
Presupuesto 2027: el Senado decidirá esta tarde el futuro de los recursos para sitios de memoria, educación y cultura
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La Cámara Alta abordará este jueves algunas de las partidas más controvertidas del Presupuesto 2027. Entre ellas se encuentra el financiamiento de seis instituciones y programas de memoria histórica cuyos recursos fueron reducidos a apenas $1.000 mediante indicaciones de diputados republicanos. La oposición exige revertir esas rebajas, mientras persisten interrogantes sobre la posición que adoptarán Chile Vamos y el Gobierno. También están pendientes las negociaciones por los recortes a la educación pública, las universidades y la investigación científica.
El Senado enfrenta este jueves 19 de noviembre una jornada decisiva en la tramitación del Presupuesto 2027. Después de tres días de negociaciones y votaciones, la Cámara Alta deberá pronunciarse sobre algunas de las partidas que han generado mayores controversias políticas, entre ellas las correspondientes a los ministerios de las Culturas, Educación, Ciencia y Mujer.
Uno de los asuntos más sensibles será el financiamiento de los sitios de memoria y de las instituciones dedicadas a preservar los testimonios y antecedentes de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura.
La controversia se originó en las indicaciones presentadas por los diputados del Partido Republicano Agustín Romero, Fernando Ugarte y José Carlos Meza, que redujeron a $1.000 las asignaciones presupuestarias de seis instituciones y programas de memoria histórica.
Las propuestas fueron aprobadas durante la discusión en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y posteriormente se mantuvieron sin una restitución definitiva en el trámite de la Cámara de Diputados.
Ahora corresponde al Senado revisar la situación.
De casi $3.903 millones a seis mil pesos
Las indicaciones republicanas afectaron al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, que tenía contemplados $2.642 millones; al Fondo Programa Sitios de Memoria, con $683 millones; y a Londres 38 Casa Memoria, con $419 millones.
También quedaron reducidas a $1.000 las asignaciones de la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional, que contemplaba $95 millones; el Centro Cultural Museo y Memoria de Neltume, con $32 millones; y la Corporación de Ex Presos Políticos de Pisagua, con $30 millones.
En conjunto, las seis asignaciones sumaban aproximadamente $3.903 millones en el proyecto presentado al Congreso. Después de las indicaciones, quedaron reducidas a un total de $6.000.
Una reducción de esta magnitud, de mantenerse en la ley definitiva, comprometería gravemente la continuidad de las actividades financiadas por esas asignaciones.
Sin embargo, todavía no existe una decisión presupuestaria definitiva. La discusión de esta tarde permitirá establecer si los recursos son restituidos, si se acuerdan montos intermedios o si el desacuerdo deberá resolverse en una etapa posterior.
¿Una decisión ideológica o una herramienta de negociación?
Las indicaciones han abierto una controversia que trasciende sus consecuencias financieras.
El Partido Republicano ha mantenido posiciones críticas frente a determinadas políticas públicas de memoria histórica, por lo que las propuestas pueden interpretarse en el contexto de esas diferencias políticas.
No obstante, hasta ahora no existen antecedentes suficientes para establecer si la reducción a $1.000 responde exclusivamente a una decisión ideológica, si fue concebida también como instrumento de negociación presupuestaria o si reúne ambos propósitos.
La distinción es importante porque el desenlace podría ser muy diferente según las posiciones que adopten los distintos sectores del oficialismo.
Aunque las indicaciones fueron impulsadas por parlamentarios republicanos, no está confirmado que los senadores de Renovación Nacional y la UDI vayan a respaldarlas en la votación de este jueves.
Chile Vamos deberá definir si acompaña la propuesta de desfinanciamiento, si favorece la restitución de los recursos o si participa en una fórmula de acuerdo.
Tampoco está resuelta la posición final del Ministerio de Hacienda, que posee atribuciones determinantes para proponer aumentos presupuestarios y negociar la reposición de partidas.
La oposición, por su parte, ha planteado la necesidad de mantener el financiamiento de los sitios de memoria y ha cuestionado las reducciones introducidas durante la tramitación.
La combinación de estas posiciones abre un espacio para negociar, aunque no garantiza un acuerdo.
Recuperar los fondos no significa necesariamente volver a 2026
Existe una segunda controversia que podría quedar parcialmente oculta si la discusión se concentra exclusivamente en las indicaciones republicanas.
El proyecto original del Ejecutivo ya contemplaba reducciones en el financiamiento destinado a políticas e instituciones de memoria histórica respecto del año anterior.
Por lo tanto, una eventual restitución de los montos que figuraban en el proyecto presentado por Hacienda no significaría necesariamente recuperar el nivel de recursos disponible en 2026.
Esta diferencia resulta fundamental para evaluar el desenlace.
Una cosa será revertir las indicaciones que redujeron determinadas asignaciones a $1.000. Otra, establecer si los sitios de memoria dispondrán de financiamiento suficiente para mantener sus actividades, sus equipos de trabajo, sus archivos y sus programas educativos.
También permanece bajo discusión una transferencia presupuestaria vinculada a la Subsecretaría de Derechos Humanos y al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, cuyo financiamiento fue objeto de reducciones durante las etapas anteriores de la tramitación.
Se trata de recursos relacionados entre sí, por lo que su evaluación exige evitar duplicaciones contables y revisar la estructura definitiva de las transferencias.
Educación: otra negociación pendiente
La partida de Educación constituye otro de los principales asuntos que deberá resolver el Senado.
Las universidades agrupadas en el Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) han denunciado reducciones superiores a $36.000 millones en aportes institucionales, al comparar el proyecto con el presupuesto ajustado de 2026.
Los cuestionamientos se concentran en los aportes basales a universidades estatales y tradicionales, los fondos de fortalecimiento institucional y distintos instrumentos de financiamiento público.
La oposición también ha solicitado revisar los recursos para programas de apoyo escolar, entre ellos Yo Elijo mi PC, así como las asignaciones relacionadas con la educación pública.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha reconocido la necesidad de profundizar las conversaciones sobre esta partida y ha adelantado que el Ejecutivo buscará reponer recursos rechazados durante el trámite anterior, aunque con posibles ajustes.
Las decisiones que adopte el Senado permitirán establecer qué programas recuperan financiamiento y cuáles continuarán sujetos a restricciones.
La discusión se desarrolla, además, después de la movilización nacional de trabajadores y estudiantes realizada este miércoles, convocada por la CUT, la Confech y otras organizaciones sociales contra los recortes presupuestarios.
Aunque no corresponde atribuir automáticamente las negociaciones parlamentarias a la protesta, ambas expresan la creciente controversia sobre las prioridades del gasto público.
El Gobierno negocia después de las concesiones en salud y pensiones
La tramitación del Presupuesto 2027 ha estado marcada por acuerdos parciales y rectificaciones del Ejecutivo.
Durante esta semana, Hacienda anunció la incorporación de US$160 millones destinados al Fondo Autónomo de Protección Previsional, después de una controversia con la oposición sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas para 2027.
También comprometió $28.000 millones adicionales para la Ley Ricarte Soto, en el marco de las negociaciones que permitieron aprobar la partida de Salud.
Estos acuerdos muestran que el proyecto presupuestario no ha permanecido inalterado durante su paso por el Congreso.
Sin embargo, las concesiones realizadas en determinadas áreas no resuelven automáticamente los desacuerdos pendientes en educación, cultura, ciencia y memoria histórica.
El Gobierno deberá decidir qué recursos está dispuesto a reponer para asegurar el despacho de las partidas que todavía no cuentan con respaldo suficiente.
Una tarde decisiva, pero no necesariamente definitiva
El Senado tiene previsto continuar este jueves la discusión y votación del Presupuesto 2027, con sesiones programadas durante la mañana y la tarde.
Entre las partidas pendientes se encuentran Culturas, Educación, Ciencia, Minería y Mujer y Equidad de Género.
Si la Cámara Alta introduce modificaciones al texto aprobado por los diputados, el proyecto deberá regresar a la Cámara de origen. Las diferencias que persistan podrían terminar en una comisión mixta.
Por ello, las decisiones de este jueves pueden resultar decisivas sin constituir necesariamente el último capítulo de la discusión.
En el caso de los sitios de memoria, la jornada permitirá conocer con mayor claridad las posiciones de los distintos sectores del oficialismo, el alcance de las exigencias de la oposición y la disposición del Gobierno a restituir los recursos.
La cuestión de fondo no se limita a determinar si seis asignaciones permanecerán en $1.000 o recuperarán los montos originales.
También consiste en establecer qué compromiso presupuestario asumirá finalmente el Estado chileno con las instituciones encargadas de conservar los testimonios, documentos y espacios vinculados a la historia de las violaciones de derechos humanos.
La votación de esta tarde comenzará a responder esas preguntas
