
Codelco: la crisis productiva que abre una disputa por el futuro del cobre chileno
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La principal empresa estatal de Chile se encamina a cerrar 2026 con su menor producción en tres décadas. Los retrasos en sus proyectos estructurales, el endeudamiento y las irregularidades detectadas en sus registros exigen respuestas. Pero mientras el Gobierno abre la posibilidad de incorporar capital privado, los trabajadores advierten que los problemas de gestión no justifican transferir patrimonio público. En el centro de la controversia está una pregunta decisiva: cómo recuperar Codelco sin renunciar a su papel estratégico en el desarrollo nacional.
Codelco enfrenta una de las situaciones más complejas de su historia reciente. La empresa que durante décadas ha representado la capacidad del Estado chileno para participar directamente en la explotación de su principal riqueza minera podría cerrar 2026 con una producción de apenas 1,2 millones de toneladas de cobre, el nivel más bajo desde 1995.
La cifra, adelantada por el presidente de su directorio, Bernardo Fontaine, revela la profundidad de un deterioro que se extiende por varios años. En 2017, la compañía produjo 1,734 millones de toneladas. Si se cumple la proyección actual, habrá perdido casi un tercio de su capacidad productiva en menos de una década.
El contraste resulta especialmente significativo porque ocurre durante un período de precios internacionales extraordinariamente favorables para el cobre. Mientras el mercado ofrece oportunidades excepcionales, Codelco enfrenta dificultades para aprovecharlas plenamente.
Pero la discusión ha comenzado a desplazarse desde los problemas productivos hacia una cuestión de mayor alcance: la propiedad de la empresa.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, planteó recientemente que, a más largo plazo, podría considerarse la incorporación de capital privado a la propia Codelco, aunque aclaró que no constituye una medida inmediata y que se mantendría el control estatal.
Fontaine, por su parte, ha insistido en que su plan de recuperación no contempla privatizar la compañía.
La diferencia entre ambas declaraciones no es menor. Una cosa es establecer asociaciones con privados para desarrollar proyectos específicos, una práctica que Codelco ya realiza. Otra es abrir la propiedad de la empresa matriz a inversionistas particulares.
Esta última posibilidad modifica los términos de una discusión que hasta ahora se concentraba principalmente en la producción, las inversiones y el endeudamiento.
Una caída que no puede explicarse solamente por la gestión
Los problemas de Codelco son reales y sería un error minimizarlos.
La disminución de la producción está relacionada con el envejecimiento de algunos yacimientos, la caída de las leyes del mineral, las dificultades técnicas de las explotaciones subterráneas y los retrasos de proyectos estructurales destinados a prolongar la vida útil de las divisiones históricas.
A ello se suman problemas de planificación, sobrecostos y decisiones administrativas que requieren una evaluación rigurosa.
La transición de Chuquicamata hacia la minería subterránea, las dificultades operacionales de Ministro Hales y las restricciones posteriores al accidente de julio de 2025 en El Teniente forman parte de un escenario especialmente exigente.
En este último caso, además, la recuperación productiva no puede separarse de las obligaciones de seguridad laboral. Ningún incremento de toneladas justificaría relajar los estándares de protección de quienes trabajan en las faenas.
El economista minero Álvaro Merino Lacoste, director ejecutivo de Núcleo Minero y antiguo gerente de Estudios de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), ha atribuido una parte importante del deterioro a deficiencias de gestión y al manejo de las inversiones.
Merino calculó que la diferencia entre la producción de 2017 y la proyectada para este año equivale a 534.000 toneladas de cobre. Considerando un precio de US$6,15 por libra, su valor bruto alcanzaría aproximadamente US$7.240 millones.
La magnitud es considerable, aunque debe evitarse confundir el valor comercial de esas toneladas con utilidades perdidas o recursos fiscales que habrían ingresado automáticamente al Estado. La extracción de cobre requiere inversiones y costos que deben descontarse.
La trayectoria de Merino también es relevante para situar sus opiniones. Durante más de tres décadas trabajó en SONAMI, la principal organización gremial de la minería privada. Su experiencia técnica merece consideración, pero sus interpretaciones deben examinarse junto a las de investigadores, trabajadores y especialistas con otras perspectivas.
El problema no se resuelve sustituyendo un diagnóstico empresarial por otro sindical. Se necesita establecer qué parte de la caída responde a condiciones geológicas inevitables, qué parte a decisiones de inversión y qué parte a problemas de administración.
Las inversiones que no entregaron los resultados esperados
Codelco ha destinado decenas de miles de millones de dólares a proyectos estructurales durante los últimos años.
Según Fontaine, las inversiones acumuladas durante los últimos ocho años alcanzan aproximadamente US$32.000 millones.
Esos recursos estaban destinados, en buena medida, a renovar operaciones que enfrentaban el agotamiento de sectores productivos y crecientes dificultades técnicas.
Sin embargo, varios proyectos han registrado retrasos, incrementos presupuestarios y dificultades para alcanzar sus capacidades de diseño.
Rajo Inca, en la División Salvador, constituye uno de los ejemplos. Su inversión ha aumentado considerablemente respecto de las estimaciones iniciales y todavía atraviesa una etapa de incremento gradual de producción.
La situación exige investigar las decisiones adoptadas por las distintas administraciones, los sistemas de evaluación económica y los mecanismos de supervisión de los directorios.
También requiere determinar cuánto de los sobrecostos se explica por cambios técnicos, cuánto por condiciones imprevistas y cuánto por errores de planificación o ejecución.
Las responsabilidades no pueden asignarse mecánicamente a un gobierno o a un directorio. Los grandes proyectos mineros se desarrollan durante períodos que suelen superar ampliamente los ciclos políticos.
Pero esa continuidad tampoco puede convertirse en una excusa para diluir responsabilidades.
Una empresa pública de la importancia de Codelco debe someter sus decisiones de inversión a estándares especialmente exigentes de transparencia, control y rendición de cuentas.
Las 42.100 toneladas bajo investigación
A los problemas productivos se agregó recientemente una controversia sobre la confiabilidad de los registros internos.
El 5 de noviembre, Codelco informó antecedentes preliminares sobre inconsistencias que alcanzarían 42.100 toneladas de cobre registradas como producidas durante 2024 y 2025.
Según los antecedentes difundidos, las diferencias corresponderían a 24.000 toneladas en 2024 y 18.100 toneladas en 2025.
Las auditorías buscan establecer cómo se originaron esas inconsistencias, cuáles fueron sus efectos contables y quiénes tienen responsabilidad en los procedimientos de registro y control.
No corresponde presentar las cifras como un robo de cobre ni como una pérdida física acreditada. Se trata de diferencias contables y productivas que todavía requieren esclarecimiento.
Fontaine ha defendido la difusión de los hallazgos y rechazado las acusaciones de que la nueva administración busque desacreditar a la compañía.
Desde sectores de oposición, en cambio, se ha cuestionado la manera en que estos antecedentes han sido incorporados al debate público mientras las investigaciones siguen abiertas.
La obligación de esclarecer lo ocurrido es independiente de la controversia sobre la propiedad estatal.
Una empresa pública no puede defenderse ocultando sus problemas. Su legitimidad depende, precisamente, de que existan mecanismos eficaces para detectar irregularidades, corregirlas y establecer responsabilidades.
Los trabajadores cuestionan el diagnóstico privatizador
La Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), que agrupa a 26 sindicatos de la compañía, ha reaccionado con dureza frente a las declaraciones del Gobierno.
En una declaración difundida el 10 de noviembre, acusó al Ejecutivo y al presidente del directorio de promover una imagen negativa de Codelco que, a juicio de la organización, podría preparar las condiciones políticas para una privatización parcial.
La acusación no demuestra que exista un plan de privatización encubierta, pero expresa una preocupación que va más allá de la eventual venta de acciones de la empresa matriz.
Los trabajadores advierten que el control público también puede debilitarse mediante la transferencia de activos estratégicos, la venta de participaciones en negocios relevantes o la entrega de pertenencias mineras a sociedades controladas por privados.
En otras palabras, una empresa puede mantener formalmente su carácter estatal y, al mismo tiempo, reducir progresivamente su participación directa en actividades o recursos de importancia estratégica.
El secretario general de la FTC, Aldo Binimelis, ha insistido en que Codelco posee no solamente divisiones productivas, sino también reservas, prospectos y propiedades mineras que constituyen parte de su patrimonio futuro.
Los dirigentes sindicales han anunciado movilizaciones si se avanza hacia medidas que consideren privatizadoras.
Pero su posición no se limita a rechazar cambios en la propiedad.
Las organizaciones de trabajadores han planteado la necesidad de una política de financiamiento estatal de largo plazo, modernizar las fundiciones y refinerías, revisar los sistemas de subcontratación y fortalecer las capacidades técnicas de la compañía.
Estas propuestas merecen un examen económico y operacional tan riguroso como el aplicado a las iniciativas de la administración.
La subcontratación: un debate pendiente
Uno de los asuntos menos desarrollados en la discusión pública es el costo de la externalización de funciones estratégicas.
Durante años, organizaciones sindicales han cuestionado que actividades de mantenimiento y operación sean encargadas a empresas contratistas, incluso cuando Codelco dispone de trabajadores con experiencia técnica para realizarlas.
Un antecedente significativo surgió en Chuquicamata, donde trabajadores denunciaron diferencias importantes entre el costo de realizar internamente determinadas labores de mantenimiento y el precio contratado a una empresa externa.
El caso del horno flash, que dio lugar a investigaciones y actuaciones de organismos fiscalizadores, puso en discusión no solamente los montos involucrados, sino también los mecanismos mediante los cuales se decide externalizar una actividad.
No sería correcto concluir que toda subcontratación es ineficiente. Existen trabajos especializados y necesidades temporales que pueden justificarla.
Pero tampoco corresponde suponer que contratar servicios privados garantiza automáticamente menores costos o mejores resultados.
La comparación debe considerar precios, calidad, continuidad operacional, seguridad, transferencia de conocimientos y capacidades técnicas que permanecen dentro de la empresa.
En una industria altamente especializada, la pérdida de experiencia acumulada puede tener consecuencias económicas difíciles de cuantificar.
La propuesta sindical de recuperar internamente determinadas funciones estratégicas requiere estudios de costos independientes. Descartarla por principio sería tan poco riguroso como aceptarla sin evaluación.
El alto precio del cobre disimula parte del problema
La situación financiera de Codelco presenta una contradicción importante.
Durante el primer semestre de 2026, la compañía informó una disminución de su producción propia, pero también una mejora considerable de sus resultados operacionales, favorecida por el aumento del precio del cobre.
El EBITDA alcanzó US$4.648 millones, mientras los aportes al Fisco llegaron a US$933 millones.
Esto demuestra que una menor producción no implica necesariamente pérdidas financieras inmediatas.
Sin embargo, el alto precio internacional puede ocultar temporalmente debilidades estructurales.
Si las cotizaciones disminuyeran y los costos permanecieran elevados, la capacidad de generar excedentes se vería sometida a mayores presiones.
El endeudamiento de la compañía agrega otra dificultad.
Codelco debe financiar simultáneamente sus operaciones, el servicio de sus obligaciones y las inversiones necesarias para mantener la producción futura.
La cuestión es cómo construir un esquema de financiamiento sostenible que permita recuperar la capacidad productiva sin comprometer los ingresos fiscales ni transferir innecesariamente patrimonio público.
Este es un problema económico concreto, no solamente una discusión ideológica.
¿La inversión privada resolvería la crisis?
La posibilidad planteada por el ministro Quiroz introduce una pregunta que merece una respuesta precisa.
¿De qué manera la incorporación de accionistas privados a Codelco permitiría corregir los retrasos de los proyectos, mejorar la planificación de inversiones o resolver los problemas de productividad?
La entrada de capital puede proporcionar recursos financieros, pero no garantiza por sí sola una mejor administración.
Una empresa privada también puede enfrentar sobrecostos, errores de inversión, problemas técnicos y decisiones equivocadas.
Del mismo modo, la propiedad estatal no garantiza automáticamente una gestión eficiente.
La diferencia está en los objetivos y mecanismos de control.
Codelco debe operar con criterios económicos rigurosos, pero también cumple una función pública: generar recursos para el país y preservar una participación estatal directa en la explotación del cobre.
Las asociaciones con empresas privadas para proyectos determinados pueden evaluarse según sus condiciones concretas, sin que ello implique necesariamente modificar la propiedad de la corporación.
El debate debería precisar qué recursos se necesitan, qué proyectos requieren financiamiento, qué alternativas existen y cuáles serían los costos de cada opción.
También debería explicar qué derechos económicos y de decisión recibirían eventuales inversionistas privados.
Sin esos antecedentes, la discusión corre el riesgo de transformar un problema de gestión y financiamiento en una conclusión anticipada sobre la propiedad.
El valor del cobre no termina en la extracción
La controversia tiene otra dimensión que rara vez ocupa el centro del debate económico: el papel de Codelco en el desarrollo industrial de Chile.
Durante décadas, el país ha dependido en gran medida de la extracción y exportación de recursos minerales, con dificultades para ampliar su participación en actividades de mayor elaboración tecnológica.
Las organizaciones de trabajadores han planteado modernizar y fortalecer las capacidades de fundición y refinación de Codelco y Enami.
El propio ministro Quiroz ha mencionado posibilidades de atraer inversión extranjera para desarrollar actividades de refinación en Chile.
La discusión, por tanto, no debería limitarse a cuánto cobre se extrae, sino también a qué parte de su procesamiento y de las actividades industriales asociadas se realiza en el país.
La modernización de fundiciones exige inversiones elevadas, tecnologías de control ambiental y condiciones económicas competitivas. No es una alternativa sencilla ni necesariamente rentable en todos los casos.
Pero merece una evaluación estratégica de largo plazo.
Una empresa estatal con presencia relevante en la minería podría desempeñar un papel importante en la articulación de capacidades industriales, formación técnica, investigación aplicada y encadenamientos productivos nacionales.
Ese potencial no se mide únicamente por sus utilidades anuales.
La propiedad estatal y el interés nacional
Desde la nacionalización del cobre en 1971, la participación del Estado en la gran minería ha formado parte de una discusión más amplia sobre soberanía económica y distribución de los beneficios de los recursos naturales.
Codelco ha contribuido durante décadas al financiamiento público y ha permitido que una parte significativa de la renta minera permanezca directamente en manos del Estado.
Eso no convierte a la empresa en una institución inmune a la crítica.
Al contrario, la importancia de su patrimonio exige controles más estrictos, directorios competentes, transparencia y decisiones de inversión fundadas en antecedentes técnicos.
Defender la propiedad estatal no debería significar defender cualquier administración.
Tampoco implica rechazar toda asociación con empresas privadas.
Significa reconocer que la propiedad pública tiene un valor económico y estratégico que debe considerarse antes de adoptar decisiones irreversibles.
La venta de participaciones o activos puede proporcionar ingresos inmediatos, pero también implica renunciar a una parte de los beneficios futuros y, dependiendo de las condiciones, a determinadas capacidades de decisión.
Por eso, cualquier propuesta de modificación patrimonial debe demostrar que sus beneficios para el país superan sus costos de largo plazo.
Recuperar Codelco sin renunciar a ella
La proyección de una producción cercana a 1,2 millones de toneladas para 2026 y 2027 revela que la recuperación de Codelco será lenta.
El nuevo directorio deberá presentar una estrategia que permita mejorar la continuidad operacional, controlar costos y recuperar gradualmente los niveles productivos.
Pero el desafío también exige revisar el sistema de planificación de inversiones, fortalecer los mecanismos de fiscalización y evaluar las propuestas de quienes conocen directamente las operaciones.
Los trabajadores no pueden quedar reducidos al papel de defensores de sus puestos de trabajo. Su experiencia técnica constituye una fuente de información relevante para identificar problemas y soluciones.
Del mismo modo, las universidades, los centros de investigación y los organismos públicos especializados deben contribuir a una evaluación que no dependa exclusivamente de los diagnósticos de la administración o de consultoras vinculadas al negocio minero.
Chile necesita saber qué ocurrió con las inversiones, por qué los proyectos no entregaron los resultados esperados y qué cambios concretos permitirían recuperar la producción.
También necesita conocer las alternativas de financiamiento disponibles antes de asumir que abrir la propiedad de Codelco constituye una solución necesaria.
La crisis productiva es demasiado importante para negarla. Pero también lo es el patrimonio público que está en discusión.
El desafío no consiste en elegir entre una Codelco estatal e ineficiente o una empresa parcialmente privatizada y supuestamente más productiva. Consiste en construir una Codelco pública capaz de producir eficientemente, invertir con responsabilidad, proteger a sus trabajadores y contribuir al desarrollo de Chile.
La recuperación de la empresa debe comenzar por esclarecer sus problemas, no por dar por inevitable la reducción de su propiedad estatal.
Fuentes: Diario Financiero, BioBioChile, Radio Universisas de Chile, Redimin, Federación de Trabajadores del Cobre.

Felipe Portales says:
Errata: en perjuicio del pueblo chileno…
Felipe Portales says:
La derecha -gran corrupta- tratando de aprovecharse de la pequeña corrupción de la «centro-izquierda», el perjuicio del pueblo chileno. Desgraciadamente, un guión que tenemos ya muy conocido. Aunque en este caso el daño puede llegar a ser gigantesco…