Grupo de Lima propicia golpe o intervención en Venezuela

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El contundente informe reciente de la ONU sobre las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos existentes en Venezuela, sumado al gigantesco éxodo que sufre su población y al clima prebélico producto de la extrema polarización que agobia al país; hacen cada vez más necesario el apoyo de la comunidad internacional al logro de una solución pacífica y democrática del agudo conflicto que sufre su sociedad. Sin embargo, las principales naciones latinoamericanas -agrupadas en el Grupo de Lima- no están contribuyendo para nada a ello con su apoyo a Juan Guaidó como “presidente encargado” de Venezuela, y la consiguiente descalificación de Nicolás Maduro como “usurpador”. Todo lo contrario, con dicho apoyo están propiciando francamente un golpe de Estado.

Es evidente que el “reconocimiento” y el apoyo a Guaidó constituyen un respaldo a los sectores más radicales de la oposición que buscan el cambio violento de gobierno o una intervención militar de Estados Unidos lo que, además (dado el clima extremadamente polarizado), puede conducir muy probablemente a una guerra civil. Y, dialécticamente, aquello fortalece también -dentro de su espacio político- a los grupos gubernamentales más inflexibles en contra de un acuerdo político con la oposición.

Desgraciadamente, el potenciamiento mutuo de los sectores más radicales en cada bando ha sido la tónica de las relaciones políticas venezolanas desde la elección de Chávez como presidente en 1999. A la impronta autoritaria que tenía un presidente militar que, además, había encabezado un golpe de Estado frustrado en 1992, se le sumaron desde el principio iniciativas opositoras destinadas a derrocarlo. Así, ya en 2000 se lo trató de deponer, declarándolo “demente”. Luego, los inequívocos afanes golpistas fructificaron con el fugaz derrocamiento de Chávez en 2002 (que, recordemos, contó con el apoyo de los gobiernos de Bush, Aznar y Lagos). Posteriormente, en 2005, la oposición efectuó un boicot de las elecciones parlamentarias; y en 2014 efectuó una insurrección para hacer ingobernable al país: la “salida”. Y, este año, ha tratado de generar un golpe, utilizando para ello el envío de ayuda humanitaria a través de Cúcuta y, luego, con el abierto llamado en tal sentido a las Fuerzas Armadas el 30 de Abril.

Todos esos intentos fracasados han contribuido -entre otros factores- al progresivo fortalecimiento de los sectores más radicales dentro de la autodenominada Revolución bolivariana, complementado por el éxodo del chavismo de las personalidades más moderadas que inicialmente lo apoyaron. Además, el antidemocrático y torpe boicot opositor a las elecciones de 2005 posibilitó que la unánimemente gobiernista Asamblea Nacional consiguiente designara un Poder Judicial y otras instituciones claves del sistema democrático (como el electoral) en completo beneficio del chavismo. Esto permitió posteriores afectaciones legales de los derechos humanos, y particularmente del derecho a la libre información y expresión; para terminar en 2016 con el desconocimiento de las facultades del Poder Legislativo (efectuadas por una Corte Suprema completamente madurista), que adquirió una clara mayoría opositora producto de las elecciones de ese mismo año.

Si es que quisiese efectivamente incidir en la resolución democrática y pacífica del conflicto venezolano, el Grupo de Lima debiese, en primer lugar, apoyar plena y explícitamente la mediación que está efectuando Noruega con el apoyo del Grupo Internacional de Contacto, conformado por varios países latinoamericanos y europeos, en favor de un acuerdo entre gobierno y oposición que conduzca a aquello. Los países que integran el Grupo de Contacto son Bolivia, Costa Rica, Ecuador y Uruguay, de nuestra región (el gobierno chileno no quiso formar parte de él, pese a que fue invitado a ello); y Alemania, España, Francia, Holanda, Italia, Portugal, Reino Unido y Suecia, del viejo continente. Esto está tan lejos de la realidad actual -por lo menos en Chile- que este Grupo Internacional de Contacto ni siquiera es mencionado por los políticos y los medios de comunicación que articulan la opinión pública nacional, por lo que ¡su misma existencia es virtualmente desconocida!…

Además, el Grupo de Lima debería adoptar todas las medidas a su alcance para ayudar humanitariamente a Venezuela; y promover que dicha ayuda no pueda ser utilizada mezquinamente ni por el gobierno ni por la oposición, condicionando su entrega a que su distribución sea supervisada por Naciones Unidas y/o la Cruz Roja Internacional. Asimismo, con la finalidad de aportar lo más posible -dentro de las facultades soberanas de los países miembros del Grupo de Lima- para un acuerdo político de ambas partes, sería muy importante que toda nueva relación interestatal con Venezuela sea adoptada teniendo en consideración los puntos de vista, tanto del gobierno de Maduro como de la Asamblea Nacional. Es decir, que todo nuevo acuerdo bilateral con Venezuela, sea de nombramientos diplomáticos; visitas oficiales; acuerdos de naturaleza política, económica o cultural; acciones de cooperación internacional; etc., sea efectuado con el visto bueno de ambas partes. Lo esencial es que el Grupo de Lima desarrolle el máximo de su influencia para que los actores internos de Venezuela comprendan que todo intento de “resolver” el conflicto aplastando violentamente a la otra parte, será completamente rechazado por la comunidad internacional.

Sin embargo, y de modo ominoso, la Asamblea Nacional acaba de aprobar la “reintegración” de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), de nefasta utilización en nuestra región para intervenir militarmente en el devenir político de los países. Es obvio que dicho paso está destinado -dado el fracaso de los repetidos intentos de golpe- a legitimar una intervención militar de Estados Unidos. Y el silencio del Grupo de Lima frente a este gravísimo anuncio no puede ser más elocuente, revirtiendo en los hechos sus declaraciones de hace algunos meses en que el Grupo declaraba su rechazo a una intervención extranjera en Venezuela.

Por Felipe Portales

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