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La libertad de asociarse bajo asedio: la ONU alerta sobre el cierre global del espacio cívico

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La adopción de la Observación General n.º 38 del Comité de Derechos Humanos de la ONU constituye mucho más que una interpretación jurídica del artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es una respuesta política a una tendencia global cada vez más visible: la criminalización de la organización colectiva, la vigilancia de la sociedad civil y el uso de leyes antiterroristas para restringir derechos fundamentales.

Por años, gobiernos de distintas orientaciones ideológicas han recurrido a mecanismos administrativos, financieros y de seguridad para limitar la acción de sindicatos, organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales y colectivos ciudadanos. Frente a este escenario, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha decidido fijar una posición inequívoca: la libertad de asociación no depende de la autorización del Estado.

La afirmación parece elemental. Sin embargo, en una época marcada por la expansión de regímenes de vigilancia, la concentración del poder político y el endurecimiento de legislaciones en nombre de la seguridad nacional, adquiere una relevancia particular.

Un derecho que precede al reconocimiento estatal

En su nueva Observación General sobre el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité recuerda que las personas son libres de asociarse por el simple hecho de ser titulares de derechos.

“El derecho a la libertad de asociación no está condicionado por la autorización o el reconocimiento del Estado”, subraya el Comité.

La consecuencia práctica es fundamental: la existencia de una asociación no puede depender de su inscripción formal ni de la aprobación de una autoridad pública. Las personas deben poder decidir libremente si desean integrarse en organizaciones registradas o en colectivos informales.

Por ello, el Comité afirma que la mera pertenencia a una organización no registrada no puede constituir un delito ni dar lugar a sanciones.

Esta interpretación cuestiona directamente la proliferación de marcos legales que, en numerosos países, exigen autorizaciones previas, imponen complejos procedimientos administrativos o convierten la falta de registro en una infracción susceptible de castigo.

Lejos de tratarse de una cuestión burocrática, el órgano de la ONU recuerda que la libertad de asociación es uno de los pilares sobre los que descansan el pluralismo político y la participación democrática.

“Los ataques y las vulneraciones de la libertad de asociación son un barómetro crucial de una ofensiva más amplia contra los derechos humanos, el Estado de derecho y la democracia”.

Cuando la disidencia se convierte en amenaza

Uno de los aspectos más significativos del texto es la defensa explícita de aquellas formas de organización que resultan incómodas para el poder.

Según el Comité, la libertad de asociación protege también aquellas ideas y actividades consideradas “controvertidas”, “disidentes” o “perturbadoras”.

La afirmación no es menor. En numerosos contextos, la frontera entre protesta legítima y amenaza a la seguridad pública se ha vuelto cada vez más difusa.

El Comité sostiene que las organizaciones tienen derecho a investigar violaciones de derechos humanos, denunciar actos de corrupción, cuestionar políticas públicas o intervenir en debates políticamente sensibles, incluso cuando sus posiciones resulten impopulares para las autoridades o para sectores mayoritarios de la población.

Asimismo, reconoce la legitimidad de determinadas formas de desobediencia civil colectiva no violenta, una cuestión históricamente ligada a grandes luchas por los derechos civiles y sociales.

La defensa de este principio adquiere especial relevancia en un momento en que activistas ambientales, movimientos feministas, organizaciones indígenas y defensores de derechos humanos son cada vez más objeto de procesos judiciales, campañas de estigmatización o medidas de vigilancia.

La instrumentalización del antiterrorismo

La Observación General identifica un fenómeno que se ha vuelto recurrente en numerosos países: la utilización de leyes antiterroristas para restringir la acción de actores de la sociedad civil.

Desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, la expansión de marcos normativos asociados a la lucha contra el terrorismo ha permitido a los Estados ampliar considerablemente sus poderes de vigilancia y control.

El Comité advierte que legislaciones vagas sobre “extremismo”, “radicalización” o “organizaciones indeseables” pueden convertirse en herramientas de represión política.

Por ello recuerda que:

“Las personas y organizaciones no deben ser incluidas en listas por participar en actividades pacíficas de promoción o incidencia”.

Tampoco, añade, pueden ser penalizadas por realizar actividades humanitarias o de protección amparadas por el derecho internacional humanitario.

La posición del Comité representa una crítica implícita a una tendencia internacional observada en diversas regiones del mundo, donde la retórica de la seguridad ha servido para limitar espacios de movilización social y debilitar mecanismos independientes de vigilancia de los derechos humanos.

El dinero extranjero y el fantasma del “agente extranjero”

Otro de los puntos centrales del documento se refiere al financiamiento de las organizaciones.

Durante la última década numerosos gobiernos han aprobado leyes destinadas a restringir o controlar la financiación internacional de ONG y movimientos sociales.

Algunas de esas normativas obligan a registrarse como “agentes extranjeros”, una etiqueta que suele asociarse a sospechas de injerencia política o amenaza a la soberanía nacional.

El Comité rechaza explícitamente esta lógica.

Las asociaciones, afirma, poseen el derecho a buscar, recibir y utilizar recursos financieros, incluidos aquellos provenientes del extranjero.

Además, pueden cooperar internacionalmente sin correr el riesgo de ser catalogadas como agentes extranjeros ni como amenazas para la seguridad nacional.

La referencia apunta a una tendencia cada vez más extendida en distintos continentes, donde los flujos de cooperación internacional son presentados como instrumentos de influencia geopolítica y utilizados para justificar restricciones al trabajo de organizaciones independientes.

Según el Comité, argumentos como la “injerencia extranjera” o la defensa de la “soberanía nacional” no constituyen motivos legítimos para limitar la libertad de asociación en el marco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

La nueva frontera: vigilancia digital e inteligencia artificial

Si la persecución administrativa fue una de las marcas del siglo XX, la vigilancia digital se perfila como uno de los grandes desafíos democráticos del siglo XXI.

La Observación General dedica una atención especial a esta cuestión.

El Comité expresa preocupación por el uso de sistemas de vigilancia digital, herramientas biométricas, inteligencia artificial, monitoreo de redes sociales e interrupciones deliberadas del acceso a Internet.

Estas prácticas, advierte, pueden generar un efecto disuasorio sobre la participación ciudadana.

Cuando las personas perciben que sus comunicaciones son observadas, registradas o potencialmente utilizadas en su contra, el ejercicio de derechos fundamentales se ve limitado incluso sin necesidad de una prohibición explícita.

Por ello, el órgano de la ONU insiste en la necesidad de proteger la privacidad de las actividades digitales de las asociaciones, incluidas las comunicaciones cifradas, la confidencialidad de la información y el anonimato.

La preocupación resulta especialmente pertinente en un contexto en que tecnologías de reconocimiento facial, análisis masivo de datos e inteligencia artificial son incorporadas progresivamente a las estrategias estatales de seguridad.

Una advertencia al autoritarismo contemporáneo

El documento no afirma que la libertad de asociación sea un derecho absoluto.

El Comité reconoce que los Estados pueden imponer restricciones bajo determinadas circunstancias. Sin embargo, recuerda que estas deben estar previstas por la ley, perseguir fines legítimos y respetar los principios de necesidad y proporcionalidad.

La suspensión o disolución de una organización, sostiene, debe constituir siempre una medida excepcional y estar sometida a garantías judiciales efectivas.

La frase final del texto resume el espíritu de la Observación General y puede leerse como una advertencia frente a la deriva autoritaria observada en numerosos países:

“La relación entre derecho y restricción, y entre regla y excepción, no debe invertirse”.

En una época marcada por la expansión de poderes de vigilancia, la securitización de la política y la reducción de espacios para la participación colectiva, la ONU recuerda un principio elemental pero cada vez más disputado: la libertad de asociarse no es una concesión del Estado. Es un derecho inherente a toda sociedad democrática.

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