Según cifras oficiales, de los potenciales beneficiarios del proyecto, 370 personas están condenadas por crímenes de lesa humanidad.
La designación de dos antiguos abogados del dictador Augusto Pinochet como futuros ministros de Justicia y Defensa del gobierno de José Antonio Kast no solo encendió alertas en organizaciones de derechos humanos, sino que consolidó una señal política de alto impacto: el nuevo ciclo gubernamental no busca cerrar las heridas del pasado, sino reordenar el poder desde una
La Corte Suprema dictó una sentencia definitiva que marca un nuevo hito en las causas por crímenes de la dictadura, al confirmar condenas contra exintegrantes del Comando Conjunto por la desaparición forzada de José Edilio Flores Garrido, estudiante universitario y dirigente del Partido Comunista, detenido el 11 de agosto de 1976 en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en Santiago.
Sin absoluta duda nada de lo que ha sucedido desde 1990 hasta la elección y triunfo de la extrema derecha en Chile, hubiera sido posible si los gobiernos de la concertación hubieran tomado la justa alternativa de avanzar en el proceso de transición hacia en real sistema democrático.
La Corte Suprema de Chile dio esta semana un giro histórico en las causas por crímenes de la dictadura cívico-militar, al dejar sin efecto la aplicación de la llamada “media prescripción”, un mecanismo jurídico que durante años permitió rebajar sustancialmente las penas a condenados por violaciones graves a los derechos humanos cometidas durante el régimen de Augusto Pinochet.
La ministra en visita extraordinaria Paola Plaza, de la Corte de Apelaciones de Santiago, dictó sentencia de primera instancia y condenó a ex brigadier del Ejército, Miguel Krassnoff Martchenko, por la detención y desaparición del estudiante de la Universidad de Chile, Dignaldo Herminio Araneda Pizzini, hechos ocurridos en Santiago a partir del 10 de agosto de 1974.
hile. Análisis del primer año de dictadura militar (1973–1974), de Vicent M. Garcés Ramón, no es un libro escrito a posteriori, desde la comodidad del archivo ni desde la distancia fría de la academia. Es un texto nacido en la urgencia política, la semiclandestinidad y el exilio, cuando todavía no se cerraban las heridas del golpe de Estado y la dictadura recién comenzaba
La ministra de Fuero Paola Plaza González, dictó acusación en contra el ex militar Pedro Barrientos Núñez, en calidad de autor de los delitos de secuestro calificado y homicidio calificado cometido en contra del cantautor nacional Víctor Jara Martínez y Littré Quiroga Carvajal, ex director Nacional de Prisiones, hechos ocurridos entre el 12 y 15 de septiembre de 1973, en
La derecha chilena ha dado un paso que, hasta hace poco, parecía políticamente imposible: instalar en la agenda pública la idea de liberar a reos de alta peligrosidad —incluidos violadores de menores, homicidas y condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura— bajo la figura de “conmutación humanitaria de penas”.
A más de 50 años del Golpe Militar de Pinochet quizás haya llegado el momento que, más allá de las “verdades históricas”, el país se empeñe en mirar más desapasionadamente el pasado e intentar construir historia respecto de todo lo acontecido. Llegados a este momento, cientistas sociales, universidades y centros intelectuales ojalá se empeñen ahora en descubrir la causas
