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Cuando prevenir es un privilegio : la batalla por democratizar las pruebas del VPH en América Latina

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El cáncer de cuello uterino sigue cobrando miles de vidas cada año en América Latina, aunque la medicina dispone desde hace tiempo de herramientas eficaces para prevenirlo. La principal barrera no ha sido científica, sino económica. Mientras millones de mujeres continúan sin acceso a pruebas de detección de alta precisión, los países de la región han pagado durante años algunos de los precios más elevados del mundo por estas tecnologías. Los nuevos acuerdos impulsados por la OPS y Unitaid buscan revertir esta situación y abren un debate más amplio sobre las desigualdades que atraviesan el mercado mundial de la salud.

Cada año, decenas de miles de mujeres latinoamericanas reciben un diagnóstico de cáncer de cuello uterino. Muchas llegan tarde al sistema sanitario. Otras nunca fueron examinadas. Algunas vivían a pocas horas de un hospital; otras, a varios días. Sin embargo, todas comparten una misma paradoja: padecen una enfermedad que la ciencia sabe prevenir desde hace décadas.

En 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó una estrategia global para eliminar el cáncer cervicouterino como problema de salud pública durante el siglo XXI. Sobre el papel, el objetivo parecía alcanzable. Existe una vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH), responsable de la inmensa mayoría de los casos. Existen pruebas de detección capaces de identificar lesiones precancerosas antes de que evolucionen hacia el cáncer. Existen tratamientos eficaces para intervenir de manera precoz.

Pero entre la existencia de una tecnología y su acceso efectivo media una cuestión fundamental: quién puede pagarla.

Hoy América Latina y el Caribe constituyen la segunda región del mundo con mayor incidencia de cáncer cervicouterino después de África. No se trata de una fatalidad biológica. Es el resultado de desigualdades históricas en el acceso a la prevención, de sistemas sanitarios fragmentados y de un mercado global de tecnologías médicas que ha dejado a millones de mujeres al margen de los avances científicos.

El anuncio realizado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y Unitaid pretende alterar parcialmente esa ecuación. Por primera vez, todos los países de América Latina y el Caribe podrán acceder a acuerdos regionales para adquirir pruebas moleculares de VPH a precios reducidos. Las rebajas oscilan entre un 30 % y un 70 %, según los productos y los volúmenes adquiridos. El objetivo es simple: extender el acceso a una tecnología que hasta ahora seguía siendo inaccesible para gran parte de la región.

Pero detrás de este anuncio hay una historia más amplia. Una historia que habla de monopolios tecnológicos, de desigualdades entre países, de mercados sanitarios globales y de la manera en que el acceso a una prueba diagnóstica se convierte en una cuestión de justicia social.

La geografía de una desigualdad evitable

La prevención del cáncer de cuello uterino depende cada vez menos de la citología convencional y más de las pruebas moleculares del VPH. La diferencia es considerable.

El estudio ESTAMPA, una de las investigaciones más extensas realizadas en América Latina sobre detección temprana, mostró que las pruebas de VPH identifican prácticamente todos los casos de lesiones precancerosas y cáncer invasivo, mientras que los métodos tradicionales basados en citología detectan menos de la mitad.

La consecuencia es evidente: cuanto mayor es el acceso a las pruebas de VPH, mayores son las posibilidades de detectar lesiones antes de que se conviertan en tumores invasivos.

Sin embargo, durante años esta innovación estuvo reservada principalmente a los sistemas sanitarios con capacidad financiera para asumir costos elevados.

«La región cuenta con herramientas eficaces para prevenir esta enfermedad, pero demasiadas mujeres siguen sin beneficiarse de ellas», explica el doctor Mauricio Maza, asesor regional de la OPS para prevención y control del cáncer. La verdadera batalla, sostiene, ya no es científica sino política y organizativa.

El negocio de la dependencia tecnológica

La explicación de los elevados precios no se encuentra únicamente en los costos de producción.

Las pruebas moleculares requieren plataformas diagnósticas especializadas. Cada equipo funciona con reactivos desarrollados específicamente para ese sistema. Una vez instalado un aparato en una red pública de salud, cambiar de proveedor suele resultar extremadamente costoso.

Esta dependencia tecnológica genera una situación de cautividad.

Los países dejan de comprar simplemente una prueba y pasan a integrarse en un ecosistema completo controlado por un fabricante. Nuevos reactivos, mantenimiento, capacitación y actualizaciones quedan vinculados a la misma empresa. Cambiar de plataforma implica volver a invertir.

Desde Unitaid reconocen que este modelo ha contribuido a mantener precios elevados durante años. A ello se suma otro factor: la fragmentación de las compras.

Mientras las grandes farmacéuticas y empresas de diagnóstico negocian a escala global, la mayoría de los países latinoamericanos ha negociado individualmente, con volúmenes relativamente pequeños y escasa capacidad de presión. El resultado ha sido una enorme dispersión de precios y condiciones de acceso.

Paradójicamente, numerosos países latinoamericanos terminaron pagando más que algunos países africanos.

La paradoja de los países de renta media

Durante años, muchos mecanismos internacionales de financiación sanitaria estuvieron orientados hacia los países más pobres del planeta o aquellos especialmente afectados por el VIH. América Latina quedó en una posición ambigua.

Demasiado rica para beneficiarse de determinados programas internacionales de precios preferenciales.

Demasiado desigual para financiar universalmente tecnologías costosas.

La clasificación de numerosos países de la región como economías de renta media ocultó realidades sociales mucho más complejas. Detrás de indicadores macroeconómicos relativamente favorables coexistían sistemas sanitarios subfinanciados, profundas desigualdades territoriales y elevados niveles de pobreza.

Las mujeres terminaron pagando las consecuencias de esa clasificación.

Según explican desde Unitaid, muchos países latinoamericanos quedaron excluidos de acuerdos preferenciales negociados para otras regiones y acabaron pagando mucho más por exactamente los mismos productos.

Una negociación colectiva contra el mercado

La principal innovación de los nuevos acuerdos radica en la utilización de los Fondos Rotatorios Regionales de la OPS.

La lógica recuerda a los mecanismos históricos de compras colectivas creados para vacunas y medicamentos esenciales: agrupar la demanda para aumentar el poder de negociación.

De esta manera, todos los países de América Latina y el Caribe pueden acceder a las mismas condiciones comerciales independientemente de su tamaño, población o nivel de ingresos. Un pequeño Estado insular del Caribe podrá beneficiarse de los mismos precios que Brasil o México.

La operación constituye también un experimento geopolítico.

Frente a un mercado dominado por grandes corporaciones multinacionales, los Estados intentan recuperar capacidad de negociación actuando como bloque regional.

En términos económicos se trata de una corrección parcial de las asimetrías del mercado.

En términos políticos, representa una reafirmación de la salud pública frente a la lógica puramente comercial.

Más allá del precio

La reducción de precios es una condición necesaria, pero insuficiente.

Los obstáculos para acceder a la detección comienzan mucho antes de la llegada de una prueba al laboratorio.

En numerosas comunidades rurales e indígenas, el problema es la distancia física. En otras, la escasez de personal capacitado. En algunas regiones amazónicas, el transporte de muestras constituye por sí mismo un desafío logístico. Incluso cuando las pruebas llegan al laboratorio, los retrasos administrativos pueden impedir que los resultados regresen a tiempo a las pacientes.

El sistema produce pérdidas en cada etapa del proceso.

Una mujer se realiza la prueba. El resultado positivo tarda meses en llegar. La derivación a un centro especializado requiere otra espera. El tratamiento implica viajar largas distancias o asumir costos imposibles. Muchas abandonan el proceso antes del diagnóstico definitivo.

La detección deja entonces de ser un problema tecnológico para convertirse en una cuestión social.

La promesa de la autotoma

Una de las innovaciones más interesantes es la posibilidad de la autotoma.

Las mujeres pueden recoger ellas mismas la muestra para la prueba de VPH sin necesidad de un examen ginecológico tradicional. Diversos estudios han mostrado que esta modalidad aumenta significativamente la participación de mujeres que enfrentan barreras geográficas, económicas o culturales para acceder al sistema sanitario.

La tecnología podría modificar radicalmente la geografía de la prevención.

Una promotora comunitaria puede llevar pruebas a comunidades aisladas. Los centros de atención primaria pueden ampliar la cobertura sin incrementar significativamente la carga de trabajo médico. Las mujeres pueden evitar desplazamientos costosos.

Pero nuevamente surge una advertencia.

La autotoma solo tiene sentido si existe después una cadena asistencial capaz de garantizar diagnóstico, seguimiento y tratamiento.

Del diagnóstico al tratamiento

Un resultado positivo para VPH no significa necesariamente cáncer.

Significa que se ha identificado una infección por un tipo de VPH de alto riesgo y que será necesario un seguimiento adecuado para identificar eventuales lesiones precancerosas. Cuando estas se detectan a tiempo, pueden tratarse mediante procedimientos relativamente simples como la ablación térmica.

El verdadero desafío consiste en evitar que las pacientes se pierdan en el camino.

Por ello Unitaid insiste en que la prevención no puede limitarse a distribuir pruebas. Es necesario fortalecer las redes de atención primaria, acercar los tratamientos a los territorios y reducir el número de visitas necesarias para completar el seguimiento.

La historia reciente de los sistemas sanitarios latinoamericanos demuestra que disponer de tecnología no garantiza automáticamente acceso.

Lo decisivo es la capacidad institucional para convertir una innovación científica en un derecho efectivo.

Una cuestión de justicia sanitaria

La OMS aspira a que el 70 % de las mujeres sean examinadas mediante pruebas de alta precisión antes de los 35 años y nuevamente antes de los 45.

El objetivo parece técnico. En realidad, es profundamente político.

Durante décadas, el acceso a la prevención del cáncer cervicouterino estuvo condicionado por variables ajenas a la salud: la capacidad de negociación de un Estado, las estrategias comerciales de los fabricantes, el lugar de residencia de una mujer o la clasificación internacional de su país.

Los acuerdos anunciados por la OPS y Unitaid no eliminan esas desigualdades. Pero cuestionan una lógica que durante demasiado tiempo presentó la prevención como una mercancía y no como un derecho.

En un continente marcado por profundas fracturas sociales, reducir el precio de una prueba diagnóstica significa mucho más que ahorrar recursos públicos. Significa preguntarse quién tiene derecho a beneficiarse de los avances de la medicina y quién sigue siendo considerado prescindible.

El futuro del cáncer cervicouterino en América Latina dependerá menos de los laboratorios que de la respuesta a esa pregunta.

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