Una verdad más, una injusticia menos

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La Corte Suprema, en fallo rol No. 20.163, acaba de declarar, en el día de ayer, la nulidad de la sentencia del Consejo de Guerra, del Juzgado Militar de Valdivia, realizado en dicha ciudad en 1974, en contra de un grupo de dirigentes socialistas encabezados por el Intendente de ese entonces el Dr. Sandor Arancibia.

En esa oportunidad siete dirigentes socialistas fueron condenados a presidio perpetuo, y otros más a períodos menores, aun cuando el Consejo de Guerra del caso llegó incluso a pedir la pena de muerte para algunos de ellos, que luego fueron conmutadas,  como fue el caso del dirigente socialista UIdaricio Figueroa, fallecido apenas  48 horas antes de conocerse el fallo de la Corte Suprema  el cual –ironías de la vida- significa para sus deudos y amigos una tardía justicia por la cual él tanto luchó!

En la misma Región de los Ríos tuvo lugar, poco antes, otro Consejo de Guerra, donde se condenó a muerte – y se concretó rápidamente esa sentencia – contra trabajadores del poblado cordillerano de Neltume, cuyo delito fue participar en una “insurrección” – en realidad una protesta de la población local, armada con piedras y palos – en contra de un retén policial. Dicho Consejo de Guerra contó con la participación y la firma del tristemente célebre general Arellano Stark. También la zona se vio ensangrentada con la deleznable matanza de Chihuio, en que muchos campesinos fueron sencillamente masacrados sin ni siquiera la mascarada de un juicio militar.

La nulidad actual de la sentencia del Consejo de Guerra de Valdivia no solo permite limpiar la honra de los afectados, sino que pone de relieve, también, las formas jurídicas aberrantes con que la dictadura de Pinochet pretendió, desde sus inicios, justificar su alzamiento contra el gobierno legítimo del Presidente Salvador Allende y contra la inmensa mayoría del país.

Ese juicio – cuya sentencia hoy en día se da por anulada – se inició en base a la acusación de que el Intendente no accedió a entregar la Intendencia cuando fue conminado a ello por las fuerzas militares, a tempranas horas de la mañana del 11 de septiembre. Se asumió que, en estado de guerra, todos los ciudadanos que no cooperaran activamente en pro de los golpistas se hacían merecedores de la acusación de “traición a la patria”. Hay que recordar que, a las 9 de la mañana, cuando se intentó la toma de la Intendencia, el Presidente Allende y sus ministros estaban vivos y en funciones en Santiago y ningún funcionario con un mínimo de dignidad podía prestarse para un acto administrativo de entrega de una dependencia gubernamental. Solo se podía, como fue lo obrado, a ceder pacíficamente ante el imperio de la fuerza, y ser objeto de la detención personal, lo cual traía consigo la consiguiente toma de hecho del simbólico edificio del poder regional.

Pero posteriormente, ante la debilidad de dicha acusación, se procedió a anexarle la autoría intelectual de un imaginario Plan Zeta, en que cada uno de los dirigentes acusados y condenados cumplía un rol especifico y que contemplaba el desembarco de tropas cubanas en el puerto de Corral y la toma de niños – hijos de la oficialidad militar – en calidad de rehenes en la ciudad de Valdivia. Esa acusación no contó nunca con ningún elemento de prueba, como no ser los artículos de un periodista mercenario, defensor de la dictadura, que prestó su pluma para mentir, jugar con la vida de los prisioneros y crear el clima sicológico y mediático que se necesitaba para esa patraña jurídica.

Esa acusación no formó nunca parte del libelo acusatorio e, increíblemente, solo fue conocida por los detenidos al momento de conocer la sentencia del Consejo de Guerra la cual, por ser inapelable, impidió así cualquier atisbo de derecho a defensa. En el intertanto, los detenidos fueron objeto de torturas y todo tipo de apremios, lo cual es, desde 2012, objeto de otro recurso judicial, actualmente en su etapa final en el Juzgado de Temuco.

El Dr. Arancibia. A la derecha, el abogado Roberto Avila

Así, hoy en día, se hace justicia y se restablece la verdad. Nada puede restituir a los afectados los años de vida perdidos en la cárcel, y posteriormente, los largos años de exilio. Pero ellos podrán exhibir ante el mundo y ante sus hijos la dignidad de los que nunca aceptaron, ni por temor ni por olvido, las atrocidades cometidas contra ellos y contra el país que les vio nacer.

Este fallo reciente se suma a la anulación de otras sentencias de Consejos de Guerra de la misma naturaleza que tuvieron lugar en dictadura, cada una de las cuales ha exigido largos trámites jurídicos, la constancia a veces dolorosa de los afectados y la tenacidad legal de un abogado leal e incansable, como ha sido en este caso, el abogado Roberto Ávila Toledo.

La historia de Chile todavía tiene capítulos por ser escritos, pedazos de la memoria histórica que deben ser rescatados y muchas verdades que debe ser entregadas a las nuevas generaciones.

Dr. Sandor Arancibia

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