Rabat sale golpeado de la Cámara y Kast enfrenta una crisis que divide a su propio oficialismo
Tiempo de lectura aprox: 5 minutos, 39 segundos
La Cámara de Diputados aprobó solicitar la renuncia del ministro de Justicia y de sus dos subsecretarios, mientras la oposición confirmó que presentará una acusación constitucional. Fernando Rabat defendió la legalidad de las rebajas de condenas, pero sus explicaciones no lograron contener el conflicto. El respaldo del Presidente contrasta con las críticas de parlamentarios de Chile Vamos y con el creciente rechazo ciudadano a su permanencia.
La crisis del ministro de Justicia, Fernando Rabat, entró este miércoles en una nueva etapa. Después de una tensa sesión especial, la Cámara de Diputados aprobó por 68 votos a favor, 42 en contra y siete abstenciones una resolución que solicita al presidente José Antonio Kast la salida del secretario de Estado y de los subsecretarios Luis Silva y Pablo Mira.
La decisión parlamentaria no es vinculante, pero representa un pronunciamiento político que aumenta la presión sobre La Moneda. La oposición, por su parte, confirmó que avanzará en una acusación constitucional contra Rabat, mientras el Presidente mantiene su respaldo al ministro.
La jornada dejó una segunda consecuencia: la controversia ya no enfrenta únicamente al Gobierno con sus adversarios. Las críticas provenientes de Renovación Nacional, la UDI y otros sectores de derecha han puesto de manifiesto diferencias dentro del oficialismo sobre cómo enfrentar una crisis que afecta directamente uno de los principales discursos políticos de la administración Kast: la seguridad y la lucha contra la delincuencia.
Una defensa jurídica que no logró contener la crisis
Rabat compareció ante la Cámara para explicar los decretos que permitieron rebajar las condenas de 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.
Durante su intervención insistió en que el Ministerio de Justicia actuó conforme a la legislación y a la jurisprudencia de la Corte Suprema. Argumentó que la evaluación de los antecedentes de los condenados corresponde a comisiones especializadas y que su cartera debe formalizar administrativamente las decisiones cuando se cumplen los requisitos legales.
El ministro sostuvo que la reforma legal de 2022, que restringió estos beneficios para determinados delitos sexuales, dejó un problema de aplicación respecto de condenas anteriores a su entrada en vigor.
También señaló que numerosas resoluciones judiciales habían obligado al ministerio a modificar sus criterios.
Sin embargo, reconoció una deficiencia en el procedimiento: la ausencia de mecanismos adecuados para escuchar a las víctimas.
Sus explicaciones fueron interrumpidas en distintas oportunidades por diputados opositores, quienes cuestionaron que el Gobierno hubiera autorizado beneficios con consecuencias directas sobre el cumplimiento de condenas por delitos especialmente graves.
La oposición considera que el ministro no puede eludir su responsabilidad política mediante una interpretación de sus facultades administrativas. Rabat, en cambio, sostiene que negarse a cumplir determinadas resoluciones judiciales habría significado infringir la ley.
La controversia jurídica permanece abierta. La legalidad de cada decreto y la responsabilidad constitucional del ministro requieren un examen específico de los antecedentes y de las facultades que establece la legislación.
Pero el debate político ha avanzado más rápidamente que esa discusión.
La Cámara pide la salida del ministro
La resolución aprobada este miércoles solicita al Presidente remover a Rabat y a los subsecretarios Luis Silva y Pablo Mira.
También plantea revisar los decretos cuestionados, suspender nuevos procedimientos de reducción de condenas y establecer medidas de apoyo para las víctimas.
La votación mostró diferencias dentro del oficialismo.
Los diputados Hotuiti Teao y Marlene Pérez, independientes vinculados a la UDI, respaldaron la solicitud de renuncia. Otros parlamentarios de Renovación Nacional y la UDI optaron por abstenerse, entre ellos Ximena Ossandón, Juan Carlos Beltrán y Guillermo Ramírez.
Este último, presidente de la UDI, afirmó posteriormente que su abstención había sido un error de votación.
Aunque buena parte de los parlamentarios oficialistas rechazó la resolución, el resultado puso en evidencia que la defensa del ministro no reúne un respaldo uniforme en las fuerzas que sostienen al Gobierno.
El presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, también de la UDI, había advertido durante la jornada que lo ocurrido constituía un error político de gran magnitud y que la controversia debilitaba las posibilidades de llevar adelante el programa gubernamental.
Sus declaraciones reflejan una preocupación que trasciende la situación personal de Rabat: la prolongación del conflicto puede deteriorar la coordinación parlamentaria entre republicanos y Chile Vamos.
Kast mantiene su respaldo
El presidente José Antonio Kast ha optado hasta ahora por mantener a Rabat en el cargo.
El lunes reconoció que el Estado había fallado a las víctimas y calificó de error las decisiones adoptadas. Sin embargo, encargó al propio ministro impulsar las modificaciones legales destinadas a impedir que situaciones similares vuelvan a producirse.
La Moneda ha reiterado que no existen antecedentes suficientes para justificar su destitución y que el Gobierno debe concentrarse en corregir los problemas del procedimiento.
Esa posición enfrenta ahora una dificultad adicional.
Mientras Kast sostiene que Rabat debe continuar para resolver la controversia, una parte del oficialismo considera que su permanencia prolonga el conflicto y expone a los parlamentarios a una discusión especialmente sensible ante sus electores.
El Gobierno debe decidir si mantiene su respaldo incluso durante la tramitación de la acusación constitucional o si busca una salida política antes de que el enfrentamiento alcance una nueva etapa.
La primera alternativa implica sostener una defensa que ya ha provocado diferencias internas. La segunda supondría revisar públicamente una decisión presidencial ratificada hace apenas unos días.
Ninguna de esas consecuencias es inevitable, pero ambas forman parte del escenario que enfrenta La Moneda.
La acusación constitucional abre otro frente
Concluida la sesión, las bancadas opositoras confirmaron que preparan una acusación constitucional contra Rabat.
La diputada Gael Yeomans, del Frente Amplio, sostuvo que el ministro debe asumir su responsabilidad por las decisiones adoptadas. Otros parlamentarios cuestionaron la entrega incompleta de antecedentes y las explicaciones proporcionadas durante la sesión.
La acusación todavía debe ser presentada formalmente y sus fundamentos jurídicos serán determinantes para evaluar su procedencia.
En Chile, una acusación constitucional contra un ministro debe ser aprobada por la Cámara y posteriormente examinada por el Senado, que actúa como jurado. Una declaración de culpabilidad implica la destitución y la inhabilitación para ejercer funciones públicas durante cinco años.
La aprobación de la resolución que pide la renuncia no anticipa necesariamente el resultado de ese procedimiento. Son decisiones distintas, con exigencias jurídicas y políticas diferentes.
Sin embargo, la tramitación de la acusación obligará a los parlamentarios oficialistas a fijar nuevamente una posición pública frente al ministro.
Ese puede convertirse en uno de los efectos políticos más importantes del proceso.
Una crisis que alcanza el discurso de seguridad
La controversia adquiere especial importancia por el lugar que la seguridad pública ha ocupado en el discurso del presidente Kast y de los partidos que respaldan su administración.
La reducción de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores ha generado cuestionamientos que no se limitan a los sectores opositores.
Según una medición de Cadem difundida esta semana, un 77% desaprueba la gestión de Rabat en esta materia y un 64% rechaza la decisión presidencial de mantenerlo en el cargo.
Las cifras indican un rechazo ciudadano considerable a las decisiones del Ministerio de Justicia y a la respuesta inicial del Ejecutivo.
A ello se agregan antecedentes sobre reducciones de condenas concedidas a responsables de graves violaciones de derechos humanos y, según información publicada este miércoles por El País, a personas condenadas por delitos de extorsión y otros ilícitos vinculados a un caso en que los autores se presentaban como integrantes del Tren de Aragua, sin que esa pertenencia fuera acreditada judicialmente.
La aparición de nuevos casos puede ampliar el alcance de la controversia y aumentar las exigencias de transparencia sobre los decretos firmados.
El problema para el Gobierno no se reduce, por tanto, a explicar un procedimiento administrativo. También debe responder por las consecuencias de decisiones que afectan la confianza pública en su política de seguridad.
Una prueba para la coalición de gobierno
La prolongación de la crisis puede tener consecuencias en la relación entre el Partido Republicano y Chile Vamos.
Hasta ahora, los republicanos han sostenido una defensa más cerrada de Rabat, mientras parlamentarios de RN y la UDI han manifestado reparos sobre su actuación y su permanencia.
No se trata todavía de una ruptura de la coalición. Las diferencias se concentran en la respuesta a una controversia específica y no significan necesariamente un abandono del apoyo al programa gubernamental.
Pero el conflicto revela tensiones sobre la forma de ejercer el poder y sobre el costo que los partidos aliados están dispuestos a asumir por decisiones adoptadas desde La Moneda.
También representa una dificultad para el Presidente.
La insistencia en mantener al ministro reafirma su autoridad para decidir la composición del gabinete. Al mismo tiempo, prolonga una controversia que ya se expresa en el Congreso, en las encuestas y en las declaraciones de sus propios aliados.
La oposición, por su parte, ha encontrado un asunto capaz de reunir a distintas bancadas y de proyectar sus cuestionamientos más allá de las diferencias habituales entre partidos.
La acusación constitucional pondrá a prueba esa coordinación, pero también la capacidad del Gobierno para sostener una posición común.
Un conflicto todavía abierto
La sesión de este miércoles no resolvió la situación de Fernando Rabat.
El ministro continúa en funciones, respaldado por el Presidente, mientras la oposición prepara la acusación constitucional y sectores del oficialismo mantienen sus cuestionamientos.
La Cámara ya solicitó formalmente su salida, pero la decisión corresponde a Kast.
El desenlace dependerá de los antecedentes que se incorporen al proceso, de la evolución de las posiciones parlamentarias y de las decisiones que adopte el Ejecutivo.
Lo que sí quedó establecido después de la jornada es que la controversia superó el ámbito del Ministerio de Justicia.
La permanencia de Rabat se ha convertido en un asunto que compromete la autoridad presidencial, la cohesión del oficialismo y la relación del Gobierno con una ciudadanía que exige explicaciones sobre las rebajas de condenas.
La crisis continúa abierta y su siguiente capítulo se trasladará nuevamente al Congreso, esta vez bajo las exigencias de una acusación constitucional.
Redacción del Clarín
Autor
