Un proceso constitucional y tres poderes constituyentes en conflicto

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“Las revoluciones no se hacen con leyes”

Carlos Marx.

El día 26 de abril del presente año, la ciudadanía chilena debió haber asistido al “plebiscito de entrada” para decidir si aprobaba o rechazaba la propuesta de modificar la Constitución Política de 1980 como también, en el mismo acto, decidir si lo haría a través de una Convención Constitucional mixta o una Asamblea Constituyente. Sin embargo, la llegada de un “invitado de piedra”, el COVID-19, a comienzos de marzo, postergó dicho plebiscito para el próximo mes de octubre del presente año. Es decir, al año justo de haberse iniciado la mayor y más importante rebelión popular y ciudadana del presente siglo. Rebelión, por cierto, también está suspendida por la indeseable visita.

La insurrección social y política de O-19 había abierto una coyuntura constitucional, la cual fue instalada por el poder constituido, en un acuerdo fraguado entre el gobierno de S. Piñera y la clase política (partidos políticos) parlamentaria con el objeto de frenar y controlar la rebelión popular. Pues, tanto el gobierno, el sistema político y la sociedad neoliberal se encontraban desbordados por la acción revolucionaria de los “condenados por el neoliberalismo”.

Cabe señalar que esta rebelión, la mayor que había experimentado hasta entonces cualquiera sociedad neoliberal regional o mundial, no era solo contra el gobierno de Piñera, ni contra la clase política corrupta y sus partidos, ni en protesta del abuso de los poderosos, o contra la desigualdad, sino que era, esencialmente, una rebelión anticapitalista, impulsada y protagonizada por los sectores sociales postergados y olvidados por el neoliberalismo. Su activa y violenta presencia en las calles y ciudades, como ha sido habitual aterró a los poderosos del país. Invocaron, primero a los militares, y cuando estos fueron derrotados y obligados a regresar a sus cuarteles, por la desobediencia ciudadanía popular, la elite dirigente decidió impulsar una salida política: invocar al poder constituyente ciudadano.

Efectivamente, el 15 de noviembre, cuando se acordó, iniciar una “cambio constitucional” sacrificando con dolor y angustia para los sectores dominantes, de la constitución política de 1980, el conflicto político fue reducido a la cuestión constitucional. Y, en cierta forma, el poder constituido comenzó a manejar los hilos conductores de dicho proceso. Con ello la política institucional tomaba aliento y lograba zafar de la rebelión social y política. Y, esta perdió el carácter revolucionario y, sobre todo, anticapitalista. Y, los sectores más conservadores y reformista, vieron en la salida constituyente, una vía política de evitar la revolución. No solo la revolución social anticapitalista es temida por los poderosos sino también por las capas medias.

En consecuencia, la cuestión constitucional se puso a la orden del día. Al poco tiempo, emergieron, en la formación social chilena, tres poderes constituyentes. Los cuales iniciaron la disputa por el control del cambio y del proceso constitucional. Estos tres poderes constituyentes son los siguientes:

1980. A) El poder constituyente neo-liberal, autoritario y en muchos aspectos antidemocrático, que representaban los sectores ligados al gobierno de Sebastián Piñera, las clases dominantes y empresariales, a los partidos de la derecha política (Evoli, Renovación Nacional y la UDI), y personajes oscuros como José Antonio Kast, entre otros. Todos por el RECHAZO y por la Convención Constitucional mixta. Un rechazo total a la idea de convocar a una Asamblea Constituyente. Ellos desean mantener la Constitución Política de 1980. La llegada del COVID 19, fue para ellos una “bendición celestial” pues vino a frenar la rebelión, aunque puedan esta puede perjudicar sus negocios, es preferible, sufrir alguna merma de sus ganancias, compensadas por el Estado neoliberal, que perder sus privilegios en manos de los “rotos”, violentistas, que protagonizaban la insurrección. La pandemia si bien los ha afectado es preferible al “virus revolucionario socialista”. Este sector está tratando de recuperar terreno político. Preparándose, obviamente, para ganar en octubre próximo o cuando sea el plebiscito de entrada.
1981. B) El poder constituyente liberal democrático conformado por los los partidos políticos de la vieja Concertación, de la Nueva Mayoría como también parte importante de la izquierda tradicional no parlamentaria, el Frente Amplio, de múltiples organizaciones clase medieras, de organizaciones feministas, de connotados y connotadas intelectuales y académicos universitarios y centros de pensamiento desde los liberales a los socialdemócratas, e incluso ligados al socialismo o al comunismo, etcétera. Todos ellos defienden y avalan una concepción liberal del poder Constituyente, al cual lo consideran como la expresión mayor ya sea del Pueblo como de la Nación y demandan la conformación de una Asamblea Constituyente, democrática, plurinacional y paritaria. Por cierto, estaban por el APRUEBO, sin considerar todas las limitaciones políticas que tiene redactar una nueva constitución política sin haber destituido al poder constituido. Tampoco están por modificar radicalmente el régimen capitalista.
1982. C) El poder constituyente popular y revolucionario, este poder estaba en proceso de conformación y emergencia en los distintos territorios, barrios y comunas de las ciudades del país. Conformado por los sectores populares, trabajadores, estudiantes, mujeres, pobres, la plebe, como los nombro en algún momento, Álvaro García Linera. El poder constituyente revolucionario lo detentaban los integrantes de la 1° Línea y de los diversos colectivos de jóvenes populares y estudiantes secundarios, como por ejemplo la ACES. Ellos apostan por desarrollar un proceso constituyente desde la ciudadanía popular en forma directa. Y, disputar radicalmente la conducción proceso constituyente institucional.

Este poder político y social, había sido y era ejercido por los actores centrales de la rebelión y estaban practicando y haciendo la «política» desde octubre de 2019; eran los que se había apropiado de los espacios públicos, los que habían conquistado esos espacios y rebautizado con nombres que hablan de su proyecto social anticapitalista, anticolonial, liberador y emancipador.

Este proyecto se había estado construyendo en los márgenes de la sociedad neoliberal durante los últimos años. La política popular, al contrario de la «política estéril», propia de los sectores neoliberales como también liberales, de la política institucional, es fecunda, pues, construye futuro, no busca administrar la política neoliberal, como lo hacen y lo plantean sus adversarios. Los neoliberales y liberales, que si bien, expresan un poder constituyente, este es un poder conservador a lo más reformista. Ellos, entre sí, pueden ser aliados políticos como lo son. Pues su adversario principal es el poder constituyente popular y revolucionario.

Hasta el 16 de marzo, cuando la invasión del COVID-19, detuvo el proceso político, estos tres poderes estaban en conflicto. Todo se ha suspendido para octubre de 2020, sí, salimos vivos tanto de las decisiones del gobierno corrupto de Piñera como de las consecuencias del COVID-19.

Esta conjunción hace que el presente como el futuro inmediato de la sociedad chilena popular sea muy peligroso e incierto para su vida. Por eso, cuando se salga de la pandemia, tal vez, volvamos retomar lo que se estaba discutiendo en marzo 2020. Lo más probable que la lucha social y política entre los tres poderes constituyentes, que hemos señalado, se vuelva más álgida y profunda.

La lección histórica y política que nos está dejando la pandemia es que debemos buscar la superación de la sociedad neoliberal. Por lo tanto, debemos poner en marcha un proceso revolucionario holístico, el cual pueda destituir y destruir la estructura de poder actual y construir una nueva sociedad en donde la redacción de la nueva constitución sea el resultado final de ese proceso.

Esa la tarea del poder constituyente revolucionario popular. Pues, del neoliberal o del liberal, solo podemos esperar la continuidad del capitalismo con nuevas normas y reglas institucionales, con una nueva estructura jurídica-política, una nueva forma de Estado capitalista. En este solo se van regular de manera distinta, las formas de explotación y devastación de la vida y de la naturaleza que realiza el capital.

Juan Carlos Gómez Leyton

Dr. en Ciencias Sociales y Política

Santiago Centro, 25 de abril 2020

JCGL/jcgl,

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