Del colapso de Ueno Bank a la renuncia de Peña: la crisis que expone los vínculos entre la banca y el poder en Paraguay
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El congelamiento de las cuentas de casi tres millones de clientes provocó una crisis financiera que terminó con la renuncia del presidente Santiago Peña. La intervención del banco Ueno abrió interrogantes sobre los vínculos entre grupos empresariales, autoridades políticas y organismos reguladores. El mandatario paraguayo, aliado regional de José Antonio Kast, había presentado su país como un destino atractivo para la inversión.
La crisis comenzó en las cuentas bancarias de millones de paraguayos y terminó alcanzando la Presidencia de la República. En apenas tres días, la intervención de Ueno Bank, una de las entidades financieras de mayor crecimiento del país, desencadenó protestas, investigaciones judiciales y una crisis política que este jueves 5 de noviembre llevó a Santiago Peña a presentar su renuncia.
El mandatario anunció su decisión mediante un mensaje difundido en redes sociales, cuando el Congreso examinaba una acusación para someterlo a juicio político. Peña sostuvo que dejaba el cargo para preservar la estabilidad institucional y expresó su preocupación por los depositantes afectados. La renuncia debe seguir el procedimiento constitucional correspondiente; el vicepresidente Pedro Alliana está llamado a sucederlo.
El detonante fue la decisión del Banco Central del Paraguay (BCP) de iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank, anunciada el martes 3 de noviembre.
La autoridad monetaria informó que la entidad presentaba una insuficiencia de solvencia inferior al 50% del mínimo exigido por la legislación. La decisión dejó a numerosos clientes sin acceso habitual a sus ahorros y medios de pago.
Ueno tenía aproximadamente tres millones de clientes y administraba cerca de 850 millones de dólares en depósitos de organismos públicos. Entre los recursos comprometidos figuraban fondos vinculados a la seguridad social, lo que aumentó la preocupación por las consecuencias de la crisis.
Un banco que creció bajo la mirada del poder
Ueno Bank se había expandido rápidamente mediante servicios financieros digitales y una estrategia de captación masiva de clientes.
Pero detrás de ese crecimiento comenzaron a surgir cuestionamientos sobre operaciones crediticias con empresas relacionadas, registros contables y controles regulatorios.
El Banco Central dispuso la intervención de la entidad para verificar su situación patrimonial, preservar activos y desarrollar un procedimiento destinado a proteger a los depositantes.
Las investigaciones también alcanzaron a ejecutivos bancarios. Según los antecedentes difundidos por Reuters y Associated Press, ocho personas vinculadas al banco fueron detenidas y se formularon cargos contra directivos y asociados. Las responsabilidades penales deberán ser determinadas judicialmente.
La crisis adquirió una dimensión política por las relaciones anteriores entre el Presidente y el grupo empresarial propietario del banco.
Peña mantuvo una participación en el Grupo Vázquez, controlador de Ueno, hasta marzo de 2025, cuando ya ocupaba la Presidencia. A ello se añadió otro antecedente: Carlos Carvallo, presidente del Banco Central hasta su renuncia esta semana, había encabezado anteriormente Ueno Bank.
La trayectoria de ambos abrió interrogantes sobre eventuales conflictos de interés y sobre la independencia de los mecanismos de supervisión financiera.
Estos vínculos están documentados, aunque por sí solos no demuestran que Peña haya intervenido en las operaciones investigadas. El mandatario rechazó las acusaciones de responsabilidad personal y sostuvo que correspondía a la justicia esclarecer las irregularidades.
Los ahorros de millones de personas
Mientras avanzaban las investigaciones, la crisis se trasladó a las calles.
Clientes acudieron a las sucursales para reclamar el acceso a sus depósitos. Entre los afectados había trabajadores, pequeños comerciantes, pensionados y personas que utilizaban las cuentas digitales para recibir ingresos y realizar pagos cotidianos.
La situación mostró la dependencia que puede generar una entidad financiera con una presencia tan extendida en la vida económica de un país.
Para un trabajador que recibe su salario en una cuenta bancaria, la suspensión de operaciones no es una discusión sobre índices de solvencia. Es la imposibilidad inmediata de disponer de su dinero.
El Banco Central anunció este jueves el comienzo de los pagos de garantía a un primer grupo de depositantes con saldos de hasta diez millones de guaraníes, sin deudas con Ueno y con cuentas habilitadas en otras instituciones.
La legislación paraguaya contempla una garantía de hasta 228,3 millones de guaraníes por depositante y entidad. Sin embargo, la recuperación de los saldos superiores dependerá del procedimiento de resolución y de los activos disponibles.
La autoridad monetaria ha insistido en que la crisis corresponde a una entidad específica y no representa una situación generalizada de insolvencia del sistema financiero paraguayo.
El gobierno de Peña y el modelo económico paraguayo
Santiago Peña llegó a la Presidencia en agosto de 2023 como candidato del Partido Colorado, la fuerza que ha dominado buena parte de la historia política paraguaya.
Su administración defendió una estrategia de apertura a las inversiones, incentivos tributarios, disciplina macroeconómica y fortalecimiento de la participación privada en la economía.
Paraguay ha sido promovido como un destino atractivo para el capital extranjero, gracias a sus bajos impuestos relativos, costos competitivos y condiciones favorables para determinadas actividades productivas.
Este modelo, con características propias, comparte elementos con las políticas económicas impulsadas por distintos gobiernos de derecha en América Latina.
Pero el caso Ueno plantea una pregunta que va más allá de la orientación ideológica de un gobierno: ¿qué ocurre cuando la expansión de grandes negocios financieros coincide con relaciones estrechas entre sus propietarios, las autoridades políticas y quienes deben supervisarlos?
La existencia de un mercado financiero abierto no determina necesariamente una supervisión deficiente. La cuestión es si los mecanismos institucionales fueron suficientes para detectar oportunamente las irregularidades y evitar que alcanzaran semejante magnitud.
En Paraguay, esas preguntas se volvieron especialmente urgentes cuando millones de ciudadanos perdieron temporalmente el acceso a sus recursos.
La relación con Kast y la derecha regional
La caída de Peña tiene también una dimensión política latinoamericana.
El presidente paraguayo mantuvo relaciones cercanas con José Antonio Kast, quien asumió la Presidencia de Chile en marzo de este año.
Peña asistió a la ceremonia de investidura de Kast y ambos mandatarios sostuvieron reuniones bilaterales centradas en seguridad, comercio e integración regional.
Posteriormente, el 1 de julio, Kast realizó una visita oficial a Asunción, acompañado de ministros y una delegación empresarial chilena.
Durante ese encuentro, los presidentes suscribieron acuerdos para facilitar las relaciones económicas y reforzar la cooperación en seguridad. La delegación empresarial conoció los incentivos tributarios y las oportunidades de inversión ofrecidas por Paraguay.
Kast destacó entonces la importancia de proporcionar seguridad jurídica a los inversionistas y estimular los flujos comerciales entre ambos países.
La relación refleja una convergencia en determinadas prioridades económicas y de seguridad. Sin embargo, no establece responsabilidad alguna del gobierno chileno en la crisis bancaria paraguaya.
Su relevancia reside en otro aspecto: el derrumbe político de Peña afecta a un mandatario con quien Kast había buscado fortalecer una agenda común de cooperación e inversiones.
Cuando la crisis financiera se convierte en crisis política
El miércoles, 35 diputados opositores impulsaron una acusación contra Peña, atribuyéndole conflictos de interés y responsabilidades políticas en la crisis.
La presión aumentó cuando sectores del propio Partido Colorado comenzaron a cuestionar la continuidad presidencial.
La renuncia anunciada este jueves ocurrió en medio de ese deterioro del respaldo político y de las movilizaciones de depositantes afectados.
El desenlace vuelve a colocar en el centro de la discusión latinoamericana la relación entre el poder económico y el poder político.
Los bancos desempeñan una función indispensable en la economía. Administran ahorros, financian empresas, procesan salarios y facilitan operaciones comerciales. Precisamente por esa importancia, su funcionamiento exige controles que no dependan de las relaciones personales o empresariales de sus propietarios.
Cuando esos controles fallan, las consecuencias pueden extenderse mucho más allá de los balances de una institución.
En Paraguay, el colapso de Ueno Bank dejó a millones de personas enfrentadas a la incertidumbre sobre sus ahorros, puso bajo investigación a directivos financieros, provocó la salida del presidente del Banco Central y terminó precipitando la renuncia del jefe del Estado.
Quedan preguntas fundamentales por responder: cuándo comenzaron las irregularidades, qué información conocían los organismos supervisores, por qué no fueron corregidas antes y qué mecanismos permitirán recuperar los fondos comprometidos.
También deberá establecerse si existieron responsabilidades políticas adicionales a las que ya se han expresado mediante las renuncias.
La crisis paraguaya ofrece así una advertencia para América Latina. La confianza de los inversionistas puede ser importante para una economía, pero la confianza de los ciudadanos en la seguridad de sus ahorros y en la independencia de las instituciones resulta igualmente indispensable.
Cuando esa confianza se pierde, el costo no se limita a las cifras de un banco. Puede alcanzar al conjunto del sistema político.
Redacción El Clarín
