La implementación de la ley corta que obliga a las isapres a devolver los cobros en exceso a sus afiliados ha generado una creciente molestia entre usuarios, exautoridades y parlamentarios. A pesar de que la normativa busca corregir prácticas abusivas, los métodos de devolución han sido cuestionados por considerarse insuficientes y dilatados en el tiempo.
