Reforma al INDH amenaza su presencia regional: el Gobierno proyecta reducir a la mitad el personal fuera de Santiago
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El proyecto presentado por José Antonio Kast contempla una reducción del 50% de la dotación regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos y del 70% de los abogados de su unidad de protección. Organizaciones de Magallanes denuncian el riesgo de abandono de los territorios, mientras Human Rights Watch y organismos internacionales advierten sobre las consecuencias para las víctimas. El Ejecutivo defiende la iniciativa como una modernización institucional que permitiría ahorrar más de $3.700 millones anuales
La reforma al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), presentada por el gobierno de José Antonio Kast el pasado 19 de octubre, comienza a generar una creciente preocupación en las regiones. Más allá de la controversia sobre la eliminación de sus facultades para presentar querellas criminales, el proyecto contempla una profunda reorganización territorial que podría reducir significativamente la capacidad del organismo para atender denuncias y acompañar a víctimas fuera de Santiago.
El informe financiero de la Dirección de Presupuestos, que acompaña la iniciativa, proyecta una disminución del 50% de la dotación regional en un plazo de dieciocho meses. A ello se suma una reducción del 70% de los abogados de la unidad de protección, encargada de las acciones judiciales del Instituto.
La propuesta tampoco establece la obligación de mantener sedes fuera de Santiago. Esto no significa que todas las oficinas regionales vayan a cerrar automáticamente, pero sí modifica las condiciones legales y presupuestarias que permiten sostener la presencia territorial del organismo.
Magallanes: la primera advertencia desde los territorios
La reacción más reciente provino de Punta Arenas. El miércoles 4 de noviembre, seis organizaciones de memoria y derechos humanos de Magallanes difundieron una declaración pública rechazando la reforma y advirtiendo que sus consecuencias podrían ser especialmente graves para las regiones extremas.
Entre las entidades firmantes figuran la Agrupación Hijos/as y Nietos/as por la Memoria, la Colectiva Cueca Sola Punta Arenas, la Corporación Sitio de Memoria Colón 636, la Corporación Estadio Fiscal Punta Arenas-Memoria Regional, la Asociación Cultural Nuestra Madre Grande y Prais Punta Arenas.
Las agrupaciones sostienen que la reducción de personal, junto con la eliminación de las querellas criminales, debilitaría la capacidad de respuesta institucional frente a denuncias de tortura, apremios ilegítimos, trata de personas y otras vulneraciones de derechos.
También cuestionan que una institución encargada de proteger derechos fundamentales pueda reorganizarse sin garantizar una cobertura territorial suficiente.
La declaración, recogida por La Prensa Austral, denuncia el riesgo de abandono de las regiones y solicita al Ejecutivo retirar la suma urgencia del proyecto.
La preocupación adquiere una dimensión particular en Magallanes, donde las grandes distancias, las dificultades de desplazamiento y la concentración de servicios especializados pueden hacer más complejo el acceso a instituciones públicas.
La posibilidad de acudir a una oficina regional permite presentar antecedentes, recibir orientación y establecer contacto directo con profesionales especializados. Si esa atención disminuye, las personas afectadas podrían verse obligadas a depender de mecanismos remotos o trasladarse para obtener asistencia.
Estos son riesgos derivados de la reorganización propuesta, no cierres de oficinas ya confirmados.
La distancia entre Santiago y las víctimas
El debate sobre la presencia regional del INDH no se reduce a una cuestión administrativa.
Las vulneraciones de derechos humanos pueden producirse en establecimientos penitenciarios, recintos policiales, centros de atención estatal y otros espacios donde las personas se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad.
En esos casos, la cercanía territorial de los equipos profesionales puede facilitar la recepción de denuncias, la recopilación de antecedentes y el seguimiento de las situaciones denunciadas.
La reducción del personal regional también podría afectar las actividades de observación, capacitación y promoción de derechos que desarrolla el Instituto.
Para las comunidades alejadas de la capital, la pérdida de capacidad institucional puede tener consecuencias mayores que en Santiago, donde se concentra una parte importante de los organismos públicos, las organizaciones especializadas y los servicios jurídicos.
La pregunta central es si el nuevo diseño garantizará que una persona que vive en Punta Arenas, Arica, Coyhaique o una localidad rural pueda acceder a una protección equivalente a la disponible en la Región Metropolitana.
El proyecto todavía no ofrece certezas suficientes sobre cómo se organizaría esa cobertura después de las reducciones previstas.
Menos abogados y nuevas limitaciones judiciales
La reforma también propone eliminar la facultad del INDH para presentar querellas criminales.
Actualmente, esa atribución permite al organismo intervenir como parte en determinados procesos penales relacionados con violaciones de derechos humanos. La iniciativa la reemplaza por una facultad de denuncia institucional, mediante la cual podrá comunicar antecedentes al Ministerio Público.
El Gobierno sostiene que esta modificación permitiría recuperar el carácter técnico y consultivo del Instituto, evitando que una parte importante de sus recursos se concentre en la litigación.
El proyecto mantiene la posibilidad de presentar recursos de protección y amparo, e incorpora expresamente la actuación como amicus curiae, mediante informes técnicos dirigidos a los tribunales.
Sin embargo, denunciar un delito no equivale jurídicamente a intervenir como querellante. La querella permite ejercer facultades procesales que una simple denuncia no otorga.
Esta diferencia ha sido destacada por Human Rights Watch, que el 3 de noviembre advirtió que la reforma podría dejar a víctimas sin patrocinio jurídico especializado, especialmente cuando carecen de recursos para contratar abogados.
La organización también cuestionó la reducción de personal y los cambios en la composición del Consejo del Instituto.
El impacto de ambas medidas debe examinarse conjuntamente. Un INDH con menos profesionales en regiones y menos atribuciones judiciales podría tener mayores dificultades para acompañar situaciones complejas que requieren presencia local y seguimiento prolongado.
El ahorro fiscal detrás de la reorganización
La dimensión presupuestaria ocupa un lugar importante en la propuesta gubernamental.
Según el informe financiero de la Dirección de Presupuestos, la reforma permitiría reducir el gasto fiscal en aproximadamente $1.210 millones durante el primer año y $3.113 millones en el segundo.
Una vez implementadas todas las modificaciones, el ahorro anual estimado alcanzaría los $3.721 millones.
La disminución de gastos provendría principalmente de la reducción del personal regional, el recorte de abogados de la unidad de protección y la reorganización del Consejo.
El Ejecutivo argumenta que la reforma busca superar debilidades estructurales, mejorar la eficiencia institucional y separar la conducción estratégica de las tareas administrativas.
Entre las modificaciones propone reducir el Consejo de once a cinco integrantes, crear una Dirección Ejecutiva seleccionada mediante Alta Dirección Pública y reforzar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
Estas medidas responden a problemas de funcionamiento institucional que también han sido objeto de discusión dentro del propio INDH.
La controversia, sin embargo, reside en si una reorganización destinada a mejorar la gestión debe ir acompañada de una reducción tan significativa de la capacidad territorial y jurídica.
Advertencias internacionales sobre la independencia del Instituto
Las críticas han trascendido el ámbito nacional.
El 22 de octubre, la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Continente Americano (RINDHCA) expresó su preocupación por el proyecto.
El organismo advirtió que la eliminación de las querellas, los cambios en la designación de consejeros y la reducción de la presencia territorial podrían comprometer los estándares establecidos en los Principios de París de Naciones Unidas.
Estos principios exigen que las instituciones nacionales de derechos humanos dispongan de independencia, pluralismo y recursos suficientes para cumplir sus funciones.
La red señaló además que las modificaciones podrían abrir la posibilidad de una revisión especial de la acreditación internacional del INDH chileno, que actualmente cuenta con estatus A.
No se trata de una pérdida de acreditación ya decidida, sino de un riesgo institucional identificado por la organización regional.
El propio Consejo del INDH intervino en el debate mediante una declaración publicada el 2 de noviembre.
Aunque valoró la posibilidad de perfeccionar la institución, estableció cuatro condiciones que considera fundamentales para cualquier reforma: autonomía y pluralismo, presencia territorial suficiente, protección efectiva de las víctimas y estabilidad institucional.
En particular, sostuvo que la cercanía territorial resulta indispensable para que la protección de los derechos humanos alcance también a quienes viven lejos de los principales centros de decisión.
Una reforma que vuelve a plantear el problema del centralismo
El debate sobre el INDH expone una cuestión que atraviesa buena parte de la organización del Estado chileno: la concentración de decisiones, profesionales y recursos en Santiago.
La existencia de oficinas regionales no garantiza por sí sola una protección efectiva. También son necesarios equipos suficientes, atribuciones claras, recursos operativos y mecanismos de coordinación.
Pero reducir su personal a la mitad, sin definir previamente cómo se mantendrán los servicios, plantea interrogantes sobre el acceso efectivo de las comunidades a una institución especializada.
La reforma todavía se encuentra en tramitación parlamentaria y sus disposiciones pueden ser modificadas. Corresponderá al Congreso evaluar los fundamentos del Ejecutivo, las advertencias del propio INDH y las observaciones formuladas por organizaciones nacionales e internacionales.
En Magallanes, las agrupaciones de memoria ya han situado el debate en términos concretos: quién recibirá las denuncias, quién acompañará a las víctimas y qué ocurrirá cuando una vulneración de derechos se produzca lejos de la capital.
La discusión, por tanto, no se limita a la estructura administrativa de un organismo público. Se refiere a la capacidad del Estado para garantizar que la protección de los derechos humanos no dependa del lugar donde vive una persona.
Si la reforma avanza, esa será una de las principales cuestiones que deberán resolver sus legisladores: cómo compatibilizar la eficiencia institucional y el ahorro fiscal con una presencia efectiva del INDH en todo el territorio nacional.
