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El último informe del INE revela que el 26,4% de las personas ocupadas trabaja en condiciones de informalidad. La situación afecta especialmente a las mujeres, los jóvenes y los adultos mayores, entre quienes más de la mitad trabaja informalmente. Las cifras se suman a un desempleo de 9,8% y muestran un mercado laboral que no solo tiene dificultades para crear puestos de trabajo, sino también para ofrecer empleos protegidos y estables.

El deterioro del mercado laboral chileno tiene una dimensión que no aparece completamente reflejada en las cifras de desempleo. Mientras la desocupación alcanza el 9,8%, casi dos millones y medio de personas trabajan en condiciones de informalidad, sin la protección social que caracteriza al empleo formal o desarrollando actividades económicas fuera de los mecanismos regulares de registro y cotización.

El último Boletín de Informalidad Laboral del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), publicado el 3 de noviembre, establece que durante el trimestre julio-septiembre de 2026 había 2.451.443 personas ocupadas informales, equivalentes al 26,4% del total de trabajadores.

La tasa aumentó 0,2 puntos porcentuales respecto del mismo período de 2025, aunque el número absoluto de trabajadores informales disminuyó levemente, en 6.909 personas. La aparente contradicción se explica porque también se redujo el empleo total: la informalidad representa ahora una proporción ligeramente mayor de un mercado laboral más pequeño.

Trabajar después de los 65 años: una realidad cada vez más precaria

Uno de los antecedentes más preocupantes del informe es la situación de las personas mayores.

Entre quienes tienen 65 años o más y continúan trabajando, la tasa de informalidad llega al 56%. Es decir, más de la mitad de los ocupados de ese grupo etario desarrolla actividades laborales informales. Entre los jóvenes de 15 a 24 años, la proporción alcanza el 34,7%.

Estas cifras muestran dos extremos de un mismo problema.

Para los jóvenes, la informalidad puede representar una puerta de entrada al mercado laboral, pero también el comienzo de trayectorias marcadas por empleos discontinuos, ingresos variables y períodos sin cotizaciones previsionales.

Para las personas mayores, la situación adquiere una dimensión distinta. El trabajo después de la edad de jubilación puede responder a decisiones personales, pero también a la necesidad de complementar pensiones insuficientes o sostener los gastos cotidianos.

No todos los adultos mayores que trabajan informalmente lo hacen por necesidad económica. Sin embargo, la elevada proporción de informalidad plantea interrogantes sobre la capacidad del sistema previsional y del mercado laboral para garantizar ingresos adecuados durante la vejez.

En un país donde periódicamente se discute la posibilidad de prolongar la vida laboral, el dato resulta especialmente significativo: trabajar más años no garantiza necesariamente acceso a empleos formales, estables y protegidos.

Las mujeres enfrentan una mayor informalidad

La desigualdad también aparece al observar las cifras por sexo.

La tasa de ocupación informal femenina llegó al 28,2%, frente al 25,1% de los hombres. En doce meses, el número de mujeres ocupadas informalmente aumentó 0,3%, mientras el de hombres disminuyó 0,8%.

Esta diferencia debe analizarse junto con las dificultades de participación laboral femenina.

Según el mismo INE, la tasa de ocupación de las mujeres se situó en 47,5%, lo que significa que menos de la mitad de las mujeres en edad de trabajar se encontraba ocupada durante el trimestre analizado.

Las responsabilidades de cuidado, las dificultades para acceder a empleos compatibles con la vida familiar y las desigualdades salariales forman parte de los factores estructurales que condicionan su inserción laboral.

La informalidad puede ofrecer cierta flexibilidad de horarios, pero frecuentemente supone menores garantías de ingresos, ausencia de cotizaciones regulares y dificultades para acceder a mecanismos de protección frente a enfermedades, maternidad o vejez.

El problema no consiste únicamente en incorporar más mujeres al empleo, sino también en las condiciones bajo las cuales se produce esa incorporación.

El trabajo por cuenta propia concentra buena parte del problema

La informalidad no se limita al comercio ambulante ni a las actividades que habitualmente se identifican con la economía callejera.

Según el INE, los trabajadores por cuenta propia y los asalariados privados representan conjuntamente el 85,6% de la ocupación informal.

Entre quienes trabajan por cuenta propia, la tasa de informalidad alcanza el 62,1%. Entre los asalariados privados llega al 15,9%.

Detrás de estas categorías existen situaciones muy diferentes: pequeños comerciantes, trabajadores independientes, prestadores de servicios, personas que realizan actividades ocasionales y asalariados cuyos empleadores no cumplen con las obligaciones previsionales.

Es importante distinguirlas porque la informalidad no siempre significa ausencia de trabajo remunerado ni necesariamente ingresos inferiores a los de todos los trabajadores formales. Su característica común es la falta de determinadas condiciones de registro o protección social.

Esta diversidad también plantea dificultades para las políticas públicas. La fiscalización laboral puede contribuir a regularizar relaciones asalariadas, pero no resuelve por sí sola los problemas de productividad, financiamiento y acceso a mercados de los pequeños emprendimientos.

Desempleo e informalidad: dos caras de una misma dificultad

El informe sobre informalidad llega pocos días después de que el INE comunicara un aumento de la desocupación nacional hasta el 9,8%, equivalente a 1,3 puntos porcentuales más que un año antes.

Durante el trimestre julio-septiembre, la población ocupada disminuyó 1,1%, mientras las personas desocupadas aumentaron 15,3%.

La contracción del empleo afectó especialmente a la industria manufacturera, donde los ocupados disminuyeron 8,1%, y a información y comunicaciones, con una caída de 20,8%. También retrocedió el empleo asalariado formal en 2,5%.

Estas cifras permiten observar un problema más amplio que la evolución de la tasa de desempleo.

Una economía puede mantener ocupadas a millones de personas sin ofrecerles necesariamente empleos estables, ingresos suficientes o protección previsional. Al mismo tiempo, quienes pierden sus trabajos formales pueden enfrentar dificultades para encontrar nuevas ocupaciones de características semejantes.

No obstante, los datos actuales no permiten afirmar que exista un traslado generalizado desde el empleo formal hacia la informalidad. De hecho, el número de ocupados informales disminuyó ligeramente en doce meses. Lo que muestran es una contracción del empleo total y una persistencia de niveles elevados de precariedad.

Existe además otra dimensión del problema: la insuficiencia de horas trabajadas. La tasa combinada de desocupación y tiempo parcial involuntario alcanzó el 16,5%, lo que refleja que las dificultades laborales también afectan a personas que tienen empleo, pero desean trabajar más horas.

El desafío de crear empleo de calidad

El gobierno de José Antonio Kast ha situado la recuperación económica, la inversión privada y la creación de empleo entre sus prioridades.

Sin embargo, las cifras recientes plantean interrogantes sobre la capacidad de una eventual recuperación de la actividad para traducirse en mejores condiciones laborales.

La expansión de la inversión puede contribuir a crear puestos de trabajo, pero sus efectos dependen de los sectores donde se concentra, su intensidad en contratación de mano de obra y las características de los empleos generados.

En una economía con un peso importante de actividades extractivas y exportadoras, el crecimiento de la producción no necesariamente se traduce en aumentos equivalentes del empleo. La minería, por ejemplo, puede movilizar grandes inversiones y generar importantes ingresos, pero requiere proporcionalmente menos trabajadores directos que otras actividades productivas.

Esto vuelve relevante la discusión sobre diversificación económica, desarrollo industrial, pequeñas empresas y políticas de formación laboral.

También obliga a examinar el papel del Estado en la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones laborales y en la creación de condiciones que permitan formalizar actividades económicas sin destruir sus fuentes de ingresos.

La informalidad no puede abordarse exclusivamente como un problema de incumplimiento individual. En numerosos casos expresa dificultades estructurales para acceder a empleos protegidos o desarrollar actividades económicas formalizadas y sostenibles.

Una precariedad que se proyecta hacia el futuro

El costo de la informalidad no se agota en el presente.

Los períodos prolongados sin cotizaciones previsionales reducen la acumulación de ahorros para la jubilación. La ausencia de protección social vinculada al empleo también aumenta la vulnerabilidad económica frente a enfermedades, accidentes y períodos de inactividad.

De esta manera, la precariedad laboral actual puede transformarse en inseguridad económica durante la vejez.

El dato de que el 56% de los trabajadores mayores de 65 años se desempeñe informalmente resume parte de esta contradicción. Quienes continúan trabajando después de la edad habitual de jubilación enfrentan, en una proporción considerable, condiciones laborales que tampoco contribuyen a mejorar su protección previsional.

La discusión sobre empleo debe considerar, por tanto, algo más que la cantidad de puestos creados.

El último informe del INE muestra que Chile enfrenta simultáneamente un aumento del desempleo, una reducción de la población ocupada y una informalidad que afecta a más de una cuarta parte de los trabajadores.

Detrás de esas cifras aparece una cuestión fundamental: tener trabajo no significa necesariamente disponer de seguridad económica. Para casi dos millones y medio de personas, la ocupación cotidiana continúa desarrollándose al margen de una parte importante de las garantías asociadas al empleo formal.

La recuperación del mercado laboral no podrá medirse solamente por una eventual reducción del desempleo. También deberá evaluarse por la capacidad de ofrecer trabajos con ingresos suficientes, cotizaciones previsionales y condiciones de protección que permitan construir un futuro menos incierto.