Hace muchos años atrás, cuando uno era niño, circulaba en las escuelas y liceos una broma recurrente para hacer mención de las preguntas demasiado obvias que podrían eventualmente salir en un examen, y se hacía referencia en ese contexto a la pregunta respecto a la importancia del agua en la navegación.

La importancia del agua en la agricultura es también una pregunta de ese tipo, y se podría extender a la importancia del agua en la vida de todos los seres vivos.

La importancia del agua en todos y cada uno de esos procesos es demasiado obvia, y casi da vergüenza empezar a reflexionar sobre ella. Sin embargo, curiosa y desgraciadamente, hay en la sociedad chilena personas que conciben el agua como un elemento complementario o adjetivo en los procesos agrícolas, que puede comprarse o no en el mercado, según lo desee el agricultor. Si sacamos del análisis las tierras de secano, a las cuales les basta con el agua de lluvia para llevar adelante los cultivos, para el resto de los agricultores la carencia de agua equivale a dejar de ser agricultor. Es decir, equivale a la muerte, a la pobreza o a la carencia de opciones productivas.

El agua es un bien generado y renovado permanentemente por la propia naturaleza. Si asumiéramos la postura filosófica de atribuirle un sentido a todo lo existente, no podríamos dejar de pensar que esas aguas no tienen otro objetivo que permitir la vida animal y vegetal que tiene lugar aguas abajo. Además, como se crea y se recrea permanentemente – repetimos, por obra y gracia de la propia naturaleza – no se trata de un bien cuya producción tenga un costo, ni que requiera inversiones previas para poder generarse.

Todas estas reflexiones vienen a cuento por cuanto en Chile el agua es un bien que es regalado por el Estad a unos pocos, en forma gratuita y a perpetuidad -bajo la forma de derechos de uso de agua – para efectos de que el beneficiario con este generoso obsequio haga con ello lo que se le ocurra. Puede vender todo o parte de ese derecho de uso de aguas, o puede dejarla correr sin que nadie tenga derecho a utilizarla. Ese derecho al uso del agua se convierte en un activo que puede ser transado y vendido en el mercado como cualquier otro activo financiero. El agua misma no se vende, pero se vende el derecho a usar el agua presente en un determinado caudal, lo cual, en la práctica, es la misma cosa. El agua termina, por esa vía, siendo un bien que es apropiado a título privado, que algunos pueden usar y otros no. Se trata de una situación aberrante, injusta y ajena a lo que es el uso del agua en la mayoría de los países civilizados del mundo contemporáneo.

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Eso no puede continuar. La concepción antagónica a esta insólita situación es el concebir al gua como un bien nacional de uso público, de modo que el Estado asegure, por medio de la institucionalidad que corresponda, el uso racional y justo, y sin propósito de lucro,  de ese indispensable bien en la producción agrícola. Pero con la constitución actual eso no se puede hacer. Hay que reformar la constitución para asegurar que el agua funcione realmente como un bien nacional de uso público. Con la actual constitución un tercio de los parlamentarios en ejercicio – varios de ellos propietarios de derechos de uso de agua – tiene capacidad constitucional como para bloquear cualquier intento de imponer justicia en ese campo. Esta es una razón más – una razón tan poderosa como el agua – para postular que el cambio constitucional es necesario y que hay que apoyarlo con todo en el referéndum de abril.

 

Por Sergio Arancibia

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