El caso Gatica interpela, además, al progresismo chileno. Obliga a una autocrítica que no puede postergarse. No basta con lamentar el fallo o expresar solidaridad. Es necesario revisar y corregir una legislación que hoy opera como escudo para abusos. Derogar o reformar de manera sustantiva la legítima defensa privilegiada no es un gesto simbólico: es una exigencia democrática.