Mientras los municipios proponían focalizar la exención para proteger los recursos destinados a salud y seguridad comunal, el ministro de Hacienda rechazó cualquier criterio socioeconómico. La decisión revela uno de los principios centrales de la megarreforma: reducir los impuestos al patrimonio aun cuando ello beneficie también a los propietarios de mayor riqueza.