
Gobierno flexibiliza normas de edificación y alcaldes advierten riesgo de nuevos «guetos verticales»
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Un decreto del Ministerio de Vivienda modifica las reglas que determinan cuántos departamentos pueden construirse en un terreno, flexibiliza exigencias de estacionamientos y amplía beneficios para determinados proyectos inmobiliarios. Mientras el Gobierno defiende la medida como una respuesta al déficit habitacional, municipios de distintas tendencias políticas advierten sobre el impacto en los barrios y la infraestructura urbana. Providencia ya prepara cambios a su plan regulador para contener sus efectos.
Una modificación de la normativa urbanística chilena, vigente desde el 2 de octubre, está provocando una controversia que enfrenta al Gobierno con municipios de distintas orientaciones políticas. El conflicto gira en torno a una pregunta aparentemente técnica, pero de enormes consecuencias para las ciudades: ¿cuántas viviendas pueden construirse en un terreno y quién decide los límites de ese crecimiento?
El Decreto Supremo N.º 68 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, encabezado por Iván Poduje, introduce modificaciones a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC). Entre ellas figuran nuevas fórmulas para calcular la densidad habitacional, menores exigencias de estacionamientos y cambios en los beneficios que permiten a determinados proyectos superar las condiciones ordinarias de edificación.
El Gobierno presenta la reforma como una herramienta para facilitar la construcción de viviendas, reducir costos y aprovechar mejor la infraestructura existente, especialmente en sectores próximos al transporte público.
Sin embargo, alcaldes y autoridades regionales advierten que las nuevas disposiciones podrían permitir una densificación considerablemente mayor que la prevista en los planes reguladores comunales, sin que exista necesariamente una expansión equivalente de escuelas, consultorios, áreas verdes, redes sanitarias y otros servicios.
La controversia ha llegado al Tribunal Constitucional y comienza a provocar respuestas concretas de los municipios.
Una modificación que puede duplicar el número de viviendas
El cambio más significativo está contenido en el artículo 2.1.22 de la ordenanza.
Hasta ahora, el cálculo general de densidad consideraba cuatro habitantes por vivienda. El nuevo decreto reduce ese coeficiente a 2,8.
Además, establece un coeficiente especial de 1,4 habitantes por vivienda para proyectos ubicados en determinadas áreas próximas al transporte público o a vías expresas y troncales.
La diferencia puede parecer menor, pero sus efectos son considerables.
En un terreno donde el instrumento de planificación permita una densidad de 560 habitantes, el cálculo anterior equivalía a 140 viviendas. Con el coeficiente general de 2,8, la cifra aumenta a 200. Y si el proyecto cumple las condiciones para aplicar el factor especial de 1,4, podría llegar teóricamente a 400 viviendas.
Es decir, la misma densidad expresada en habitantes puede traducirse en una cantidad de departamentos casi tres veces superior a la contemplada bajo el sistema anterior.
El ejemplo ilustra el efecto del cálculo, aunque no significa que cualquier terreno pueda alcanzar automáticamente esas cifras. Los proyectos siguen sujetos a otras restricciones, como altura, constructibilidad, ocupación de suelo y condiciones de habitabilidad.
La modificación, sin embargo, cambia una de las variables fundamentales con las que se determina la intensidad residencial de los terrenos.
El factor especial se aplica, entre otras condiciones, a proyectos situados a no más de 600 metros de recorrido peatonal de estaciones de metro, tren o sistemas equivalentes, existentes o proyectadas bajo determinados requisitos.
También comprende franjas próximas a vías expresas y troncales.
El argumento del Gobierno es que resulta razonable concentrar más viviendas en sectores bien conectados, reduciendo la necesidad de extender las ciudades hacia la periferia.
Pero los municipios sostienen que la cercanía al transporte público no demuestra, por sí sola, que exista capacidad suficiente para recibir a una población considerablemente mayor.
Más altura y superficie construida
El decreto también modifica las disposiciones sobre los llamados conjuntos armónicos, una figura urbanística que permite acceder a determinados beneficios de edificación cuando los proyectos cumplen requisitos especiales.
Entre las modificaciones se contemplan incrementos de constructibilidad que pueden llegar al 75% en ciertos casos, además de beneficios de altura de hasta un 50% bajo condiciones específicas.
No se trata de autorizaciones generales para construir edificios de cualquier tamaño. Los beneficios dependen de las características del terreno, la ubicación, el tipo de proyecto y las exigencias de la normativa.
Sin embargo, pueden aumentar significativamente la superficie comercializable de determinados desarrollos inmobiliarios.
Este aspecto introduce una dimensión económica importante.
El valor de un terreno depende, entre otros factores, de la cantidad de superficie que puede construirse sobre él. Si una modificación normativa permite desarrollar más departamentos o metros cuadrados, el potencial económico del suelo aumenta.
Ese incremento puede beneficiar a los propietarios de terrenos y a las empresas inmobiliarias, aunque su distribución efectiva dependerá de los precios, costos y condiciones del mercado.
La pregunta es si ese mayor aprovechamiento del suelo se traducirá también en viviendas más accesibles y mejores condiciones urbanas.
El decreto no establece una obligación general de destinar los beneficios adicionales exclusivamente a viviendas sociales.
Por ello, el aumento de la capacidad de construcción no garantiza automáticamente una solución para los hogares que enfrentan mayores dificultades de acceso a la vivienda.
Providencia: el 80% de la comuna podría verse afectado
La reacción de Providencia permite dimensionar el alcance de la controversia.
Según antecedentes presentados por la administración del alcalde Jaime Bellolio, el factor especial de densidad podría aplicarse en sectores que abarcan aproximadamente el 80,5% de la comuna.
La cifra responde principalmente a la extensa cobertura de transporte público y a las condiciones de ubicación contempladas en la nueva normativa.
El municipio estima que, en determinados sectores donde actualmente existen departamentos de unos 80 metros cuadrados en promedio, las nuevas condiciones podrían incentivar proyectos con unidades considerablemente más pequeñas, incluso cercanas a los 28 metros cuadrados.
No significa que todos los nuevos departamentos tendrán esas dimensiones. Se trata de una proyección municipal sobre el tipo de desarrollo que podrían favorecer las nuevas reglas.
Ante ese escenario, Providencia anunció que impulsará una enmienda a su Plan Regulador Comunal.
La propuesta contempla reducir hasta en un 20% la densidad permitida en determinados sectores y revisar los beneficios de altura y constructibilidad.
Al mismo tiempo, el municipio busca mantener oportunidades de crecimiento en zonas centrales y bien conectadas, incluyendo la reconversión de edificios de oficinas en viviendas.
La iniciativa muestra que la discusión no se reduce a aceptar o rechazar la densificación.
El problema consiste en determinar dónde puede aumentar la población residencial, bajo qué condiciones y con qué infraestructura.
El fantasma de Estación Central
Las advertencias sobre nuevos «guetos verticales» remiten inevitablemente a la experiencia de Estación Central.
Durante años, esa comuna concentró numerosos proyectos de gran altura y elevada densidad, con edificios que llegaron a albergar centenares de departamentos en terrenos relativamente pequeños.
El fenómeno puso en evidencia los problemas que pueden surgir cuando el desarrollo inmobiliario avanza más rápidamente que la planificación urbana y la provisión de servicios.
La congestión, la presión sobre los espacios públicos, la escasez de áreas verdes y las dificultades de convivencia se transformaron en parte del debate sobre el crecimiento de Santiago.
Sin embargo, sería incorrecto afirmar que el nuevo decreto reproducirá necesariamente ese modelo.
Las condiciones regulatorias actuales son diferentes y los proyectos deben cumplir otras exigencias urbanísticas.
Lo que preocupa a las autoridades municipales es la posibilidad de que determinados incentivos económicos vuelvan a favorecer concentraciones residenciales difíciles de absorber por los barrios.
La experiencia de Estación Central constituye una advertencia sobre las consecuencias de una planificación insuficiente, no una demostración anticipada de lo que ocurrirá con la nueva normativa.
Alcaldes de distintas tendencias cuestionan la reforma
Una característica relevante del conflicto es que las críticas no provienen exclusivamente de autoridades opositoras al Gobierno.
Municipios como Providencia, Independencia, Estación Central y Lo Barnechea han expresado reparos sobre distintos aspectos de la modificación.
El gobernador metropolitano, Claudio Orrego, también ha cuestionado los efectos de la reforma sobre la planificación territorial y las atribuciones de las autoridades locales.
Las preocupaciones no son idénticas.
Algunas comunas temen una densificación excesiva en sectores residenciales consolidados. Otras advierten sobre la presión que podría producirse en servicios públicos e infraestructura.
También existe inquietud respecto de la capacidad municipal para orientar el desarrollo urbano mediante sus propios instrumentos de planificación.
La discusión plantea una tensión institucional importante: el Gobierno central establece normas generales para facilitar la construcción, mientras los municipios deben administrar buena parte de las consecuencias territoriales de ese crecimiento.
Los planes reguladores comunales se elaboran mediante procedimientos técnicos y mecanismos de participación ciudadana. Su modificación puede tomar años.
Un cambio reglamentario nacional, en cambio, puede alterar rápidamente las condiciones bajo las cuales se desarrollan proyectos inmobiliarios.
Esta diferencia de tiempos y atribuciones constituye uno de los puntos centrales del conflicto.
La controversia llega al Tribunal Constitucional
El decreto fue objeto de un requerimiento presentado por 46 diputados ante el Tribunal Constitucional, con respaldo político de autoridades municipales y regionales.
El tribunal admitió la presentación a tramitación el 11 de noviembre.
La admisibilidad no implica que el decreto haya sido declarado inconstitucional. Significa que corresponde examinar los argumentos y determinar si las disposiciones cuestionadas se ajustan al ordenamiento jurídico.
La Contraloría General de la República había tomado razón del decreto, después de formular observaciones que llevaron al Ministerio de Vivienda a modificar su texto original.
Entre los cambios introducidos durante esa revisión se encuentran ajustes al cálculo de densidad, restricciones al ámbito de aplicación de determinados beneficios y modificaciones a exigencias vinculadas con los proyectos.
La Contraloría también dejó establecido que su toma de razón no constituye una evaluación de la conveniencia de las decisiones adoptadas por la autoridad.
La distinción es importante.
Una norma puede cumplir los requisitos formales de legalidad y, al mismo tiempo, generar controversias legítimas sobre sus consecuencias económicas, sociales o territoriales.
La discusión jurídica y la discusión sobre política urbana están relacionadas, pero no son equivalentes.
El argumento del déficit habitacional
El Gobierno dispone de un argumento que no puede ignorarse: Chile enfrenta un déficit habitacional persistente y dificultades para construir viviendas en sectores bien localizados.
Las restricciones de suelo, los costos de construcción y la lentitud de determinados procedimientos pueden dificultar el desarrollo de proyectos y contribuir a encarecer el acceso habitacional.
Aumentar la densidad en zonas próximas al transporte público puede ofrecer ventajas.
Permite aprovechar infraestructura existente, reducir desplazamientos y evitar que la expansión urbana continúe extendiéndose hacia territorios periféricos donde las familias deben recorrer grandes distancias para trabajar o estudiar.
Una política que impidiera sistemáticamente construir nuevas viviendas en comunas consolidadas también podría producir consecuencias sociales negativas.
La pregunta, por tanto, no es si las ciudades deben densificarse.
La cuestión es cómo hacerlo.
La densificación puede contribuir a crear barrios más integrados y eficientes cuando se acompaña de transporte, servicios, espacios públicos y una adecuada combinación de viviendas y actividades.
Pero puede deteriorar las condiciones de vida cuando el crecimiento residencial supera la capacidad de la infraestructura disponible.
El número de departamentos construidos no constituye, por sí solo, una medida suficiente del éxito de una política habitacional.
También importan su superficie, calidad, precio, ubicación y relación con el entorno urbano.
¿Quién obtiene los beneficios y quién asume los costos?
La controversia abre una pregunta económica que ha recibido menos atención que la discusión sobre alturas y densidades.
Cuando una modificación normativa permite construir más superficie en un terreno, puede aumentar su valor comercial.
Parte de ese beneficio puede ser capturado por propietarios e inmobiliarias.
Pero una mayor población residencial también puede generar nuevas necesidades de inversión pública: ampliación de escuelas, consultorios, redes de transporte, áreas verdes, sistemas de recolección de residuos y otras instalaciones.
No todos esos costos recaen directamente sobre quienes desarrollan los proyectos.
Una política urbana equilibrada debería considerar tanto los beneficios privados de la densificación como sus efectos sobre la infraestructura y los presupuestos municipales.
También debería establecer mecanismos para que parte del valor adicional generado por decisiones públicas contribuya a financiar las mejoras necesarias.
El decreto abre oportunidades para desarrollar más viviendas, pero sus efectos distributivos dependerán de las características de los proyectos, de la respuesta del mercado inmobiliario y de la capacidad de las instituciones para exigir las mitigaciones correspondientes.
Sin una evaluación de esos factores, el aumento de la oferta puede beneficiar de manera desigual a propietarios, inversionistas y hogares que necesitan una vivienda.
Una discusión sobre el futuro de las ciudades
El conflicto por el Decreto Supremo N.º 68 trasciende la disputa entre el Gobierno y los alcaldes.
En el fondo, plantea qué modelo de crecimiento urbano necesita Chile.
Durante décadas, Santiago ha experimentado simultáneamente expansión periférica, concentración inmobiliaria en determinados sectores y profundas diferencias territoriales en el acceso a servicios.
La construcción de nuevas viviendas es indispensable, pero también lo es evitar que la solución al déficit habitacional reproduzca desigualdades urbanas.
La planificación no debería convertirse en un obstáculo injustificado para construir. Tampoco puede reducirse a un trámite que deba flexibilizarse cada vez que limita la rentabilidad de un proyecto.
Su función consiste en coordinar el desarrollo privado con las necesidades colectivas de la ciudad.
La controversia actual ofrece una oportunidad para discutir criterios de densificación, mecanismos de participación ciudadana, financiamiento de infraestructura y distribución de los beneficios del desarrollo inmobiliario.
El Tribunal Constitucional deberá resolver los aspectos jurídicos sometidos a su conocimiento. Los municipios, por su parte, comenzarán a evaluar cómo adaptar sus planes reguladores a las nuevas condiciones.
Pero la pregunta de fondo seguirá abierta.
Chile necesita construir más viviendas. Lo que todavía debe demostrar el Gobierno es que las nuevas facilidades para construir más departamentos permitirán también construir mejores barrios.
