sedes regionales. La AFFINDH cuestiona que la reforma no tome esas recomendaciones como punto de partida.

Un país que no cabe en Santiago

El informe financiero que acompaña el proyecto proyectaría una reducción del 50% de la dotación de las sedes regionales y de hasta el 70% de los abogados de las unidades de protección, según los antecedentes de la asociación. La minuta señala que el INDH cuenta con 279 funcionarias y funcionarios repartidos entre 16 sedes regionales y el nivel central.

Las oficinas regionales no son simples puntos de atención. Desde ellas se realizan visitas a recintos, actividades educativas, acompañamientos y acciones vinculadas con problemas locales: contaminación, acceso a prestaciones sociales, condiciones de detención, desalojos o conflictos que afectan a comunidades indígenas. La minuta registra 554 visitas y observaciones durante 2025, además de 1.203 actividades de promoción y educación, con más de 57.000 participantes.

Fernández menciona intervenciones en Coyhaique, Chiloé, Quintero-Puchuncaví y Atacama. Su argumento es que el trabajo territorial permite comprender lo que no se ve desde la capital. “Un informe desde Santiago no da cuenta de la realidad nacional”, dice. “Nuestra presencia territorial es fundamental para identificar y abordar las situaciones de derechos humanos”.

La distancia no es abstracta. En un país extenso y geográficamente diverso, reducir personal puede significar menos visitas, menos acompañamiento y más obstáculos para que las personas accedan a la institución. “Sin su presencia territorial es quitarle el corazón de las acciones que podemos llevar adelante”, sostiene Fernández.

Reformar sin vaciar

La iniciativa se tramita en la Cámara de Diputadas y Diputados y mantiene suma urgencia, según el seguimiento legislativo consultado el 26 de octubre de 2026. La AFFINDH pide retirar esa calificación, abrir una deliberación más amplia y considerar las recomendaciones de la comisión asesora.

La petición no resuelve por sí sola qué cambios necesita el INDH ni cómo mejorar su funcionamiento. Pero plantea una cuestión democrática: una institución de control puede y debe modernizarse; lo que está en discusión es si una mayor influencia política en su Consejo, la pérdida de herramientas judiciales y un despliegue territorial más débil fortalecerían realmente su mandato.

“Para tener un mejor instituto de derechos humanos no podemos arrasar con él”, dice Fernández. La reforma sigue en debate. En juego, advierte la dirigenta, está la posibilidad de que las personas encuentren una institución capaz de observar al Estado y actuar frente a abusos, también lejos de Santiago.